ÍNDICE 0. Nota previa. 1. Norma legal específica. Entrada en vigor. Régimen transitorio de incompatibilidades. 2. Normas legales supletorias. 3. Definiciones: 3.1. De sociedad profesional. 3.2. De actividad profesional. 4. Adaptación de sociedades profesionales preexistentes. Plazo. 5. Constitución de nuevas sociedades profesionales. 5.1. Formalización de la constitución. 5.2. Denominación social. 5.3. Objeto social. 5.4. Socios. Prestación accesoria. 5.5. Capital social. Ampliación y reducción. Acciones y participaciones propias. 5.6. Órgano de administración. 5.7. Estatutos. 5.7.1. Participación en beneficios o pérdidas. 5.7.2. Régimen deontológico y disciplinario. 5.7.3. Responsabilidad patrimonial. 5.7.4. Intransmisibilidad de la condición de socio profesional. 5.7.5. Separación y exclusión de socios profesionales. 5.7.6. Transmisiones forzosas y "mortis causa".

ÍNDICE 1. Introducción. 2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 3. Impuesto sobre Sociedades. 4. Impuesto sobre el Valor Añadido. 5. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 6. Impuesto sobre Actividades Económicas. 7. Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 8. Impuesto sobre Hidrocarburos. 9. Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte. 10. Tasas. 11. Otras normas. 12. Cuadro resumen de las novedades tributarias para el año 2008 según la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Bibliografía.

SUMARIO I. INTRODUCCION II. LAS CESIONES DE INMUEBLES A CAMBIO DE RENTAS TEMPORALES Y VITALICIAS. A) Las rentas temporales y vitalicias. B) Régimen tributario del rentista (cedente del inmueble). 1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. a) Ganancias y Pérdidas patrimoniales. b) Rendimientos del capital mobiliario. 2. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: constitución de la renta. 3. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: rendimientos de beneficiarios. 4. Impuesto sobre el Patrimonio. 5. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

SUMARIO 1. Introducción 2. Planteamiento del caso 3. Pronunciamiento del TS 4. La regulación actual en la LGT de 2003 y en el Reglamento General de Recaudación de 2006 5. Conclusión 1. INTRODUCCION En el presente trabajo vamos a llevar a cabo un estudio sobre la imposibilidad de que la Administración tributaria inicie un procedimiento de apremio una vez que el obligado tributario ha solicitado el aplazamiento del pago, ya sea hecha tal solicitud en período voluntario de pago, ya sea hecha una vez iniciado el período ejecutivo.. Para ello, nos apoyaremos en la sentencia de 10 de mayo de 2007 que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha pronunciado en el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina núm. 186/2002.

1. PRESENTACION Como es sabido, el próximo 1 de enero entrará en vigor el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (en adelante, RGAT). Esta norma, con una evidente vocación codificadora, ha venido a reunir en un solo cuerpo normativo la reglamentación que hasta el momento se encontraba dispersa a través de numerosos textos. Un buen ejemplo de esta tarea de recopilación normativa es el de las obligaciones de información. Así el RGAT refunde la regulación que antes se encontraba dispersa en diferentes reales decretos. Es el caso de la obligación de informar sobre las operaciones con terceras personas, las obligaciones de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros, la obligación de informar sobre la constitución, establecimiento o extinción de entidades, la obligación de informar sobre las subvenciones o indemnizaciones derivadas del ejercicio de actividades agrícolas, ganaderas o forestales y la obligación de informar acerca de las aportaciones a sistemas de previsión social. Sin embargo, no todo el contenido del RGAT, en esta materia, se reduce a una mejor sistematización de las obligaciones ya existentes.

No deja de ser sorprendente que, hacia final de año, las entidades financieras realicen agresivas campañas con el fin de colocar planes de pensiones o captar traspasos provenientes de otras entidades so pretexto de sus importantes beneficios fiscales. La manera de llevarlo a cabo es sencilla: aporte sus euros a un plan y pagará menos a Hacienda, de paso se lleva un regalito como pueden ser televisiones de plasma, DVD´s portátiles, equipos de música1, o una bonificación que puede consistir en una imposición a plazo fijo a un tipo muy atractivo o una cantidad en función de un porcentaje sobre la cantidad aportada o traspasada. Es preciso señalar que la finalidad de los planes de pensiones es ahorrar de cara a la jubilación y sus incentivos fiscales han convertido a estos productos en uno de los principales instrumentos privados de previsión para complementar la pensión pública, en palabras del legislador, “El objeto de estos regímenes es que los individuos puedan obtener, a través del sistema público y de su plan de pensiones privado, una prestación que permita la aproximación de sus rentas al último salario percibido durante su vida laboral”2.

I. INTRODUCCION La aprobación de Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Prevención del Fraude, puso de manifiesto la preocupación del legislador en prevenirlo en distintos ámbitos de la aplicación del tributo. Este proceso no sólo se encuadra en las actuaciones de liquidación del tributo, sino que es evidente que la culminación de la prevención consiste en el efectivo ingreso de la deuda tributaria. Cada vez es más habitual la utilización de las sociedades interpuestas o testaferros para ocultar la titularidad real de las actividades económicas, de los patrimonios, así como una de las formas de ocultar o vaciar el patrimonio de los obligados tributarios. Éstos utilizan la opacidad que les proporciona la personalidad jurídica de la sociedad para poder llevar a cabo las actuaciones descritas. A mayor abundamiento, estas sociedades ostenta el mismo interés que el que intrínsecamente acompaña a las personas que las integran como socios1.

ÍNDICE I. Legislación comunitaria 2. Legislación y principios por los que se rigen las tasas aeroportuarias en España 3. Comparación entre los principios de la Directiva y los del Derecho español 4. Conclusiones 1. LEGISLACION COMUNITARIA. 1.1.Introducción Es de sobra conocido el desarrollo que en los últimos tiempos está teniendo la aviación comercial, no solo en España, donde el movimiento ha sido de 181 millones de pasajeros a noviembre de 2007, sino que se incrementa cada año en toda la Unión Europea, y en el mundo en general. Como es natural, no solo las grandes compañías como Iberia, British, KLM, Lufthansa, etc., sino también las denominadas de “bajo coste”, v.g.: Easy-Yet, Vueling, etc., tratan de captar pasajeros originándose, así una gran competencia en los precios que parecen increíbles, pero que luego no lo son tanto, porque tienen una serie de añadidos que no se especifican anticipadamente, y por ello, que la UE, esté estudiando promulgar una Directiva que trate de clarificarlos.

El presente trabajo trata de las alegaciones a realizar sobre el proyecto de Reglamento y se estructura de la siguiente forma: - Estructuración del borrador de reglamento del que vamos a realizar las presentes alegaciones. - Observaciones a los distintos artículos que componen el reglamento. - Aspectos que consideramos debieran haberse incluido en el desarrollo reglamentario y no se ha hecho.