Trabajo elaborado por el Gabinete de estudios sobre la Ley 7/2012, de medidas de lucha contra el fraude, en el que se incluyen cuadros comparativos entre la redacción anterior y la actual de la normativa afectada.

Documento resumen sobre la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, en vigor desde el 31 de octubre de 2012, que recoge las medidas tributarias introducidas por el Real Decreto-Ley 2/2012, ahora derogado desde la entrada en vigor de esta Ley.

Entre las numerosas medidas introducidas por la Ley de Medidas contra el Fraude, destaca por su carácter novedoso el establecimiento de limitaciones a la utilización de medios de pago en efectivo en operaciones en las que interviene al menos un empresario o profesional, en vigor para los pagos que se realicen a partir de hoy, 19 de noviembre, con independencia de que se trate de operaciones concertadas con anterioridad.

El pasado 30 de octubre se publicó en el BOE la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. El texto incluye tres nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo. El Gabinete de Estudios ha elaborado la presente Nota Técnica a fin de precisar en uno de los nuevos supuestos mencionados, concretamente en relación a la inversión del sujeto pasivo en las ejecuciones de obra.

Documento elaborado por el Gabinete de Estudios sobre las principales cuestiones que plantea la aplicación práctica de la Declaración Tributaria Especial. El presente documento es más amplio que el publicado el pasado 10 de noviembre por Expansión. Dentro del mismo se incluye las preguntas clave y el decálogo sobre la Declaración Tributaria Especial.

Nota Técnica sobre la importante Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2012 sobre Sociedades Profesionales. En concreto, el TS condena la doctrina tradicional y reiterada de la DGRN que permitía calificar como sociedades de intermediación, no profesionales, a todas aquellas en que su objeto social se dirigiese a la prestación de servicios profesionales, pero no consistiese en el ejercicio concreto y expreso de una actividad profesional.

Trabajo elaborado por el Gabinete de Estudios sobre las principales medidas tributarias previstas en el Proyecto de Ley de medidas tributarias y administrativas de Castilla y León para 2013.