IS. Beneficios fiscales por inversiones en actividades culturales. Inversiones realizadas en elementos del inmovilizado material nuevos y en rehabilitación de edificios. Plazo para presentación de declaración para deducción. La naturaleza formal del incumplimiento del plazo no determina la pérdida del beneficio, pues fue la Administración certificante la que provocó el incumplimiento del plazo.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. Práctica de retención inferior a la debida. El hecho de haber prestado conformidad a la regularización no supone en ningún caso el reconocimiento de la culpabilidad, que debe estar debidamente acreditada. La defensa de la obligación de retener como autónoma no puede justificar que una Administración se limite a la exigencia del cumplimiento del deber del retenedor y siendo la única poseedora de todos los datos, permanezca inactiva ante situaciones de duplicidad que le son o pueden resultar conocidas, dando lugar por vía de los hechos a la legitimación de las mismas y con ello a un manifiesto enriquecimiento injusto. Sanción improcedente.

INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. Procedimiento inspector. El interesado, no manifestó la disconformidad sobrevenida con el contenido del acta firmada inicialmente de conformidad, sino que solicitó la devolución, vía compensación, de un ingreso indebido. La Inspección, ante las manifestaciones vertidas por el contribuyente con anterioridad a la firma de las actas debió, bien ampliar las actuaciones de comprobación, en cuanto al ámbito temporal, bien tramitar el escrito presentado por el interesado como una solicitud de devolución de ingresos indebidos.

INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. Incremento de base imponible del IS. Amortización contable de edificios industriales. Inexistencia. Exceso de amortización de edificios administrativos, en virtud de un criterio de amortización que se había estado aplicando en ejercicios anteriores y que habían sido objeto de comprobación por parte de la Inspección.

INGRESOS INDEBIDOS EN MATERIA TRIBUTARIA. Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. Ordenación del pago de la devolución derivada de la normativa del IVA fuera del plazo establecido al efecto. Procede deducir del cómputo de los intereses de demora aquella parte del retraso que ha sido debida a dilaciones en el procedimiento imputables al propio perjudicado.

IRPF. Prueba de la residencia fiscal. Los indicios apuntados por la Inspección tributaria han quedado desvirtuados con las pruebas aportadas por el sujeto pasivo en orden a probar su residencia en Suiza.

INGRESOS INDEBIDOS EN MATERIA TRIBUTARIA. Procedimiento de devolución de retenciones indebidas. Estando acreditada la presentación ante el fisco francés del total de las sumas integradoras de la renta, tanto las cantidades abonadas a su esposa en Francia por su trabajo en una empresa francesa, como por los haberes que el contribuyente percibió de la empresa española, debe concluirse que el interesado tiene derecho a la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas.

IVA. No existen pruebas suficientes para acreditar la existencia del negocio simulado en el que se basa la Inspección para no admitir ciertos gastos porque considera que la empresa carece de la infraestructura necesaria para acometer esos trabajos.

ISD. Reducciones de la base imponible por adquisición de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades. No resulta aplicable la reducción del 95% establecida en el art. 20 de la LISD, ya que el interesado ejercía gratuitamente el cargo de administrador único de la sociedad anónima por un período de 5 años, siendo además las únicas retribuciones que percibe procedentes de su trabajo como empleado en dicha empresa con la cualificación profesional de ingeniero superior, no cumpliéndose por tanto, los requisitos exigidos legalmente para la aplicación del beneficio fiscal.

Vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Registro efectuado por la Inspección de Hacienda en el domicilio social y oficinas de la sociedad sin mandamiento judicial y sin autorización de los legales representantes. No bastaba con la autorización del delegado especial de la AEAT, ni del Departamento de Inspección, al conocer de las actuaciones de comprobación la ONI. En el domicilio social de la entidad, estaban los ordenadores que poseían información sensible de la empresa, razón por la que están protegidos por el citado derecho.