Recalificación como préstamo de una aportación de socios para reponer pérdidas. Una compañía, como consecuencia de la obtención continuada de pérdidas, se encontró en una clara situación de desequilibrio patrimonial. Para corregirla y seguir formando parte del grupo consolidado, la junta general de accionistas acordó (i) aumentar el capital social (ii) dejar sin efecto el acuerdo anterior si antes del 31 de diciembre de 1992 no se suscribían y desembolsaban totalmente las nuevas acciones; y (iii) facultar al consejo de administración, si el acuerdo de ampliación quedaba sin efecto, para aceptar de los socios de una reintegración de patrimonio para la compensación de pérdidas. Se estima la recalificación por la inspección de la aportación realizada como un préstamo de la entidad dominante a su filial. Ampliación de capital con prima de emisión. En ningún caso la prima de emisión puede constituir una adquisición lucrativa en la sociedad porque que no todos los fondos que afluyen al patrimonio de una sociedad constituyen renta obtenida por la misma; no tienen tal consideración los que procediendo de sus socios deban ser integrados entre sus recursos propios, porque, a fin de cuentas los desplazamientos patrimoniales de los socios a los recursos propios de la sociedad, aunque constituyan un incremento económico en la perceptora, no se computan como partida gravable, porque no son ganancia o mayor valor generado por la sociedad, sino precisamente el soporte para generarlos. Aportación no dineraria a una sociedad de nueva creación por la que se entregan unos activos a cambio de que se paguen unos pasivos laborales. Desde el punto de vista tributario, no cabe equiparar la situación litigiosa con la que se habría dado si efectivamente hubiese sido la sociedad aportante la que hubiera hecho frente a las indemnizaciones de los trabajadores con el producto obtenido por la transmisión de los bienes, puesto que en ese caso habría existido un incremento patrimonial en la transmisión y un gasto fiscalmente deducible por las indemnizaciones devengadas por los trabajadores despedidos, mientras que en la operación realizada dicho gasto no procede fiscalmente, habida cuenta de que, cuando se devengaron las indemnizaciones por los despidos, los trabajadores no formaban parte de la plantilla de la sociedad. Aun cuando lo que realmente se llevó a cabo fue una entrega de bienes, esencialmente inmuebles, para que fuera otra entidad la que se hiciera cargo de unas futuras responsabilidades laborales, liberando a la sociedad frente a sus antiguos trabajadores, de aceptarse la tesis sostenida por la actora las indemnizaciones por los despidos a cargo de la sociedad receptora tendrían un doble cómputo como gasto fiscal, en la aportante, minorando el importe del incremento de patrimonio derivado de la transmisión de los bienes, y en la receptora, como un gasto más de personal, logrando así una tributación global inferior a la procedente, esto es, a la que se habría obtenido de haber asumido la aportante las responsabilidades laborales derivadas de los despidos con el producto obtenido en la transmisión de los mismos bienes de su activo.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Partidas no deducibles. Cuotas del leasing de los locales puestos a disposición del Banco de Inversión, dado que no se prueba que hubieran sido arrendados, ni que hayan producido ningún tipo de rendimiento. Régimen especial. Aportaciones no dinerarias especiales en ampliación de capital. Beneficios fiscales para los contratos de arrendamiento financiero. No puede admitirse, sin justificación alguna, considerar que como no se trata de una transmisión de rama de actividad decae la afectación a la actividad empresarial. Inaplicabilidad de la dotación de la provisión por depreciación de la cartera de valores. No se rebate la conclusión de la Inspección sobre el hecho transcendental, esto es que a 31 de diciembre de 1997, no había depreciación alguna del valor de la participación tomando como referencia el valor de adquisición. Retenciones de los dividendos percibidos. Improcedencia, atendiendo al verdadero negocio realizado, cual es, la interposición de la residente para el cobro del dividendo, ocultando el verdadero titular de las acciones en el momento del cobro del mismo, con el efecto de evitar la tributación en España por dicho dividendo, obteniendo su importe en virtud de un concepto no sujeto a gravamen en nuestro país y eludiendo el pago de un impuesto. INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. No prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria, pese al transcurso de más de doce meses en terminar las actuaciones inspectoras, por no haber transcurrido el plazo de cuatro años.

SANCIONES TRIBUTARIAS. REGULARIZACIÓN. OBLIGADOS A RETENER. UNIFICACIÓN DE CRITERIO. Análisis de la conexión entre liquidación y sanción, que no supone que cualquier incidencia en la liquidación sea trasladable automáticamente a la sanción. Naturaleza de la obligación de retener, que es propia del retenedor, autónoma e independiente de la obligación que tiene el perceptor de la renta de declarar dicha renta y autoliquidar su tributo. Una vez regularizada por la Administración la situación tributaria de un obligado a retener (bien porque no ha practicado retención alguna o bien por retener menos de lo debido) y no resultando exigible el pago de la liquidación al dar lugar a un enriquecimiento injusto de la Administración (al haber presentado el perceptor de los rendimientos autoliquidaciones sin deducirse las retenciones) no procede anular de forma automática la sanción derivada de la regularización siempre que concurran los elementos precisos, en particular la acreditación de la culpabilidad en la actuación del obligado tributario. La sanción es la tipificada en el art. 191.1 LGT y su base la cantidad que debió ingresarse en la autoliquidación por retenciones.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. Actuaciones no sancionables. Pago extemporáneo y sin requerimiento previo. Recargo por declaración extemporánea. Improcedente liquidación del recargo aplicado, por imposibilidad a la fecha de la autoliquidación de aplicación del régimen especial de grupos de IVA. Además, el recargo tiene como presupuesto la presentación de una autoliquidación o declaración fuera de plazo, y se calcula sobre el importe no ingresado. En el caso examinado ese presupuesto no se da porque la declaración se presentó en plazo, sin ingreso, toda vez que el obligado confiaba en que el sistema de gestión al que se encontraba acogido era el de cuenta corriente, en el que opera una compensación de créditos y deudas que se liquidan trimestralmente mediante cierre de la cuenta. Es patente que falta el presupuesto esencial del recargo, a saber, la falta de autoliquidación en tiempo, de suerte que esta razón ya impide la posibilidad de girar el recargo.

INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. Procedimiento iniciado con anterioridad a 1999, fecha de entrada en vigor de la LDGC, lo que tiene la consecuencia de inaplicar los límites temporales procedimentales que dicha ley establece. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Pérdidas por envilecimiento y deterioro. No aplicables al ejercicio 1995 dado que el art. 50 RD 2631/1982 exige que el envilecimiento se produzca en valores del activo, los cuales exigían desplegar una actividad material y jurídica por parte de la entidad que no se concluyó hasta el ejercicio siguiente. Exención por reinversión. Aplicación del beneficio fiscal sobre la totalidad del justiprecio. VOTO PARTICULAR.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Obligaciones formales. La entidad que se encuentre en concurso ha de comunicar a la AEAT la circunstancia de haber recibido las facturas rectificativas enviadas por las entidad acreedoras y consignar las cuotas rectificadas y las no deducibles en la correspondiente declaración-liquidación del periodo en que recibió las facturas rectificativas. INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. El hecho de que una entidad societaria se encuentre inmersa en un procedimiento concursal y se haya dictado el correspondiente auto de declaración de concurso, no inhibe ni suspende las facultades de comprobación e investigación de la Administración Tributaria en aras a la correcta determinación de los créditos públicos, la deuda pública o la concreción de créditos en favor de la interesada.

PROCEDIMIENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO. RECURSOS. LENGUAS OFICIALES. Conformidad a derecho del archivo de actuaciones. La interesada interpuso recurso extraordiario de revisión en lengua catalana, siendo requerida para que lo formulara en castellano sin que lo verificara. A tenor del art. 36 LRJAP-PAC la lengua de los procedimientos tramitados por la Adm. Gral. de Estado será el castellano, sin perjuicio de que los interesados puedan dirigirse a dichos órganos con sede en territorio de las CC.AA. en las lenguas cooficiales. La utilización como medio o lugar de presentación de una oficina de la Comunidad Autónoma, de una solicitud dirigida a iniciar un procedimiento ante un órgano de la Administración del Estado, no radicado en dicha comunidad, no es una actuación administrativa realizada en el ámbito de dicha Comunidad. Por tanto, el recurso presentado ante el TEAC, órgano central de la Administración del Estado, debió ser formulado en lengua castellana.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Sujeto pasivo. Adquisición proinvidiso de fincas. La sentencia recurrida considera probado que, sin perjuicio del propósito de promoción inmobiliaria de las fincas adquiridas en un futuro, cuando las circunstancias así lo permitieran, la comunidad nacida de la adquisición continuó las actividades empresariales anteriores (agrícolas, ganaderas forestales y cinegéticas), desde el primer momento. A partir de la apreciación probatoria de la sentencia de instancia, que no puede calificarse de irrazonable o arbitraria, es claro que el derecho a la deducción debe reconocerse a la comunidad de bienes y no a los miembros de ella por su parte proindivisa correspondiente. La apreciación de la sentencia de instancia tampoco es irregular desde el punto de vista del Derecho Comunitario, en el que incluso se reconoce la posibilidad de atribución de la condición de sujeto pasivo con anterioridad al inicio de la actividad empresarial, con derecho a deducción del IVA repercutido, si es que se dan elementos objetivos que acrediten aquél y que en el presente caso quedarían concentrados en la apreciación probatoria de la sentencia. Finalmente, en relación con la renuncia a la exención por la entidad vendedora de las fincas, supone únicamente la repercusión del Impuesto y el consiguiente nacimiento del derecho a deducir de quien también desde el primer momento tenía la condición de sujeto pasivo, es decir, la comunidad de bienes de la que forma parte la entidad.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Base imponible. Regímen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores. Requisitos de aplicación. Opción por el régimen especial. Operaciones de fusión. Vulneración de la Directiva 90/434/CEE, de 23 de julio, por el artículo 110 de la LIS. Resulta suficiente la constancia de la opción en el libro de actas de la entidad. Aplicación del capítulo VIII del Título VIII de la LIS a pesar de que la opción no se hubiera manifestado en la escritura pública. La exigencia de que se plasmara en la escritura pública en un momento en el que no estaba expresamente previsto por nuestro sistema jurídico, cuando en la reforma posterior admitió la posibilidad de que se manifestara tanto en ese documento público como en el acuerdo social, resulta, una interpretación restrictiva contraria a la propia finalidad del régimen fiscal contenido en la Directiva 90/434/CEE.

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. Operaciones societarias. Exenciones. Ampliación de capital por aportación de créditos frente a una sociedad distinta de la sociedad que lo aumenta. Procedencia de la exención prevista en art. 45.I b) 10 del RDLeg. 1/1993. Operación incluida entre las aportaciones no dinerarias susceptibles de acogerse al régime especial de neutralidad en el impuesto sobre sociedades, resultando por ello exenta del impuesto sobre operaciones societarias. El TEAC, al resolver el recurso de alzada, examinó si la operación se justificaba en motivos económicos válidos, cuestión novedosa, sin oír a las partes y, al concluir que no concurrían, empeoró la situación jurídica de la entidad recurrente, pues la Administración tributaria en ningún momento cuestionó su presencia en la operación litigiosa.