STSJ de Madrid de 14 de marzo de 2016, rec. 1431/2013. Procedimiento de inspección. Dilaciones no imputables al contribuyente. La documentación reclamada relativa a la contabilidad de la entidad no se reveló como indispensable a los efectos de determinar si concurrían los requisitos de la exención del art. 66.1 c) Ley 38/1992. De hecho, toda la prueba que sustenta el acuerdo de liquidación se fundamenta en datos que no se obtienen de los libros de contabilidad. No se puede aceptar que la dilación referenciada haya de ser imputada a la parte recurrente, toda vez que no existe constancia de que su falta de aportación hubiere impedido la continuación de la labor inspectora.

STS de 9 de mayo de 2016, rec. 933/2015. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Globo Media. SA. Deducción por inversiones en producciones cinematográficas. Inaplicación por la Administración de los beneficios fiscales del art. 38.2 del TRLIS. De los contratos celebrados con las cadenas de televisión se infiere que la sociedad -como productora ejecutiva- no soporta el coste de producción deducido. RECURSO DE CASACIÓN. Cuestión sobre si la respuesta vinculante de la DGT a la consulta planteada por la demandante debe ser respetada por la AEAT, Denegación indebida por el Tribunal a quo del recibimiento a prueba. Imposibilidad de rechazar la incorporación a los autos de la documentación adicional reclamada: -copia íntegra del expediente de la Consulta Vinculante emitida.

STS de 6 de abril de 2016, rec. 3488/2014. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Reglas de localización. El artículo 70.Dos LIVA localiza en el TAI los servicios prestados por el proveedor tanto al destinatario intermedio como al destinatario final, siempre que la utilización o explotación efectiva de los servicios tenga lugar en el TAI. Servicios de telecomunicación vendidos (tarjetas de prepago para móviles) por una empresa española a empresas con sede en Andorra. Cláusula de cierre del art. 70.dos LIVA. Liquidación procedente. La operación de venta de tarjetas controvertida constituye un supuesto de todo punto previsible por el sujeto pasivo, en tanto el pago de las tarjetas constituye un pago anticipado de una futura prestación del servicio de telecomunicaciones telefónica que sólo y exclusivamente podía prestarse en el territorio de aplicación del servicio, en España. Doctrina TJUE sobre la utilización y explotación efectiva del servicio en el interior de un país miembro de la UE, sin establecer distinciones en función de quien sea el que lleve a cabo dicha utilización o explotación.

STJUE, de 26 de mayo de 2016, as. C- 607/2014. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, Exenciones. Servicio de gestión del pago mediante tarjeta. Compra de entradas de cine por teléfono o en Internet. Interpretación del artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva IVA. La exención prevista para las operaciones relativas a los pagos y giros no es aplicable a un servicio como el controvertido de gestión de pagos mediante tarjeta de débito o de crédito realizado por un sujeto pasivo prestador de ese servicio, cuando una persona compra, a través de ese prestador, una entrada de cine que éste vende en nombre y por cuenta de otra entidad. Base imponible: contraprestación recibida a cambio del servicio -comisión facturada al comprador de la entrada-.

STSJ de Castilla y León de 4 de abril de 2016, rec. 144/2015. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Sanciones. La imposición de una sanción requiere la concurrencia de un elemento objeto, que exige la tipificación de las acciones u omisiones que constituyen infracciones tributarias, así como un elemento subjetivo, consistente en la existencia de algún grado de culpabilidad en la comisión de las infracciones administrativas. No existe intencionalidad en la deducibilidad de los gastos vinculados a un vehículo por no ser unánime la posición de los tribunales al respecto. No es sancionable la deducción de los gastos por mantenimiento de vivienda y suministros en proporción superior a la correspondiente cuando el interesado desarrolle en ésta su actividad empresarial o profesional, pudiendo existir una interpretación razonable de la norma aplicable.

STJUE de 12 de mayo de 2016, as. C-520/2014. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Sujeto pasivo. Gestión municipal del transporte escolar mediante la contratación de empresas de transporte. Régimen de ayuda. El transporte escolar se presta a las familias a cambio del pago de una aportación cuya cuantía máxima será igual al precio de coste de dicho transporte, calculado, teniendo en cuenta la capacidad contributiva de los padres, en función de los ingresos totales de éstos, tras deducciones, a efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Interpretación de la Directiva 2006/112/CE- Una corporación territorial que preste servicios de transporte escolar en las condiciones controvertidas no realiza actividades económicas, por lo que no tiene la condición de sujeto pasivo.

STS de 27 de abril de 2016, rec. 1310/2014. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Sacyr-Vallehermoso.  Ejercicio 2002. Reinversión por beneficios extraordinarios. Derecho a la exención fiscal. Obligación de mantenimiento de la reinversión. La venta de las acciones de Vallehermoso, S.A. por Sacyr, S.A a favor de Grupo Sacyr, S.A. no supuso incumplimiento de la obligación de mantenimiento. Aplicación de la doctrina de la reinversión sustitutiva. La transmisión, supuso la conversión de una participación indirecta a través de la sociedad Sacyr SA, en una participación directa en la que las acciones no salieron del grupo fiscal. VOTO PARTICULAR.

STS de 6 de mayo de 2016, rec. 199/2014. RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Del Estado legislador por aplicación del art. 79.5 de la Ley del IVA, a sabiendas de que incumplía la Sexta Directiva comunitaria. Indemnización de los perjuicios económicos derivados de las liquidaciones de IVA giradas por el arrendamiento de una clínica, en las que se fijaba una base imponible distinta y más alta de la que correspondía, por aplicación de las reglas de autoconsumo. No puede un Estado miembro aplicar a operaciones realizadas entre partes vinculadas mediando un precio notoriamente inferior al normal de mercado, una regla de determinación de la base imponible distinta de la general sin haber conseguido previamente autorización para ello. Infracción del derecho comunitario manifiesta y grave, desoyendo las reiteradas alegaciones de la recurrente al respecto. Determinación de los conceptos y cantidades a los que se extiende el daño económico.

STSJ de Extremadura de 25 de febrero de 2016, rec. 529/2015. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. Comprobación de valores. Tasación pericial contradictoria. Calificación catastral del inmueble. La finca aparece en el Catastro Inmobiliario con la calificación de rústica y uso agrario, por lo que la parte recurrente alega que la Administración no puede calificar el bien como terreno urbano.  El dictamen pericial no utiliza criterios de valoración previstos para los bienes de naturaleza urbana sino que indica que se trata de un bien de naturaleza no urbanizable aunque su finalidad no es la agrícola. Señala el dictamen que para valorar el suelo se utiliza el método de comparación, teniendo en cuenta la situación, tamaño y naturaleza de las fincas, así como los usos y aprovechamientos de que son susceptibles. La comparación se realiza con cinco parcelas de características similares a las del actor, siendo su valor real, y no su calificación, el elemento decisivo que sirve para fijar el valor del suelo.

STSJ de Galicia de 11 de mayo de 2016, rec. 15467/2015. Impuesto sobre la Renta de las personas físicas. Dietas exceptuadas de gravamen. Carga de la prueba. Dietas abonadas al administrador único de la sociedad. A juicio del Tribunal no son suficientes para acreditar la realidad de los desplazamientos los documentos internos aportados (hojas de liquidación de gastos, justificante de pago, etc.). Corresponde al contribuyente acreditar dicho particular, y no a la empresa, dada su condición de administrador único de la sociedad, de la que deriva que, no solo organiza su propio trabajo, sino que también tiene acceso a toda la documentación justificativa de dichos gastos.