Carta de emplazamiento a España por la normativa sobre responsabilidad del Estado por infracción del Derecho de la UE.

El pasado 7 de junio fue firmado en París el Convenio Multilateral para adoptar las medidas de prevención de BEPS que afectan a los convenios fiscales.

El Convenio Multilateral que fue publicado el 24 de noviembre de 2016 es el instrumento a través del cual se introducirán los estándares mínimos exigidos por el proyecto BEPS , en más de 3.500 convenios en todo el mundo dirigidos a contrarrestar el abuso de convenios y mejorar los mecanismos de resolución de conflictos, proporcionando asimismo la flexibilidad necesaria para amoldarse a las distintas políticas fiscales en materia de convenios seguidas por los países. 

Nota elaborada por el Gabinete de Estudios en la que se recoge la doctrina de la Dirección General de Tributos sobre los efectos en el IRPF de la devolución del IVMDH.

El Gabinete de Estudios hace un repaso de las distintas posibilidades de finalizar un procedimiento de inspección, esto es, mediante actas con acuerdo, actas en conformidad, y actas en disconformidad, así como las infracciones y sanciones que en el seno de este procedimiento pueden imponerse. Para mayor aclaración, el Gabinete de Estudios ha realizado un simulador de cálculo del coste de la inspección, que incluye los intereses de demora, y que espera les resulte de utilidad.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Esta norma permitió regularizar la situación tributaria de las personas físicas y jurídicas que no habían declarado a la Hacienda Pública todos sus ingresos. La disposición impugnada ha sido declarada inconstitucional y nula por vulnerar el art. 86.1 de la Constitución, que prohíbe el uso del decreto-ley cuando las medidas aprobadas afecten “de forma relevante o sustancial” a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, como es el caso del “deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” (art. 31.1 CE). En virtud del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), la decisión del Tribunal no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada. Ha sido ponente de la resolución el Magistrado Andrés Ollero.