IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Imputación temporal. Solicitud de opción por diferente criterio al general del devengo, justificada por las entidades en el retraso en el pago por parte de sus clientes mayoritariamente entes de Derecho Público generalizado y sistemático. Imposibilidad de opción por el criterio de caja. El retraso en los pagos no es argumento suficiente para desvirtuar el criterio general previsto en el artículo 19.1 del TRLIS. PRINCIPIOS CONTABLES. Las entidades interesadas deben ajustar su contabilidad a lo dispuesto en el Código de Comercio, al Plan General de Contabilidad, o al Plan General de Contabilidad para PYMES que recogen entre los principios de general aplicación, el criterio del devengo. IMAGEN FIEL. En términos contables el criterio del devengo responde mejor a la imagen fiel de la empresa pues refleja los ingresos procedentes de las operaciones realizadas en el mismo, con independencia del momento en que se produzca el cobro, y los gastos necesarios para la obtención de dichos ingresos, con independencia de cuándo se paguen.

Interrupción de la prescripción. Plazo para dictar una nueva liquidación derivada de una resolución económica-administrativa. Como consecuencia de la reclamación económico-administrativa ante el TEAR se ordenó retrotraer las actuaciones a fin de que se practicara una nueva liquidación en la que la Inspección recalculara la nueva liquidación derivada de la decisión del órgano administrativo. Las actuaciones finalizaron cercana la fecha a cumplirse el plazo de doce meses, por lo que conforme al art. 150.5 de la LGT y el plazo de duración de las nuevas actuaciones en relación con el apartado 2 a) del mismo artículo, no se ha de entender interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectoras, es decir las iniciales y las de ejecución, y por tanto a la fecha de notificación ya había prescrito sobradamente la acción para liquidar el ejercicio litigioso.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Regímenes tributarios especiales. La entidad interesada, dedicada al arrendamiento de inmuebles, carece de un local destinado exclusivamente a su gestión, así como de personal asalariado a jornada completa. Dichos requisitos no son ya necesarios para que sea de aplicación el régimen especial de las empresas de reducida dimensión. Es preciso que la cifra de negocios habida en el periodo impositivo inmediatamente anterior sea inferior a 10 millones de euros. VOTO PARTICULAR.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Deducciones en la cuota. Por compensación de impuestos satisfechos en el extranjero. Cuando un residente en España pretende que se deduzcan, por el concepto de doble imposición, los dividendos pagados por entidades no residentes habrá de acreditar que el gravamen sufrido por dicha entidad en sus resultados es equiparable al que se paga en España. De otra parte, la Administración debe justificar adecuadamente su resolución desestimatoria.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Devoluciones. Operación de compraventa de inmuebles exenta. La devolución de la cuota indebidamente repercutida puede ser instada por quien la repercutió, la percepción de la devolución que pudiere proceder corresponde sólo a quien la soportó, por lo que en ningún caso la Administración tributaria estaba obligada a reintegrar a la compañía recurrente el importe de la cuota del impuesto sobre el valor añadido que repercutió a la empresa que adquiriente.

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. DISCRIMINACIÓN ENTRE RESIDENTES Y NO RESIDENTES. Incumplimiento por España de las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo EEE. Examen del reparto de las competencias fiscales, al tratarse de un impuesto estatal (a excepción de País Vasco y Navarra) cedido a las CC.AA. Posibilidad de que las Comunidades Autónomas establezcan reducciones fiscales que sólo se aplican en caso de conexión exclusiva con el territorio de dicha Comunidad, no pudiendo beneficiarse de las mismas los no residentes en territorio español. Existencia de diferencias en el trato fiscal de las donaciones y sucesiones entre causahabientes y donatarios residentes y no residentes en España; diferencias no justificadas entre causantes residentes y no residentes y entre donaciones y disposiciones similares, relativas a bienes inmuebles sitos en territorio español y fuera de éste. Se constata que la normativa discutida supone una mayor carga fiscal para los no residentes, en comparación con las sucesiones o donaciones en las que sólo intervienen residentes o que sólo tienen por objeto bienes inmuebles situados en el Estado miembro de imposición; ello constituye una restricción no justificada de la libre circulación de capitales.

Declaración-resumen anual de las declaraciones: En la presente, el TEAC considera procedente distinguir entre las declaraciones-liquidaciones trimestrales o mensuales, destinadas a cumplir con una obligación material, y la declaración-resumen anual, destinada al cumplimiento de una obligación formal. Como consecuencia, procede distinguir sus efectos, no teniendo, la declaración-resumen anual, efectos interruptivos sobre el plazo de prescripción relativo al derecho de la Administración para la determinación de la deuda tributaria.

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS MINORISTAS DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS. El IVMDH no tiene una finalidad específica ya que los rendimientos obtenidos con el referido impuesto están destinados a financiar el ejercicio, por parte de los entes territoriales interesados, de sus competencias en materia de sanidad y de medio ambiente, y no tienen por objeto, por sí mismos, garantizar la protección de la salud y del medio ambiente. Sólo está legitimado para solicitar la devolución el sujeto repercutido. Antes de reconocerse el derecho a la devolución y la concreta cuantía del mismo, debe analizarse si los interesados han justificado adecuadamente el pago o haber soportado la repercusión de las cantidades reclamadas mediante la comprobación de la realidad o la corrección de los documentos aportados.

Sentencia de 3 de septiembre de 2014 del TJUE por la que se declara que la legislación estatal del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del Reino de España incumple con el principio europeo de libertad de circulación de capitales establecido en el artículo 63 del Tratado Fundacional de la Unión.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEY FORAL NAVARRA DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. La norma impugnada es inconstitucional y nula. TRIBUTOS PROPIOS. Naturaleza y alcance de las competencias que ostenta la Comunidad Foral, el sistema de Convenio Económico supone una especialidad con respecto al vigente en el resto de CC.AA que permite el establecimiento de un sistema tributario propio. Doctrina establecida por STC 14 nov. 2012. El poder tributario de Navarra implica también que la Comunidad Foral está obligada a respetar, en su sistema tributario, la estructura del sistema tributario de régimen común fijado por el Estado, de manera que Navarra ha de establecer unos impuestos en los que sea identificable la imagen de los que integran el sistema tributario estatal. Creación por la Ley Foral 24/2012 de un nuevo tributo propio que dispone unilateralmente de un tributo creado por el Estado. Los límites de la potestad tributaria establecidos por la Constitución y la LOFCA con relación a los tributos propios prohíben que estos recaigan sobre hechos imponibles gravados por el Estado. Inconstitucionalidad de la Ley Foral impugnada que reproduce de manera literal en su art. 1 el art. 4.1 de la Ley estatal 15/2012, dedicado a la definición del hecho imponible, así como que los restantes elementos del tributo, salvo por la variación de su régimen de exenciones incurriendo así en la prohibición establecida por el art. 6.2 LOFCA. VOTOS PARTICULARES.