Newsletter

Hasta 31 de diciembre de 2024 la compra de un vehículo eléctrico da derecho a la aplicación de una deducción en IRPF, la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos «enchufables».

No cualquier compra de vehículo eléctrico da derecho a practicar la deducción, ya que la misma está sujeta a determinados requisitos. Existen, actualmente, dos modalidades de deducción:

• Cuando se adquiera el vehículo entre el 30 de junio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024. En este caso, la deducción se practica en el periodo impositivo en el que el vehículo sea matriculado.

• Cuando entre el 30 de junio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024 se abonen al vendedor cantidades a cuenta para la futura adquisición del vehículo. Esta cantidad a cuenta debe representar, al menos, el 25% del precio de adquisición del vehículo y, en este caso, la deducción se practicará en el periodo impositivo en que se abone la misma. El pago de la cantidad restante y la adquisición del vehículo se debe realizar antes de que finalice el segundo periodo impositivo posterior a aquel en que se produjo el pago.

Recientemente, la Dirección General Tributos (DGT) ha dado respuesta a una consulta vinculante -V1655-24- en la que se cuestionaba quién podía aplicarse la deducción en caso de adquisición de un vehículo eléctrico por un matrimonio casado en régimen de gananciales, cuando figura como titular del vehículo solo uno de ellos, habiéndose matriculado el vehículo a su nombre. El consultante planteaba la posibilidad de aplicar la deducción al cincuenta por ciento a cada uno de los cónyuges, una vez prorrateadas las cantidades abonadas también al cincuenta por ciento.

Pues bien, la DGT concluye que, en los supuestos de matrimonio casado en régimen de gananciales, la deducción se practica exclusivamente por el cónyuge a cuyo nombre se hubiera matriculado el vehículo.

La base de la deducción será el valor de adquisición del vehículo, incluidos los gastos y tributos inherentes a la adquisición, y no formarán parte de la misma las cuantías subvencionadas o que vayan a serlo a través de un programa de ayudas públicas. En todo caso, la base de deducción no podrá exceder de 20.000 €.

El importe de la deducción será el 15% del valor de adquisición del vehículo eléctrico.

El Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, publicado en el BOE el 22 de mayo de 2025, introdujo diversas modificaciones. Entre ellas, la modificación del art. 299 del Texto Refundido de la Ley de la General de la Seguridad Social, referido a las obligaciones de los trabajadores, solicitantes y beneficiarios de la prestación por desempleo.

Entre las obligaciones de los solicitantes y beneficiarios de la prestación por desempleo se incluye la obligación de “presentar anualmente la declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”

Además, el incumplimiento de esta obligación de presentar la declaración es causa de suspensión del derecho a la percepción de la prestación por desempleo. A estos efectos, la suspensión tendrá lugar cuando la entidad gestora detecte que las personas beneficiarias de prestaciones hubieran incumplido durante un ejercicio fiscal la obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en las condiciones y plazos previstos en la normativa tributaria aplicable.

Esta nueva obligación de presentar la declaración de IRPF que afecta a los solicitantes y perceptores de la prestación por desempleo entra en vigor el 1 de noviembre de 2024, por lo que afecta a la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2024, a presentar hasta finales de junio de 2025.

La Ley del IRPF considera exentos los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero hasta un límite máximo de 60.100 euros anuales, siempre que se cumplan determinados requisitos exigidos.

En relación con la retribución que queda exenta, hay que distinguir entre dos tipos de retribuciones:

1.- Retribución específica correspondiente a los servicios que se prestan en el extranjero. En caso de existir este tipo de retribución, estará exenta en su totalidad, siempre que no se supere el límite establecido legalmente.

2.- Retribución no específica, para la que se establece un criterio de reparto proporcional teniendo en cuenta el número total de días del año.

Pues bien, con respecto a este segundo tipo de retribución, se ha producido cierta controversia a la hora de determinar el criterio de reparto proporcional. De ahí, que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) se haya pronunciado recientemente, en resolución de 19 de julio de 2024, dictada en unificación de criterio, aclarando cómo debe hacerse dicho cálculo.

El problema se plantea, principalmente, en los supuestos en los que existen dos pagadores o cuando el trabajador solo ha estado trabajando durante parte del año.

A este respecto, el criterio de la Dirección General de Tributos y de algunos TEARs, como el de Cataluña, era el de considerar que el cálculo proporcional debe realizarse considerando la totalidad de días del año (365 o 366 si es bisiesto) y sobre el total de retribuciones percibidas. Y ello, con independencia de que las retribuciones provengan de distintos pagadores, de que el obligado no obtenga retribuciones durante todo el período impositivo, o de que parte de los trabajos realizados no se encuentren implicados en desplazamientos al extranjero.

Por el contrario, el criterio mantenido por el TEAR de la Comunidad Valenciana considera aplicable la exención a aquellas retribuciones no específicas con arreglo a un criterio de reparto proporcional sobre el total de retribuciones obtenidas respecto del mismo pagador, durante la parte del período impositivo en la que se hayan percibido rendimientos y en relación con aquellos trabajos implicados en desplazamientos al extranjero. Ello implica que no necesariamente se efectúe dicho reparto proporcional sobre el número total de días al año, sino que, dependerá de las concretas circunstancias.

Veamos, a través de un ejemplo, estas dos formas de calcular la parte del salario que se considera que corresponde a los trabajos realizados en el extranjero.

Como puede colegirse del ejemplo anterior, el resultado obtenido, según una u otra interpretación es muy diferente.

Pues bien, el TEAC ha puesto fin a esta controversia y considera que la forma correcta de calcular el salario correspondiente a los días en que el trabajador ha realizado trabajos en el extranjero y, por tanto, la parte del salario que debe exonerarse de gravamen es la utilizada por el TEAR de la Comunidad Valenciana. Considera el Tribunal que, atendiendo a una interpretación teleológica de la norma, lo que se persigue es exonerar de gravamen aquellos rendimientos que retribuyen trabajos realizados en el extranjero y, por tanto, este sería el criterio más adecuado.

En los últimos días, hemos podido escuchar o leer en prensa que el Gobierno ha acordado el reparto de 200 millones de euros del Bono Alquiler Joven, la ayuda que se aprobó en el 2022 para facilitar el acceso al alquiler a jóvenes con pocos recursos.

Aunque esta ayuda no es novedosa, vuelve a ser noticia, por lo que conviene que recordemos algunos aspectos de esta, así como su régimen fiscal. Se trata de una ayuda cuyo importe asciende a 250 euros al mes y se concede por un periodo de 2 de años.

Compatibilidad del Bono Alquiler Joven con otras ayudas

El Bono Alquiler Joven es compatible con otras ayudas al alquiler y con las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Ingreso Mínimo Vital. La suma del "Bono Alquiler Joven" y las mencionadas ayudas tendrán como límite el 100% de la renta arrendaticia.

Importe del alquiler

• Alquiler de vivienda: El alquiler de la vivienda objeto del contrato de arrendamiento deberá ser igual o inferior a 600 euros mensuales. No se incluye el importe que pudiera corresponder a anejos tales como plazas de garaje, trasteros o similares. En tales casos, algunas comunidades autónomas como la de Madrid recomiendan que el importe se encuentre desglosado en el contrato y, en caso de no estarlo, se valorara el precio de la renta de la vivienda como el 80 por ciento del precio total del contrato.

• Alquiler de habitación: En el caso de alquiler de habitación deberá ser igual o inferior a 300 euros mensuales.

Estas cuantías podrán ser de hasta 900 y 450 euros mensuales respectivamente si así se establece en la convocatoria de ayudas correspondiente, a solicitud de la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla de que se trate y previo acuerdo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con objeto de adaptarse a aquellos ámbitos en los que los precios son superiores. Incluso en algunos supuestos de alquiler de vivienda pudieran ser superiores a 900 euros mensuales.

Tributación en IRPF

Hay que tener en cuenta que las cantidades percibidas como bono alquiler joven, al igual que cualquier otra ayuda al alquiler similar, están sometidas al IRPF, en concepto de ganancia patrimonial que se integrará dentro de la Base Imponible General, salvo que resulte de aplicación la exención del artículo 7 y) de la LIRPF por tratarse de un beneficiario en quien concurra la condición de especial vulnerabilidad.

La imputación temporal de la ayuda deberá efectuarse en el periodo impositivo en el que tenga lugar su cobro. 

¿La percepción del Bono Alquiler Joven implica la obligación de presentar declaración?

A estos efectos, conviene recordar que están obligados a presentar declaración de IRPF los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, del capital (mobiliario o inmobiliario) o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, sometidos o no a retención, hasta un importe máximo conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros, en tributación individual o conjunta.

Por tanto, aunque los beneficiarios de este bono suelen ser jóvenes con un salario anual que, como norma general no supera el límite de 22.000 euros anuales para estar obligados a presentar declaración, la percepción de esta ayuda puede suponer, en la mayoría de los casos, la obligación de presentar declaración.

En el tráfico empresarial, no es infrecuente que cuando un socio necesite financiación, sea la propia sociedad en la que participa la que le presta el dinero, sobre todo si nos movemos en el ámbito de la empresa familiar. Dichas operaciones son válidas, pero conviene realizarlas cumpliendo una serie de requisitos y formalidades para no tener problemas con la Administración Tributaria.

1.- Aprobación en Junta General

La concesión de préstamos por parte de una sociedad de responsabilidad limitada a sus socios o administradores requiere el acuerdo de la Junta General. Por ello, deberá convocarse una Junta General Extraordinaria y el acuerdo debe ser adoptado por mayoría de los asistentes o representados, siempre que representen al menos un tercio del capital social. A estos efectos, debe tenerse en cuenta que en la adopción de este acuerdo, el socio directamente afectado no puede participar, es decir, el socio que recibirá asistencia financiera de su sociedad debe abstenerse de votar, puesto que existe conflicto de intereses (art. 190 LSC). Sus participaciones se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de los votos que sea necesaria.

Es necesario reflejar en el acta de la junta tanto la adopción del acuerdo como las condiciones acordadas (importe del préstamo, plazos de devolución, tipo de interés, etc.). (Art. 162 LSC).

Hay que tener en cuenta que la falta de acuerdo puede conllevar la nulidad del contrato.

2.- Documentación de la operación.

La formalización por escrito del préstamo no es necesaria para su validez, pero es muy recomendable a efectos de prueba. Puede documentarse en documento privado o elevarlo a público ante notario.

En el contrato deben quedar identificadas las partes intervinientes, condiciones del préstamo, plazos y forma de amortización, tipo de interés, fecha de formalización y vencimiento, etc.

3.- ¿Tributa en ITPAJD o en IVA?

La concesión del préstamo por la sociedad al socio no está sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD)- modalidad TPO, al ser la sociedad sujeto pasivo de IVA. Si se documenta en contrato privado, no procede liquidar AJD y, en caso de elevarse a público, tampoco habrá que liquidar por la modalidad AJD, dada la ausencia de una garantía real que permita la inscripción del documento en un registro público. 

En IVA será una operación sujeta pero exenta, por lo que no tendrá coste fiscal.

4.- Operación vinculada

El préstamo concedido por la entidad al socio se considera una operación vinculada a los efectos de lo previsto en el artículo 18 de la LIS si el porcentaje de participación del socio en la sociedad supera el 25%. Esto implica que el préstamo debe devolverse con intereses y estos deben estipularse a valor de mercado, es decir, el que pactarían personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre competencia.

Fijar el valor de mercado en estos casos no siempre es fácil. Un referente puede ser el interés al que esté devolviendo la sociedad un préstamo concedido por una entidad financiera, por ejemplo, o fijarlo, como mínimo, en el interés legal del dinero.

5.- Cuantía y plazo de devolución del préstamo.

Conviene no fijar cuantías demasiado elevadas y que estas sean acordes con la capacidad de devolución del socio. El socio debe devolver el préstamo en los términos pactados, de lo contrario, la Administración Tributaria podría calificar la operación como “simulada” y considerar las cantidades entregadas por la sociedad al socio como retribución por participación en los fondos propios de la entidad, lo que conlleva su tributación en IRPF como rendimientos del capital mobiliario.

6.- Contabilizar adecuadamente la operación.

Es importante la correcta contabilización en la sociedad de las operaciones relativas a la concesión del préstamo. Veamos a través del siguiente ejemplo los asientos a realizar:

Entre las facultades que las normas atribuyen a los órganos de la Administración Tributaria, particularmente a los órganos de inspección, se encuentra la de “entrada y reconocimiento de fincas” que es la facultad de entrar y reconocer fincas, locales de negocio y demás establecimientos donde se desarrollen actividades o explotaciones sujetas a gravamen.

Haciendo uso de esta facultad se producen lo que se conoce en el argot común como inspecciones con entrada en domicilio o “inspecciones sorpresa” en las que los funcionarios de la Inspección de tributos se personan en el domicilio del contribuyente sin previa comunicación notificando el inicio del procedimiento inspector en ese momento.

Ahora bien, para que la Inspección de tributos pueda entrar en el domicilio del contribuyente deben cumplirse una serie de requisitos. A estos efectos, lo primero que conviene conocer es si el lugar en el que se pretende entrar tiene o no la consideración de domicilio constitucionalmente protegido, pues los requisitos y garantías serán diferentes.

• La entrada en domicilio constitucionalmente protegido requiere consentimiento del obligado tributario o, en su defecto, autorización judicial.

• La entrada en domicilio que no tiene la consideración de domicilio constitucionalmente protegido requiere consentimiento del obligado tributario o, en su defecto, acuerdo de entrada del delegado o director del departamento del órgano actuante.

Por tanto, hay que tener en cuenta que, cuando los órganos de inspección pretendan entrar en un domicilio constitucionalmente protegido (tanto de persona física como jurídica), es necesario autorización judicial. Si no se contase con ella, el contribuyente puede negarse a la entrada.  Si, a pesar de tratarse de un domicilio constitucionalmente protegido, no se hubiera solicitado autorización judicial para la entrada, pero el contribuyente prestase su consentimiento, la entrada será válida.

El consentimiento ha de prestarse de forma válida, libre y consciente y desprovisto de coacción o engaño.

¿Puede la Administración sancionar si no se presta el consentimiento?

Negar o impedir la entrada o permanencia en fincas o locales a los funcionarios de la Administración tributaria y o el reconocimiento de dichos locales, instalaciones, etc., puede dar lugar a la imposición de sanción por cometerse la infracción del art. 203 de la LGT- por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria.

¿A qué datos o información puede acceder la Inspección y que actuaciones puede llevar a cabo?

Cuando se trate de entrada en domicilio constitucionalmente protegido, las actuaciones que puede llevar a cabo la Inspección, así como la documentación a la puede tener acceso (examen de libros y registros de contabilidad, información en soporte informático, documentación física como contratos, facturas, obtención de copia, etc.) será la que venga delimitada en el auto judicial que autoriza la entrada.

Necesaria motivación de la medida

Los tribunales vienen exigiendo que, tanto la solicitud de entrada por parte de los órganos de la Administración, como el auto judicial que autoriza la entrada deben estar debidamente motivados y justificados. A estos efectos, se requiere el triple juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida, dado el carácter excepcional de la misma.