IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Deducciones y devoluciones. Devolución a no establecidos. Procedimiento. Ausencia del trámite de audiencia al interesado para formular alegaciones. Procedente retroacción del expediente. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Requisitos. La notificación efectuada en la dirección electrónica habilitada en el Servicio de Notificaciones Electrónicas no es válida, en tanto que no se está ante un procedimiento iniciado a solicitud del interesado, y en el que expresamente ha señalado, tanto en la solicitud inicial, como en el encabezamiento del recurso de reposición, como en su escrito de fecha 20-11-2012 (con anterioridad incluso a la notificación de la comunicación de inclusión obligatoria en el sistema de dirección habilitada del 28 de noviembre) un lugar para practicar las notificaciones distinto de la dirección electrónica habilitada, sin que conste que la Administración haya efectuado al menos dos intentos en la dirección señalada por el reclamante sin que haya sido posible efectuar la notificación, antes de acudir al sistema de notificación electrónica. Interposición de la reclamación económico-administrativa dentro de plazo.

FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Nulidad de la sentencia que denegó el pago de sexenios al profesor interino. La Sala despreció un pronunciamiento anterior del TJUE que reconoció el derecho de los interinos a percibir los complementos retributivos al igual que los funcionarios de carrera. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del principio de primacía del derecho de la Unión Europea. La primacía del derecho europeo obligaba a aplicar la directiva 1999/70/CE invocada por el recurrente tal y como había sido interpretada por el TJUE, con preferencia sobre el derecho interno incompatible. La Sala no aplicó la Directiva comunitaria que prohíbe discriminar a los trabajadores interinos frente a los trabajadores fijos si no hay razones objetivas que lo justifiquen.

ACTUACIONES INSPECTORAS. COMPROBACIÓN DE VALORES. Método de cálculo basado en el anterior sistema de coeficientes para la determinación del valor del inmueble y en el que persisten los anteriores vicios y errores. No es procedente basar la comprobación en un denominado "dictamen de peritos", que tiene como premisas los datos descriptivos del inmueble consignados en la "ficha catastral" y relativos a superficie, estado, antigüedad, etc., datos no contrastados in situ por los citados peritos. El sistema genérico y previo de valoración utilizado no está amparado por la Ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y no puede asimilarse al "dictamen de peritos" del art. 57.1 letra e) de la LGT; pues tal sistema vendría a encajar más bien en la figura de la letra b) del dicho precepto legal, "estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. Anulación de la liquidación. 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Base imponible. El importe de la devolución de unos ingresos indebidos producidos como consecuencia de unas liquidaciones anuladas se ha de imputar al periodo impositivo en que se reconozca al sujeto pasivo el derecho a la devolución. Los efectos de la sentencia del TJUE que declare la oposición de la norma interna al derecho europeo y que conlleve que los ingresos realizados sean indebidos, se han de considerar ex tunc, de modo que el reintegro de lo ingresado en su ejecución debe imputarse al ejercicio en que se realizó el ingreso y no a aquél en el que efectivamente se practica la devolución.

PRINCIPIO DE IGUALDAD. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Contribuyentes residentes y no residentes. Rendimientos obtenidos por los contribuyentes no residentes que han optado por el régimen fiscal de retención en la fuente. Posibilidad de que a estos contribuyentes se les deniegue las deducciones fiscales personales que se conceden a los contribuyentes residentes en el marco del régimen general del impuesto. Ello no constituye discriminación contraria al artículo 21 TFUE, cuando los no residentes no están sujetos a una carga globalmente superior a la que recae sobre los residentes y sobre las personas que les son equiparables.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. CONCURSO DE ACREEDORES. Impugnación de la providencia de apremio por impago de liquidación del IVA girada con posterioridad a la declaración de concurso de acreedores de la mercantil recurrente. Interpretación de la normativa aplicable antes de la modificación de la Ley Concursal en 2011. Estimación. Incidencia en el caso la impugnación realizada contra el acuerdo de denegación de aplazamiento de la deuda por apreciarse dificultades económico-financieras, que obtuvo sentencia estimatoria en STS 13 Oct. 2015, que declara que la circunstancia invocada para la denegación no llevaba automáticamente que la insolvencia fuese estructural. PERSPECTIVA CONCURSAL. Análisis de la pertinencia o no del apremio desde la perspectiva de la ley Concursal. Improcedencia en el caso del apremio girado a la mercantil. Sólo los procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado diligencia de embargo de los bienes del concursado siguen su curso si son anteriores a la declaración de concurso, legitimando una ejecución independiente, salvo que los bienes trabados sean necesarios para la continuidad de la actividad empresarial.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Contabilidad. Dotación para amortizaciones del inmovilizado material. Concepto de puesta en condiciones de funcionamiento, a efectos de su deducibilidad fiscal. Dies a quo. Acreditado en el expediente la existencia de un periodo de pruebas y que sólo tras superar este periodo, los elementos patrimoniales están en condiciones de participar de forma plena y con regularidad en el proceso productivo de la entidad. Debe entenderse como fecha de puesta en condiciones de funcionamiento de los bienes objeto de amortización, la de octubre de 2001, fecha en que finaliza el periodo de prueba que ha permitido la consecución de los objetivos proyectados de producción y calidad, como la misma entidad interesada manifestó. Al resultar acreditada en Instancia la existencia de un periodo de pruebas, se confirma que no pueden admitirse como deducibles las amortizaciones efectuadas durante dicho periodo.

Impuesto sobre Sociedades. Empresas asociadas. Regularización al amparo del artículo 9 del Convenio entre el Reino de España y el reino de los Países Bajos . La concesión de un préstamo por el socio único residente en Holanda de la entidad española para la adquisición de participaciones en terceras entidades, contemplándola globalmente y desde el punto de vista de su adopción por una empresa independiente carece de racionalidad; nunca habría sido adoptada por una empresa independiente, por lo que debe concluirse que no se realizó en condiciones normales de plena competencia difiriendo de las normales de mercado entre partes independientes. Por ello, y en aplicación del artículo 9 del CDI , no se admite la deducibilidad de los gastos financieros derivados del citado préstamo.

Domicilio Fiscal. Ineficacia del cambio. Concierto Económico con el País Vasco. Anulabillidad de las actuaciones y retroacción. El acuerdo unilateral adoptado por la AEAT del País Vasco sobre ineficacia del cambio de domicilio fiscal en aplicación de la presunción del artículo 43. Ocho de la Ley 12/2002, del Concierto Económico con el País Vasco, si bien no es ajustado a Derecho (Doctrina: RG 6899/08, de 9 de julio de 2009 y RG 3630/09, de 1 de junio de 2010) no conlleva la nulidad de pleno derecho de todas las actuaciones desarrolladas en el procedimiento inspector. Se deben retrotraer las actuaciones a fin de notificar a la Hacienda Foral la decisión de la AEAT sobre la ineficacia del cambio de domicilio fiscal para que pueda dar o no su conformidad a dicha decisión y, en caso de discrepancia, acudir a la Junta Arbitral.

Medidas cautelares. Admisión a trámite de la solicitud de suspensión con dispensa total de garantía instada ante el Tribunal económico-administrativo. Suspensión cautelar. La medida cautelar que se adopte una vez ha sido dictado el acto administrativo es un acto de ejecución del mismo, y estando suspendida la ejecución del acto consecuencia de la solicitud realizada en el seno de un procedimiento de revisión, ya sea cautelar o no, no es posible dicha adopción de medidas cautelares.