GESTIÓN TRIBUTARIA. Retroacción de actuaciones. Plazo para terminar el procedimiento de gestión. Aplicación de las disposiciones del artículo 66 RGRVA. En las resoluciones administrativas que estiman en parte sin conocer del fondo del asunto y acuerdan la retroacción de actuaciones, el órgano de de aplicación debe primero dictar y notificar los actos de ejecución de la resolución en el plazo máximo de 1 mes desde que la resolución entre en el registro del órgano competente para su ejecución. Una vez hecho esto, el procedimiento debe continuar hasta su terminación en el plazo que restase del procedimiento cuya liquidación se anula. PLAZO PARA LAS ACTUACIONES INSPECTORAS. El plazo que establece el art. 150.5 no es suceptible de aplicación analógica a los procedimientos de gestión tributaria, al ser un precepto aplicable solo a las actuaciones inspectoras. En el procedimiento inspector no existe caducidad, y no tiene lógica otorgar en caso de retroacción en procedimientos de gestión un plazo adicional de otros 6 meses, plazo que coincidiría con el plazo máximo que inicialmente tenía la Administración para llevar a cabo el procedimiento.

Impuesto sobre la renta de las personas físicas.- Base imponible.- Rendimiento de actividades económicas.- Beneficios obtenidos por propietarios de terrenos sometidos a un proceso de urbanización que, en realidad, realizan promoción inmobiliaria.- No constituyen incrementos patrimoniales derivados de la gestión del propio patrimonio. Procedimientos tributarios.- Consultas vinculantes.- Consulta sin indicar que existe vinculación entre los sujetos intervinientes en los distintos negocios jurídicos.- Respuesta en un determinado sentido, precisando que es así siempre que no exista vinculación.- Posterior acreditación de que había vinculación.- La respuesta no "vincula" en el sentido del artículo 89 de la Ley General Tributaria. Proceso contencioso-administrativo.- Recurso de casación.- Valoración de la prueba.

Procedimiento tributario. Notificaciones. Notificaciones efectuadas en el mes de agosto. Aunque el TS no acepta la decisión del Tribunal de instancia, dado que no se explican las razones por las que se llega a la conclusión de que la notificación no llego a conocimiento del interesado, tampoco se acepta como doctrina legal la validez de las notificaciones que hayan sido efectuadas cumpliendo todos los requisitos formales exigidos. No parece razonable asumir que la incorrección formal de las notificaciones sea irrelevante cuando el Tribunal llega al convencimiento de que el sujeto pasivo la ha recibido y no otorgar el mismo valor a la convicción del Tribunal cuando opera en sentido opuesto, es decir, cuando la notificación se ha efectuado de modo formalmente correcto, pero en virtud de las circunstancias concurrentes, apreciadas libremente por el tribunal, se llega a la convicción de que la notificación no ha llegado a conocimiento del interesado.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Operaciones inmobiliarias. Gastos deducibles. Confirmación de la liquidación e imposición de sanción girados al obligado respecto de los ejercicios 2004 y 2005. Acreditación de la existencia de sobreprecios -cantidades abonadas no reflejadas en las escrituras de compraventa- que deben incrementar la base imponible del impuesto. Apreciación conjunta de las circunstancias concurrentes. Examen de deducibilidad de gastos en concepto de amortización y aplicación al caso concreto. No deducibilidad de los importes contabilizados como dietas, gastos de viaje y hoteles percibidos por los socios de la entidad, gastos de lujo, electrodomésticos y otros. Tampoco resultan deducibles los gastos por intereses de demora derivados de actas de Inspección, pues el gasto no nace hasta que se dicta la liquidación, y el acta es una "propuesta" de liquidación; si el acta fija un importe de intereses de demora y la liquidación determina uno menor, la diferencia nunca ha llegado a devengarse y tener la consideración de gasto. La parte de la dotación a la provisión correspondiente al exceso de intereses de demora del acta con respecto a la liquidación, no es deducible, siendo en este sentido también conforme a Derecho el acto impugnado. Carece de sentido que se permitiera aminorar la necesaria compensación indemnizatoria derivada de la obligación de pagar en plazo la cuota tributaria, con la deducción como gasto. Criterio reiterado.

PROCEDIMIENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO. REFORMATIO IN PEIUS. Alcance del principio de la prohibición de la reformatio in peius en relación con la extensión en la vía económico-administrativa. Supuesto de regularización practicada por la inspección por deducciones fiscales en el IS por gastos extraordinarios que luego es anulada. Consideración -por la Administración Tributaria- que no es razonable que invocando el principio de la prohibición de la reformatio in peius, se anulen únicamente los efectos desfavorables derivados de la liquidación respecto de un ejercicio determinado, pero se mantengan los efectos favorables respecto de otros ejercicios también comprobados, sobre la base de la misma calificación. FIJACIÓN DE CRITERIO. La correcta aplicación del principio de reformatio in peius exige que la prohibición sea apreciada respecto de todas las consecuencias favorables y desfavorables para el obligado tributario que son objeto de regularización administrativa y que procedan del mismo fundamento, pretensión o calificación jurídica, aunque las consecuencias surtan efectos en periodos impositivos o de liquidación distintos. La interdicción de la reformatio in peius hay que apreciarla de forma global respecto de los distintos ejercicios cuando la regularización de todos ellos tiene el mismo fundamento

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Rendimientos del capital inmobiliario. Reducciones. No es correcta la liquidación practicada por la Administración dado que ésta asume que el arrendatario cumple todos los requisitos señalados en el artículo 23.2 de la LIRPF, por lo que ha de aplicarse la reducción prevista, si bien no la del 50% sino del 100%, en virtud de lo dispuesto en el mismo artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

ISD. Cuestión de inconstitucionalidad. Planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad para determinar si el artículo de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que prevé reducciones para “cónyuges” contradice el derecho constitucional a la igualdad en relación a parejas homosexuales que no pudieron casarse por el fallecimiento de uno de ellos antes de la entrada en vigor de la Ley de matrimonios de personas del mismo sexo de 2005.

En un auto, el Supremo plantea al TC la cuestión sobre el artículo 20.2.a de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuando se trata de aplicarlo a las parejas homosexuales que convivían more uxorio (de hecho) sin poder contraer legalmente matrimonio, en tanto circunscribe a los ‘cónyuges’ la aplicación del régimen de reducción, por su eventual contradicción con los artículos 14 (derecho a la igualdad) y 31.1 (sistema tributario justo) de la Constitución española.

IRPF. Estimación directa. Actividades profesionales. Gastos deducibles. Deben admitirse los gastos afectos parcialmente a la vivienda en la parte correspondiente al porcentaje de afectación a la actividad económica, al igual que ocurre con los gastos inherentes a la titularidad del inmueble, no siendo admisible supeditar la deducción fiscal a la vinculación exclusiva del suministro a la actividad. Vehículos. La normativa del IVA no es admisible al IRPF, por lo que al no quedar justificada la afectación exclusiva del vehículo a la actividad no procede deducción alguna.

RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. Inadmisibilidad parcial por razón de la cuantía. INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. Garantía de la deuda. Resarcimiento al contribuyente de los gastos de aval ofrecidos para obtener la suspensión cautelar de la ejecutividad de la liquidación anulada. ACTUACIONES INSPECTORAS. La anulación de un acto administrativo no significa en absoluto que decaiga o se extinga el derecho de la Administración Tributaria a retrotraer actuaciones, y volver a actuar, pero ahora respetando las formas y garantías de los interesados. INTERESES DE DEMORA. Liquidación que reemplaza a una inicial anulada judicialmente. Cálculo de los intereses sobre la cuota tributaria finalmente aprobada.

IRPF. Rendimiento de actividades económicas. Aplicación de la reducción del 40% por renta irregular. Servicios de intermediación inmobiliaria, asesoramiento y otros complementarios encaminados a la venta de las fincas. Considerando que todas las actuaciones posteriores a la firma del contrato llevadas a cabo fueron dirigidas a obtener la venta de los terrenos y que el tiempo durante el cual se vinieron desarrollando es de generación de la renta, que, por ello, merece el calificativo de irregular, al superar el plazo de dos años previsto en el precepto en vigor.