V0511-17, de 28 de febrero de 2017. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Base imponible. Rendimientos de actividades profesionales y empresariales. Supuestos. Honorarios profesionales. El consultante es el único socio y administrador de una sociedad de responsabilidad dedicada al asesoramiento tributario en la que desempeña, además de las funciones del cargo de administrador, funciones de dirección y de asesoramiento fiscal a los clientes de la sociedad. Se cumple el requisito relativo a la actividad, por lo que en caso de cumplirse el requisito relativo a su inclusión por dichas actividades en el régimen especial de autónomos o en una mutualidad de previsión social alternativa, las retribuciones satisfechas por los servicios tendrían la naturaleza de rendimientos de actividades económicas. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Hecho imponible. Prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales. Si en función de las condiciones acordadas entre el socio y la sociedad resulta que el profesional no queda sometido a los criterios organizativos de aquélla, percibe una contraprestación económica significativa ligada a los resultados de su actividad y el socio responde frente a terceros, las prestaciones de servicios efectuadas por el socio a la sociedad residente en el territorio de aplicación del Impuesto estarían sujetas al IVA.

V0357-17, de 13 de febrero de 2017. IIMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Base imponible. Rendimientos del trabajo. Prestación en forma de capital recibida de la Mutualidad General de la Abogacía. Requisitos para aplicar la reducción del 40 por 100 por la parte correspondiente a las aportaciones realizadas hasta el 31 dic. 2006. Entre la primera aportación y la fecha de acaecimiento de la contingencia deben haber trascurrido más de dos años. Períodos transitorios. Planes de pensiones. En el supuesto de percibir en forma de capital prestaciones derivadas de planes de pensiones y de una mutualidad de previsión social por la misma contingencia, la aplicación de la reducción del 40 por 100 se referirá a las prestaciones de los planes de pensiones y a la de la mutualidad de previsión social de forma independiente.

V0117-17, de 23 de enero de 2017. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Base imponible. Partidas deducibles. Provisión para riesgos y gastos. La entidad consultante tiene un plan de incentivos que consiste en la acumulación anual de una retribución que no será exigible por el empleado hasta el momento de la terminación de la relación laboral por jubilación, incapacidad física o mental, fallecimiento o resolución contractual. Para poder hacer efectivo el pago futuro de esa retribución, la consultante ha ido dotando una provisión contable en cada ejercicio cuyo gasto es fiscalmente no deducible, practicando el ajuste extracontable positivo a la base del IS. En la medida en que la provisión destinada a cubrir el desembolso que se derive del plan de retribuciones tenga la consideración de retribución a largo plazo del personal de aportación o prestación, las dotaciones a la misma no tendrán la consideración de gasto fiscalmente deducible hasta el período impositivo en el que se aplique la provisión a su finalidad. Dicha aplicación tiene lugar en el ejercicio 2015.

RTEAR de Cataluña, de 21 de abril de 2017. ISD. REDUCCIÓN PARTICIPACIONES. ACTIVIDAD ECONÓMICA. ARRENDAMIENTO INMUEBLES. RELACIÓN LABORAL-MERCANTIL. RENDIMIENTOS EN ESPECIE. La inspección considera que no es procedente aplicar la reducción del 95% sobre el valor de determinadas participaciones por ser la persona con contrato laboral a jornada completa socio minoritario y, a su vez, administrador solidario, no cumpliendo las características de voluntariedad, retribución salarial, ajenidad y dependencia. El Tribunal realiza un análisis de la reciente doctrina administrativa y jurisprudencia para terminar afirmando que , al no haber puesto de manifiesto la Administración actuante el incumplimiento de otros requisitos, se entiende que por la prueba aportada el contrato de “gerencia” se puede considerar “laboral” a efectos de aplicar la reducción.

RTEAR de Cataluña, de 20 de abril de 2017. ITP Y AJD. COMPROBACIÓN DE VALOR. FALTA DE MOTIVACIÓN. El contribuyente alega que el dictamen motivado emitido por el perito no cumple con los requisitos de motivación y personación del perito en el inmueble objeto de comprobación. El Tribunal, al amparo de la reciente jurisprudencia del TS, manifiesta que se necesita una mayor justificación del modo de ponderación, actualización, extrapolación e individualización de los datos obtenidos de los valores genéricos dictados por la Administración, así como al menos una personación del mismo en el inmueble objeto de tasación, por lo que estima la pretensión del contribuyente.

RTEAC de 4 de abril de 2017, rec. 7574/2015. TRIBUTOS. ESTIMACIÓN INDIRECTA DE LA BASE IMPONIBLE. Requisitos para la utilización de información de terceros contenida en las bases de datos de la Administración para la determinación de la base imponible del impuesto. Es necesario que la Administración justifique la elección de este medio y que se disocie la identificación de los sujetos contenidos en la muestra con los datos de sus declaraciones, de manera que se garantice en todo momento el carácter reservado de los datos utilizados.

V0366-17, de 13 de febrero de 2017. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. Donaciones. Donación a hijos de la nuda propiedad de participaciones en entidades, reservándose la donante el usufructo vitalicio. Aplicación de la LISD para los supuestos de desmembramiento de la propiedad, con independencia de que exista o no reserva del poder de disposición en favor de la usufructuaria. Deber de los donatarios de presentar la correspondiente autoliquidación por el ISD, siendo el valor la diferencia entre el valor real de las participaciones y el del usufructo. Aplicación del art. 26 c( LISD respecto a la extinción del usufructo. Reducciones. En el momento del desmembramiento del dominio se le gira al adquirente de la nuda propiedad liquidación por el valor de la misma con aplicación del tipo medio de gravamen correspondiente al valor íntegro del bien, con aplicación de las reducciones por parentesco.

V0502-17, de 27 de febrero de 2017. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Base liquidable. Aportaciones al patrimonio protegido de personas con discapacidad. El gasto de dinero o la disposición de bienes fungibles con cargo al patrimonio protegido para atender las necesidades vitales del discapacitado no implica que deban regularizarse las reducciones practicadas.

V0489-17, de 23 de febrero de 2017. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Exención. Alquiler vacacional de una vivienda. Prestación del servicio de limpieza y cambio de ropa a la finalización de cada uno de los contratos de arrendamiento. Estos servicios no se consideran propios de la industria hotelera, y por lo tanto este arrendamiento está sujeto y exento del impuesto. Base imponible. Inclusión del Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos en las Islas Baleares en la base imponible del Impuesto.

RTEAC de 23 de marzo de 2017, rec. 6035/2014. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. Formas de extinción de la deuda tributaria. Compensación de oficio. La compensación de oficio de deudas a favor de la Hacienda Pública, con créditos reconocidos a favor de deudores, es un acto recaudatorio con identidad propia. Regla de imputación de pagos en ejecución forzosa. Por ser ineludible la compensación de oficio para la AEAT, resulta improcedente acudir al 1174 del CC cuando el 63.3 LGT establece que en caso de ejecución forzosa la Administración debe imputar primero el pago a la deuda mas antigua, independientemente de que la deuda se encuentre o no garantizada, pues en este caso se está realizando un acto de compensación (acto declarativo), que no tiene nada que ver con un acto ejecutivo, lo que sí requeriría que la Administración en primer lugar ejecutase la garantía. el pago a la deuda más antigua, indiferentemente de que la deuda se encuentre o no garantizada, pues en este caso se está realizando un acto de compensación (acto declarativo), que no tiene nada que ver con un acto ejecutivo, lo que sí requeriría que la Administración en primer lugar ejecutase la garantía.