1. Planteamiento. 2. Medios para la práctica de la notificación. 3. Lugar para la práctica de la notificación. 4. Personas que pueden recibir la notificación. 5. El régimen particular de las notificaciones rechazadas. 6. El intento de notificación. 7. La citación mediante edicto. 8. Conclusiones. 1 Ponencia presentada en la reunión del día 20 de noviembre de 2004 del Seminario de Derecho tributario de la Escuela de Empresariales de la Universidad de Barcelona. 1. PLANTEAMIENTO Tras la entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en ade¬lante, nueva LGT), parece oportuno plantearse si la misma ha modificado, y en qué medida, la normativa relativa a notificaciones tributarias. En función de ello, es propósito de la pre¬sente ponencia el análisis de la normativa vigente en esta materia, con aportaciones de la doctrina administrativa y de la más reciente jurisprudencia. Es sabido que la notificación correcta es requisito fundamental para la eficacia de los actos tributarios. Se trata de una materia de carácter eminentemente formal, pero que al propio tiempo tiene una indudable trascendencia práctica, por cuanto es frecuente que prosperen recursos interpuestos contra actos tributarios, fundamentados esencialmente en la falta de notificación de los mismos, o bien en una notificación defectuosa o incorrecta. El presente trabajo se centra en los requisitos formales de la notificación tributaria desde el punto de vista exclusivo del procedimiento para la práctica de la misma, prescindiendo de sus requisitos objetivos o de contenido de la notificación. Ello requiere analizar sucesi¬vamente los medios de notificación, el lugar donde practicarla, las personas que pueden recibirla, el régimen particular de las notificaciones rechazadas y el procedimiento especial de los intentos de notificación y la citación mediante edicto.

1. INTRODUCCIÓN Las obligaciones tributarias de una persona, física o jurídica, cuando realiza operaciones de ámbito internacional, revisten normalmente una cierta complejidad al resultar afectadas por varias jurisdicciones fiscales: la del Estado en el que tiene su domicilio fiscal, o su residen¬cia habitual, y las de los Estados en los que realiza sus operaciones. Sobre una misma persona y sobre un mismo hecho imponible recaen impuestos que res¬ponden a criterios de imposición a veces dispares y que producen en multitud de casos una doble imposición. Por ello, las normas de derecho interno que regulan los tributos no bastan para definir el régimen fiscal de quienes realizan transacciones en Estados distintos al de su residencia, sino que deben complementarse con las normas jurídicas procedentes de esos otros Esta¬dos en los que opera. Sin embargo, estas normas internas son un antecedente necesario para delimitar las obligaciones tributarias de una persona sometida, en principio, a la Ley fis¬cal española por tener la condición de residente en territorio español. 1 Con la colaboración de Maria Dolors Torregrosa Carné, profesora titular de Derecho financiero y tributario (UB). Ponencia presentada en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona el 27 de octubre de 2004. 1. INTRODUCCIÓN Las obligaciones tributarias de una persona, física o jurídica, cuando realiza operaciones de ámbito internacional, revisten normalmente una cierta complejidad al resultar afectadas por varias jurisdicciones fiscales: la del Estado en el que tiene su domicilio fiscal, o su residen¬cia habitual, y las de los Estados en los que realiza sus operaciones. Sobre una misma persona y sobre un mismo hecho imponible recaen impuestos que res¬ponden a criterios de imposición a veces dispares y que producen en multitud de casos una doble imposición. Por ello, las normas de derecho interno que regulan los tributos no bastan para definir el régimen fiscal de quienes realizan transacciones en Estados distintos al de su residencia, sino que deben complementarse con las normas jurídicas procedentes de esos otros Esta¬dos en los que opera. Sin embargo, estas normas internas son un antecedente necesario para delimitar las obligaciones tributarias de una persona sometida, en principio, a la Ley fis¬cal española por tener la condición de residente en territorio español. 1 Con la colaboración de Maria Dolors Torregrosa Carné, profesora titular de Derecho financiero y tributario (UB). Ponencia presentada en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona el 27 de octubre de 2004.

1. INTRODUCCIÓN Los actos administrativos pueden ser revisados, modificados o dejados sin efecto por moti¬vos de legalidad o de conveniencia para el interés público. A esta idea se ha opuesto, sin embargo, la del respeto a los derechos adquiridos, que exigen la permanencia y estabilidad de las situaciones preexistentes. Ciertamente el principio de legalidad obliga a la Administración a reaccionar frente a cualquie¬ra de sus actos o actuaciones que contradigan al ordenamiento, acomodándolos a aquél. Este deber de ajuste permanente a la legalidad no crea problemas jurídicos graves cuando se tra¬ta de actos que no afectan a los derechos de los administrados, ni tampoco cuando el acto es perjudicial o gravoso para un particular, como puede serlo la imposición de una sanción indebida o la negativa injustificada al reconocimiento de un derecho. En estos casos, la Admi¬nistración puede y debe volver sobre sus actuaciones con independencia de que el vicio que origina la invalidez sea la nulidad o la simple anulabilidad. El único impedimento que puede reconocerse es que el acto hubiera sido confirmado por sentencia firme. 1 Ponencia presentada en la reunión del día 20 de noviembre de 2004 del Seminario de Derecho tributario de la Escuela de Empresariales de la Universidad de Barcelona. El panorama cambia radicalmente cuando se trata de la revisión o anulación de los actos administrativos inválidos que han creado y reconocido derechos a favor de terceros que, normalmente, se encuentran además en posesión y disfrute de los mismos. En estos supuestos, el principio básico primigenio fue el de la irrevocabilidad de los mismos. La Administración no podía, en consecuencia, apartarse de sus propios actos declarativos de derechos, salvo mediante un procedimiento excepcional, al margen de sus privilegios de auto-tutela, el recurso de lesividad2.Así, la Administración debía acudir como demandante ante los Tribunales de la Jurisdicción contencioso-administrativa solicitando la retirada de sus propios actos, para lo cual se entendía necesario el requisito llamado de la doble lesión, es decir, que el acto cuya revocación se postulaba infringiera el ordenamiento positivo (lesión jurídica) y, además, fuera económicamente perjudicial para el interés público (lesión económica).

Comentarios y sugerencias de la Asociación Española de Asesores Fiscales al Anteproyecto de Real Decreto, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la renta de las personas físicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, para elevar el porcentaje de gastos, de difícil justificación de los agricultores y ganaderos en estimación directa simplificada, y se regula el régimen especial de tributación, a que se refiere el apartado 5 del artículo 9 del texto refundido de la Ley del Im puesto sobre la renta de las personas físicas, aprobado por el Real Decreto- Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.. PERSONAS FISICAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO 1775/2004, DE 30 DE JULIO, PARA ELEVAR EL PORCENTAJE DE GASTOS DE DIFICIL JUSTIFICACION DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS EN ESTIMACION DIRECTA SIMPLIFICADA Y SE REGULA EL REGIMEN ESPECIAL DE TRIBUTACION A QUE SE REFIERE EL APARTADO 5 DEL ARTICULO 9 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO-LEGISLATIVO 3/2004, DE 5 DE MARZO.

Comentarios y sugerencias de la Asociación Española de Asesores Fiscales al Anteproyecto de Real Decreto, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la renta de las personas físicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, par

«IVA – Limitación del derecho a deducción – Subvenciones» 1. El presente recurso, interpuesto con arreglo al artículo 226 CE, tiene por objeto que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario y, en particular, de los artículos 17 y 19 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (2) (en lo sucesivo, «Sexta Directiva»), al limitar el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA») de los sujetos pasivos que reciben subvenciones para financiar sus actividades. I. Marco jurídico y procedimiento administrativo previo

I.Introducción. Una primera impresión de la lectura. II. Aclarar qué se entiende por fraude fiscal. El apartado 6 del Borrador. III. Resumen de las medidas previstas y clasificación de las mismas. IV. Cuestiones organizativas. V. La propuesta de aumento indiscriminado de obligaciones formales. VI. Unas medidas de pedagogía tributaria. VII. Información y asistencia. Las consultas tributarias. VIII. Colaboración social y alianzas institucionales. IX. Relaciones con otros órganos y con otras Administraciones. IX.1. Coordinación con la fiscalía y las fuerzas de seguridad. El proyecto de policía fiscal. X. El control del cambio de residencia. XI. Tramas organizadas en relación con el IVA. Especial referencia a las operaciones intracomunitarias. XII. Fraude inmobiliario. XII.1. La Información. ¿ Más información o uso eficiente de la información ya disponible?. XII.2. Inscripción en el Registro de la Propiedad de todos los documentos privados y los pagos anticipados. XII.3. Otras cuestiones. Especial referencia al control de los arrendamientos. XIII. El fraude en el ámbito de las actividades económicas. XIII.1. Los regímenes objetivos de estimación de rentas. XIII.2. El tratamiento de los nuevos empresarios y profesionales: ¿defraudadores fiscales en potencia? XIV. El fraude en los procedimientos de recaudación. XV. Reducción de la litigiosidad. XVI. Otras cuestiones. XVI.1. Administradores de hecho y levantamiento del velo. XVI.2. Control de los Productos Financieros. XVI. 3. Mejora de las condiciones para la regularización voluntaria. XVII. Conclusiones.

I.Introducción. Una primera impresión de la lectura. II. Aclarar qué se entiende por fraude fiscal. El apartado 6 del Borrador. III. Resumen de las medidas previstas y clasificación de las mismas. IV. Cuestiones organizativas. V. La propuesta de aumento i

El Proyecto de Ley Modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros recoge la modificación del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, que establece que la cuota íntegra de este Impuesto conjuntamente con las cuotas íntegras estatal y autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no podrá exceder del 60 por 100 de la suma de las bases imponibles general y del ahorro del citado Impuesto, es decir, el límite de tributación conjunta se calculara sobre toda la renta. Supone la vuelta a la situación anterior que ya se creía, por fortuna, felizmente olvidada

I. NOVEDADES IRPF 2004 A. TEXTO REFUNDIDO DEL IRPF Constituye, sin duda, una novedad normativa de primer nivel, aun cuando su contenido es consecuencia de una facultad otorgada en una Ley al Gobierno, para reunir en un texto úni¬co diversas disposiciones existentes con la finalidad de dotar de mayor claridad al sistema tributario mediante la integración en un único cuerpo normativo de las disposiciones que afectan a este tributo. Mediante el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo (B.O.E. del día 11 de Mar¬zo y entrada en vigor al día siguiente), se ha aprobado el citado Texto Refundido, que salvo algunas modificaciones en sus disposiciones transitorias, ha servido para compilar la disper¬sa norma consecuente de las sucesivas modificaciones a que había sido sometida la Ley 40/1998 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se persigue con este nuevo Texto Refundido, una mejora de la operatividad de la norma y, como consecuencia de ello, el aumento de la seguridad jurídica de los contribuyentes y de la propia Administración Tributaria. Este Texto Refundido, con rango de Ley, supone el nuevo marco legal del IRPF y deben esti¬marse derogados los anteriores cuerpos legales que contengan una regulación idéntica a la del Texto Refundido, aunque no les afecte la cláusula derogatoria expresa de la Disposición final primera, que se refiere tan sólo a los preceptos anteriores que estén en contradicción con el nuevo Texto. Como hemos comentado, el Texto Refundido no ha introducido modificaciones en la regu¬lación del IRPF ya que su fin último es el de reunir en un solo cuerpo legal los diferentes textos normativos que le afectaban.