STC  de 11 de mayo de 2017, rec. 4864/2016. CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS. Nulidad parcial del art. 107 LRHL impugnado y del 110.4 LRHL por conexión con el anterior, únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica e impiden a los sujetos pasivos poder acreditar esta circunstancia. CAPACIDAD ECONÓMICA. El principio constitucional no autoriza al legislador a gravar riquezas ficticias e inexpresivas de capacidad económica. Los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado período temporal -entre uno y veinte años-, se revela un incremento de valor y una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente de acuerdo con su capacidad económica.

STS de 20 Abr. 2017, Rec. 1172/2016. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Regularización e imposición de sanción por el ejercicio 2006. Valoración errónea de operación social vinculada con el único socio, actor profesional. Falta del mínimo rigor exigible por parte de la entidad y del socio a la hora de determinar el valor de las operaciones vinculadas. Liquidación y sanción procedentes. RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. La pretensión de alterar la apreciación que la Sala a quo realiza del aspecto subjetivo de la culpabilidad, tratando de reproducir el debate sobre la concurrencia de la negligencia determinante de toda sanción tributaria o sobre la existencia de una interpretación razonable de la norma excede del ámbito permitido al recurso extraordinario.

STJUE de 5 de abril de 2017, as. C-217/2015. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Impago del tributo. Sanción administrativa y sanción penal por los mismos hechos. Interpretación del principio ne bis in idem del art. 50 de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea. La aplicación del principio garantizado requiere que la persona que es objeto de las sanciones y de las actuaciones penales sea la misma. Falta de identidad de la persona encausada. En el caso, la normativa nacional controvertida que permite incoar un procedimiento penal por no haberse abonado el IVA, con posterioridad a la imposición de una sanción tributaria definitiva por los mismos hechos, no se opone al art. 50 de la CEDH, si dicha sanción se ha impuesto a una sociedad dotada de personalidad jurídica y el procedimiento penal se ha incoado contra una persona física.

STS de 4 de marzo de 2017, rec. 834/2016. INTERESES DE DEMORA TRIBUTARIOS. Liquidación de intereses derivados de la suspensión de la sanción tributaria. La cuestión principal se centra en dilucidar si los herederos deben hacer frente a los intereses derivados de la suspensión de la sanción tributaria en vía administrativa, y la respuesta debe ser negativa, pues en aplicación del principio de personalidad de la pena, no siendo transmisible al heredero la sanción, tampoco lo son los intereses derivados de la suspensión de la misma.

STJUE de 26 de abril de 2017, as. C-564/2015. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Inversión del sujeto pasivo y facturación errónea. El adquirente de un bien puede verse privado del derecho a la deducción del IVA indebidamente abonado al vendedor conforme a una factura expedida según las normas del régimen ordinario del impuesto, mientras que a la operación pertinente le era aplicable el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, aun cuando el vendedor ingresó dicho impuesto en la Hacienda Pública. Sin embargo principios de neutralidad fiscal, de efectividad y de proporcionalidad y la propia Directiva 2006/112 exigen, en la medida en que el reembolso, por parte del vendedor al adquirente, del IVA indebidamente facturado resulte imposible o excesivamente difícil de recuperar que el adquirente pueda solicitar la devolución directamente a la autoridad tributaria. SANCIÓN TRIBUTARIA. El pago de una sanción tributaria del 50 % del importe del IVA a la Administración tributaria, aun cuando esta última no ha sufrido una pérdida de ingresos y no existen indicios de fraude fiscal, se opone al citado principio de proporcionalidad.

STS de 14 de marzo de 2017, rec. 572/2016. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. Sucesores tributarios. Requerimiento de pago a los beneficiarios de la escisión social por las deudas tributarias de la entidad escindida en relación al Impuesto sobre Sociedades. PRESCRIPCIÓN. Se revoca la sentencia de instancia en cuanto vulnera el art. 68.8 LGT, al considerar los actos llevados a los demás sucesores tributarios a la hora de determinar la eventual prescripción de la facultad de la Administración tributaria para exigir el pago.

Estimación parcial de los recursos planteados contra las SSTSJ de Valencia que anularon las órdenes de 2013 y 2014 por las que se establecieron los coeficientes aplicables en 2013 y 2014 al valor catastral. 
STS de 6 de abril de 2017, rec. 888/2016. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Comprobación de Valores por el sistema de estimación mediante la aplicación de coeficientes correctores al valor catastral. Validez de la Orden 23/2013, de 20 de diciembre, de la Comunidad Valenciana, por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2013, en base a los datos facilitados por la Gerencia Regional del Catastro. Si la Administración tributaria se acoge al segundo de los medios previstos en el art. 57.1 de la Ley General Tributaria de 2002, que permite la aplicación de coeficientes multiplicadores, determinados y publicados por la Administración tributaria competente, a los valores que figuren en el Catastro Inmobiliario, no cabe plantear la improcedencia del método planteado, tan válido como cualquier otro técnico y objetivo de valorar.  Cuestión distinta es que el contribuyente no se encuentre conforme con el valor final asignado, en cuyo caso podrá promover la tasación pericial contradictoria a que se refiere el apartado 2 del art. 57 de la Ley General Tributaria, o bien agotar los recursos disponibles alegando y probando que el coeficiente aprobado por la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma aplicado al valor catastral no responde al valor real del bien. lo que no resulta admisible es que la normativa autonómica se aplique a hechos imponibles producidos con anterioridad a su entrada en vigor, aunque se hayan tenido en cuenta valores vigentes a la fecha del devengo, toda vez que los obligados tributarios tienen derecho a conocer previamente los valores considerados por la Administración para evitar una posterior comprobación, cuyo resultado si resulta favorable genera intereses de demora.

STS de 6 de abril de 2017, rec. 1183/2016. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Comprobación de valores por el sistema de estimación mediante la aplicación de coeficientes correctores al valor catastral. Validez de la Orden 4/2014, de 28 de febrero, de la Comunidad Valenciana, por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2014, en base a los datos facilitados por la Gerencia Regional del Catastro. si la Administración tributaria se acoge al segundo de los medios previstos en el art. 57.1 de la Ley General Tributaria de 2002 , que permite la aplicación de coeficientes multiplicadores, determinados y publicados por la Administración tributaria competente, a los valores que figuren en el Catastro Inmobiliario, no cabe plantear la improcedencia del método planteado, tan válido como cualquier otro técnico y objetivo de valorar.  Cuestión distinta es que el contribuyente no se encuentre conforme con el valor final asignado, en cuyo caso podrá promover la tasación pericial contradictoria a que se refiere el apartado 2 del art. 57 de la Ley General Tributaria, o bien agotar los recursos disponibles alegando y probando que el coeficiente aprobado por la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma aplicado al valor catastral no responde al valor real del bien. 

STS de 24 de marzo de 2017, rec. 887/2016. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. Base imponible. Los sobrinos políticos o por afinidad del causante de una herencia se incluye dentro del grupo III del artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, aunque el cónyuge del causante con el que los herederos de este habían tenido un vínculo de consanguinidad fallezca con anterioridad a dicho causante. Doctrina reiterada.