Actualidad fiscal
Ya tenéis a vuestra disposición en el apartado Gabinete de Estudios las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales que nos habéis hecho llegar. Con el ánimo de ir alimentando esta base de datos, os agradeceríamos que nos siguierais enviando vuestras resoluciones a través del correo electrónico gabinete.estudios@aedaf.es
La Agencia Tributaria está trabajando en la aprobación de un nuevo modelo de declaración informativa (modelo 232) en el que deberán incluirse las operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados como paraísos fiscales.
Esta información, que tradicionalmente se venía informando en el modelo 200 de declaración del Impuesto sobre Sociedades, se ha trasladado a esta nueva declaración, que amplía los supuestos de operaciones que deben ser informadas, lo que supone, lejos de simplificar las obligaciones de información a las que están sometidas los contribuyentes, un aumento de la complejidad e información a suministrar por los mismos.
Por este motivo, las Secciones del Impuesto sobre Sociedades, Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia y Asesores Internos de la AEDAF han elaborado un documento de observaciones en el que se dan los argumentos por lo que se considera que no se debe proseguir con la tramitación de esta nueva declaración informativa que no hace sino incrementar la carga administrativa de las empresas. Asimismo, el documento recoge propuestas de modificación para su incorporación al texto definitivo antes de su aprobación para el caso en el que se continúe con la tramitación de la Orden Ministerial.
De aprobarse la citada orden, la nueva declaración informativa aplicará a ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016, siendo su plazo de presentación del 1 al 31 de mayo del año siguiente a la finalización del periodo impositivo, aunque con carácter excepcional, la declaración correspondiente a ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016 el plazo de presentación será del 1 al 30 de noviembre.
Con fecha 11 de mayo de 2017 el Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al considerar que el impuesto vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”.
La sentencia reitera la doctrina establecida por el Tribunal en las sentencias 26/2017 y 37/2017, referidas, respectivamente, al establecimiento de este mismo impuesto en los Territorios Históricos de Guipúzcoa y Álava. En dichas resoluciones, el Tribunal llegó a la conclusión de que el establecimiento por el legislador de impuestos que graven el incremento del valor de los terrenos urbanos es constitucionalmente admisible siempre y cuando aquellos respeten el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE); asimismo, señaló que, para salvaguardar dicho principio, el impuesto no puede en ningún caso gravar actos o hechos que “no sean exponentes de una riqueza real o potencial”.
En la RIA de esta semana, manual práctico del IRPF elaborado por la AEDAF y publicado en el diario Expansión en 15 entregas independientes, en el que se recogen los aspectos fundamentales del Impuesto, así como las novedades a aplicar en la declaración de la Renta de 2016.
En la RIA de esta semana nuevos documentos se suman al especial disponible: Memoria de información estadística 2010-2015 y Catálogo de operaciones de riesgo (C.O.R.) así como otros documentos de interés publicados durante los meses de enero y febrero de 2017.
En la RIA de esta semana, documento elaborado por el Gabinete de Estudios, y publicado en el diario Expansión, en el que se recogen mediante una relación de preguntas y respuestas las principales novedades de aplicación en la declaración de la Renta de 2016 y los aspectos prácticos más destacados de la misma.
El día 1 de julio de 2017 entrará en vigor el nuevo Sistema de Suministro Inmediato de Información que será de aplicación para todas aquellos contribuyentes obligados a la presentación de declaraciones con periodicidad mensual. Este nuevo sistema supondrá una nueva forma de relacionarse con la administración. Dada su inminente entrada en vigor y las muchas dudas existentes respecto a su funcionamiento, la Agencia Tributaria ha colgado en su web este documento actualizado en el que se pretende dar respuesta a cuestiones tales como ¿qué información se debe remitir?, ¿cómo deben informarse determinadas operaciones? ó ¿cómo deben subsanarse los errores?
Documento presentado hoy a los medios en el que se recoge un estudio de la situación de la carga fiscal de las empresas, con base en los datos estadísticos tributarios del Informe Anual de Recaudación de la AEAT correspondiente a 2015. Este estudio tiene como objeto acabar con el mito de la reducida tributación generalizada de las grandes empresas españolas, fomentado por declaraciones de nuestras autoridades, que han afirmado recientemente que las grandes empresas están tributando a un tipo real del 7%.
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De izquierda a derecha Beatriz Ladero, vocal de Estudios e Investigación, José Ignacio Alemany, Presidente y Helena Pujalte, Directora del Gabinete de Estudios
Este documento contiene las observaciones presentadas por la AEDAF en el trámite de información pública del Proyecto de Orden por el que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros Registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la AEAT, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de julio de 2017.
En la RIA Nº 08, guía elaborada por Alfredo García Prats y Slavka Dimitrova Slavcheva, a iniciativa de la Sección de Derechos y Garantías y Práctica Tributaria, en la que se analizan, tanto las vías de acceso a la justicia de la Unión Europea en materia tributaria, como los efectos de las sentencias del Tribunal de Justicia que determinen la incompatibilidad de las disposiciones normativas tributarias con el ordenamiento de la Unión Europea.
