ITP Y AJD. Transmisión de la totalidad de las participaciones en sociedades unipersonales cuyo activo está formado en más del 50% por inmuebles a favor de una tercera sociedad, que obtiene así su control indirecto. Aplicación del art. 108 de la Ley del Mercado de Valores. La interposición formal de tres sociedades filiales de forma que la adquisición individual de cada una no llega al 50%, no ha de ser obstáculo para gravar al verdadero adquirente de las participaciones transmitidas cuya posición de control si es superior a dicho porcentaje. Base imponible. No está constituida por el valor total, sino por la parte proporcional del valor de los inmuebles que corresponda al porcentaje total de participación que pase a tener la entidad reclamante en el momento de la obtención del control. Cambio de criterio del Tribunal Central.

ISyD. El pago de gastos de funeral y entierro no pueden considerarse aceptaciones tácitas de herencias. La tesis de la Administración de que se ha producido una aceptación tácita de la herencia no puede prosperar, porque no cabe una aceptación tácita de la herencia una vez que se ha renunciado a ella, porque tanto la aceptación como la repudiación de la herencia, una vez hechas, son irrevocables.

IVA. Rectificación del IVA repercutido. Modificación al alza del IVA repercutido en una operación de permuta inmobiliaria, como consecuencia de una comprobación de valores. El motivo de oposición por parte del repercutido no resulta aceptable, no aduciendo en ningún momento la incorrecta determinación de la base imponible, ni tampoco el tipo impositivo aplicado. PROCEDIMIENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO. Tanto el sujeto obligado a efectuar la repercusión como aquel que tiene la obligación de soportarla están legitimados para plantear reclamación económico-administrativa. El plazo para interposición se inicia desde que surge la controversia.

IVA. Las empresas de publicidad directa están exentas del pago del impuesto por los servicios de franqueo de correspondencia realizados con máquinas de franqueo autorizadas por el Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos.

IRPF. La renuncia extemporánea al régimen de estimación objetiva por signos, índices o módulos en el IRPF, mediante la presentación de declaraciones aplicando el método de estimación directa, aunque sea de un modo tácito produce plenos efectos jurídicos en la elección del régimen de determinación de la Base imponible aplicable, sin perjuicio de que el incumplimiento pueda ser considerado una infracción tributaria.

ITP Y AJD. Exención por la adquisición de bienes de inversión en Canarias. Exigencia de que los bienes adquiridos entren en funcionamiento de manera inmediata, para gozar de exención. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. La sanción es procedente ya que no puede argumentarse que las normas que regulaban la exención en la fecha del devengo no eran lo suficientemente claras como para deducir de su simple lectura la improcedencia de aplicar el referido beneficio fiscal.

IS. El contrato realizado no se considera contrato de arrendamiento con opción de compra dado que el precio final de la adquisición del bien no está vinculado al valor residual del mismo, ya que en el contrato el derecho a la compra del bien está vinculado al pago de las cuotas de arrendamiento, y la opción de compra es el precio de la compraventa. Imputación del beneficio en el momento en que se produce la efectiva transmisión. Dotación a la RIC: los ingresos por arrendamiento del hotel proceden de la mera gestión del patrimonio, por lo que al no proceder de una actividad empresarial no pueden acogerse al beneficio de la RIC.

ITP y AJD. Resuelta por incumplimiento la liquidación de una sociedad ganancial en la que se adjudicaba el único bien, un inmueble, a la mujer con la condición resolutoria de satisfacer el haber del marido en metálico en un determinado plazo, se procede a la nueva adjudicación del bien al marido que satisface el haber de su cónyuge en metálico, declarándose exenta dicha posterior adjudicación por cumplir las requisitos del artículo 45.1.B) 3 del Texto Refundido.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Interpretación del artículo 4.1, primer guión, de la Directiva 90/435, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes. Se opone a la normativa de un Estado miembro que prevé que los dividendos percibidos por una sociedad matriz se incluyan en la base imponible de ésta para deducirlos a continuación hasta el 95% en la medida en que, en el período imponible en cuestión, subsista un saldo positivo de beneficios tras la deducción de los demás beneficios exentos. Dicho precepto, es incondicional y lo suficientemente preciso como para que pueda invocarse ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

REGÍMENES FORALES FISCALES. Medidas fiscales adoptadas por los Territorios Históricos vascos en relación al Impuesto sobre Sociedades, que fijan un tipo impositivo general inferior al general de la ley del Estado español y unas deducciones de la cuota que no existen en el ordenamiento jurídico tributario estatal. Medidas selectivas y ayudas de Estado. Para apreciar el carácter selectivo de una medida, y, por consiguiente, de ser considerada de ayuda de Estado por el mero hecho de que no se apliquen en todo el territorio del Estado miembro de que se trata, se debe tener en cuenta la autonomía institucional, de procedimiento y económica de la que goce la autoridad que adopte esa medida. Si bien el TJCE es competente para interpretar el Derecho comunitario, el órgano jurisdiccional nacional es el competente, sin embargo, para identificar el Derecho nacional aplicable e interpretarlo, así como para aplicar el Derecho comunitario a los litigios de que conoce. Es al órgano jurisdiccional nacional remitente a quien incumbe, verificar si los Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del País Vasco gozan de tal autonomía, lo que tendría como consecuencia que las normas adoptadas dentro de los límites de las competencias otorgadas a dichas entidades Infra-estatales por la Constitución española de 1978 y las demás disposiciones del Derecho español no tienen carácter selectivo, en el sentido del concepto de ayuda de Estado tal como aparece recogido en el art. 87.1 CE.