IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos derivados del ejercicio de opciones de compra sobre acciones. Residencia fiscal en España. Conformidad a derecho de la retención efectuada. No consideración como renta irregular. La entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible determina la inaplicación de la reducción del 40 por 100, al faltar las condiciones precisas para la aplicación de la misma, puesto que las opciones sobre acciones se otorgaron todos los años en el periodo 2002-2005. Inaplicación de la exención relativa a los rendimientos percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero por incumplimiento de requisitos. Se exige dos compañías distintas: la empleadora, residente, y la extranjera a cuyo favor se realiza una prestación de servicio. Pero en el caso, la empleadora, ha sido una sola entidad, puesto que la adquisición de las opciones tiene lugar durante el desempeño en la filial francesa. Imposibilidad de modificar a peor la condición del contribuyente, restándole la deducción, tal y como ha sido practicada en vía económico-administrativa, pero en atención a la improcedencia de la aplicación de la norma, tampoco se accede a la pretensión de integrar la deducción hasta el importe máximo. VOTO PARTICULAR.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Transparencia fiscal. Deducción por doble imposición de dividendos. Ante la falta de previsión normativa expresa al respecto, parece más conforme al designio del legislador de liberar de gravamen a la sociedad transparente por los dividendos percibidos, el entender que si el tipo de tributación es del 56 por 100, por concurrir doble transparencia, también debe ser dicho tipo el aplicable para la deducción en cuota, pues en otro caso los dividendos tributarían en la sociedad perceptora al referido tipo del 56 por 100, mientras que solo obtendría una deducción del 35 por 100 y, ello con un doble gravamen en cuanto al 21 por 100 restante. El principio de liberación de los dividendos del gravamen se impone sobre el de la deducción en función del impuesto satisfecho en origen.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Devoluciones. Fecha pertinente a partir de la cual se devengan intereses de demora por el importe del IVA que debe devolverse. Interpretación del artículo 183 de la Directiva 2006/112 a la luz de los principios de protección de confianza legítima, proporcionalidad y neutralidad fiscal. La Directiva se opone a una normativa nacional que prevé con efecto retroactivo la prolongación del plazo en el que debe realizarse la devolución de un excedente del IVA, en cuanto esa normativa prive al sujeto pasivo del derecho que tenía -antes de la entrada en vigor de esa normativa- a percibir intereses de demora sobre el importe que se había de devolver. También la Directiva es contraria a una normativa interna que establezca que el plazo normal para realizar la devolución -a cuyo vencimiento comienza el devengo de intereses de demora- se prorrogue en caso de iniciación de un procedimiento de inspección fiscal con la consecuencia de que dichos intereses solo se devenguen a partir de la fecha en que finaliza el procedimiento de inspección. Posibilidad de que la devolución del excedente del IVA se realice mediante compensación.

IMPUESTO DE SOCIEDADES. Base imponible. Incremento, por provisión no deducible. No deducibilidad de la provisión por depreciación de acciones de una entidad vinculada, adquiridas a otra sociedad vinculada. Consideración de saneamiento de activo de esa provisión, al no haberse producido depreciación alguna durante el periodo impositivo. Aplicación a las empresas vinculadas del ajuste unilateral. Vista la naturaleza de la operación y su inclusión tributaria en las determinantes de alteraciones patrimoniales no cabe, su reducción a cero por aplicación del valor de mercado, en razón de haberse realizado aquella entre sociedades vinculadas.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Deducciones y devoluciones. IVA deducido. Certificaciones de obra. El importe de la certificación de obra constituye un pago anticipado a la realización de la entrega del bien, que se realiza mediante cheque bancario y se entenderá pagado cuando se presente al cobro y se haga efectivo. Ya que el interesado no acredita el pago del cheque, no se ha devengado el impuesto, requisito determinante del nacimiento del derecho a deducir las cuotas soportadas. Respecto a la tributación de las cantidades retenidas como garantía de la obra realizada, la retención como garantía se descuenta del importe total de la contraprestación de la operación y da como resultado una cantidad a pagar por parte del promotor, es decir, la cantidad efectivamente satisfecha. Como minora el importe de la contraprestación no constituye ningún pago anticipado, por lo que no se le pueden aplicar las normas de devengo establecidas en la Ley para dichos pagos. Al no producirse el devengo, no nace tampoco el derecho a su deducción. Los importes retenidos en concepto de garantía deberán incluirse en la base imponible del impuesto en el momento en el que el bien se ponga a disposición del dueño de la obra. Al realizarse el hecho imponible se deberá emitir una factura que incluirá las retenciones acumuladas, independientemente de que se hagan efectivas con posterioridad. Será ese momento cuando se produzca el devengo del impuesto y cuando nazca el derecho a deducir las cuotas soportadas.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Régimen de declaración consolidada. Deducciones. Dotación para las provisiones de cartera de las filiales. Se estima que la actividad probatoria desplegada por la recurrente ha sido suficiente para acreditar que los procedimientos seguidos para calcular los fondos propios con criterios contables españoles, que es lo que la norma exige, tanto individuales como consolidados, son conformes a Derecho, sin que dicha conclusión resulte desvirtuada por la Administración, que no ha podido aducir reparo específico alguno a los cálculos por la parte aportados, limitándose a una exposición genérica, carente de apoyo alguno, sobre la identidad entre la normativa contable española y la chilena, que ha sido adecuadamente combatida por la parte recurrente, por lo que debe prosperar su pretensión.

REGÍMENES FORALES FISCALES. Impuesto sobre Sociedades. Impugnación general de la NF de Gipuzkoa 7/1996, de 4 de julio, NF de Álava 24/1996, de 5 de julio, y NF de Bizkaia 3/1996 de 26 de junio, por las que se regula el Impuesto sobre Sociedades. No procede la anulación global e íntegra de tales normas. Su legitimidad tiene una base constitucional y estatutaria. Se declara sin objeto el recurso en lo que respecta a los artículos 11.2 a), 14, en cuanto se refiere a "sociedades de promoción de empresas", apartado 11 del artículo 15, artículo 26 (ya anulado), apartado 1 a) del artículo 29, 37, 39, 40, apartado 2 1) del artículo 45 y artículos 49, 53, 54 y 60, por tratarse de preceptos declarados nulos por STS 9 de diciembre de 2004. Se ratifican las razones expuestas en aquella sentencia en cuanto a la improcedencia de la anulación del resto de los preceptos impugnados, respecto a las que se dieron razones suficientes para justificar que no constituían "ayudas de Estado".

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Rendimientos procedentes de actividad económica. Servicios de intermediación inmobiliaria. No resulta procedente aplicar la reducción del 40 por 100 prevista para rendimientos con un período de generación superior a dos años o calificados reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. Ni se encuentran entre los rendimientos enumerados reglamentariamente ni tienen un periodo de generación superior a dos años. Imputación temporal conforme a derecho. Admitir en este momento la deducción en sede del perceptor de unas retenciones no practicadas, cuando la Inspección se ve impedida para exigir las mismas a la pagadora, generaría el enriquecimiento injusto del sujeto pasivo frente a la Hacienda Pública. Ganancias patrimoniales: compraventa de parcela. Se corroboran las tesis de la Inspección de estar, a lo sumo, ante una actividad económica de compraventa de terrenos que, no gozando del cumplimiento de los dos requisitos recogidos por el art, 25.2 del Real Decreto Legislativo 3/2004, impone que las rentas derivadas de dicha operación merezcan la calificación de ganancia patrimonial. No deducibilidad de determinados gastos cuya realidad no se ha acreditado. PROCEDIMIENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO. Inexistencia de acto reclamable. Inadmisión respecto a la cuestión relativa a liquidación errónea, en tanto no se ha practicado bajo el régimen de estimación directa simplificada. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. Sanción procedente. Se confirma la concurrencia de «ocultación» en la actuación del sujeto pasivo.

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. Transmisiones patrimoniales onerosas. Aplicabilidad de la exención prevista en el art. 108 LMV. Como consecuencia de la transmisión de acciones de una mercantil, la entidad en cuestión adquirió el 94,78% de su capital social, asumiendo, por tanto, una posición de control sobre la misma, es decir, la situación de dominio social que exceptúa la exención prevista en el art. 108 de la LMV. Pero, además, resulta que el activo estaba constituido en más de un 50 por 100 por bienes inmuebles situados en territorio español, como demuestra el balance de situación de la entidad elaborado a la fecha de otorgamiento de la escritura pública. Es evidente que se cumplían todos los requisitos exigidos legalmente para que la operación de compraventa quedara gravada por el ITPAJD y no procediera la rectificación de la autoliquidación presentada, como tampoco, por tanto, la devolución del importe ingresado junto a los correspondientes intereses de demora. El hecho de que con el precepto se intente evitar el fraude no significa que siempre que dicho precepto se aplique lo sea partiendo de la premisa de que el mismo concurre, por lo que no es preciso que exista o se acredite tal elemento, siendo suficiente con que, como sucede en este caso, se cumplan los requisitos que la norma taxativamente establece. No procede plantear cuestión de inconstitucionalidad.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Régimen tributario especial del beneficio consolidado. Base imponible. Partidas no deducibles. Procedente deducibilidad de la cuota empresarial de la seguridad social española pero improcedente deducción del pago simultáneo a la seguridad social francesa. No deducibilidad de los gastos en concepto de Investigación y Desarrollo. Procede el incremento de la base imponible por factor de agotamiento, eliminación por operaciones intragrupo, deducciones en la cuota por inversión en I+D y por intereses de demora. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. Nulidad de la sanción impuesta. Principio de culpabilidad. No es el interesado quien ha de probar la falta de culpabilidad, sino que ha de ser la Administración la que demuestre la ausencia de diligencia. Motivación insuficiente. Sanción improcedente.