El plazo de los procedimientos tributarios ha sido objeto reciente de una discusión doctrinal acerca de si deben conservar o no cierta autonomía respeto de la regulación general que se establece para los procedimientos administrativos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en especial por lo que se refiere a la Disposición Adicional Quinta de la misma, que dispone la aplicación subsidiaria de dicha Ley y en consecuencia de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo común, en caso de que el procedimiento tributario de que se trate no establezca un plazo máximo de tramitación del mismo. Es bien sabido como el plazo máximo de duración de un procedimiento, en este caso, de naturaleza jurídico tributaria, afecta no solo a los derechos y garantías del contribuyente, sino también al principio de seguridad jurídica y principio de eficacia en la gestión administrativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.3 y 103.1 de la Constitución. Por lo que afecta a los derechos y garantías del contribuyente, la Ley 1/1998, de 26 de febrero, dispone en su artículo 23 que “el plazo máximo de resolución de los procedimientos de gestión tributaria será de seis meses, salvo que la normativa aplicable fije un plazo distinto. Las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la propia Administración interrumpirán el cómputo del plazo para resolverlo.” Aparte de otros preceptos que se contienen en la misma Ley acerca del plazo de tiempo señalado para el procedimiento, es evidente que un plazo de tramitación excesivamente largo puede producir consecuencias negativas no solo para los intereses del contribuyente, sino también para la propia Administración tributaria, ante la presumible acumulación de expedientes.

Se resuelve en esta sentencia un interesante aspecto de la impugnabilidad de los valores catastrales. Con ello se hace referencia a uno de los conceptos más conflictivos que aparecen en el Derecho Tributario actual, como es, el del valor catastral de los bienes inmuebles, que ni siquiera en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, aparece perfectamente delimitado. Conceptos tales como “valor de mercado”, “valor real”, incluso el mismo “valor catastral”, parece que con ellos se hace referencia a distintos valores, cuando pueden incidir en un mismo bien. Es necesario conseguir una perfecta delimitación del contenido y alcance del “valor” en cuestión, con el fin de que la determinación de la base imponible de la figura tributaria de que se trate sea lo más exacta posible, pues de ello dependerá también la determinación del importe de la deuda tributaria. Normalmente los tres valores anteriormente enunciados se reducen a uno solo, pues el valor catastral debe ser equivalente al valor de mercado, y éste, en definitiva, no es más que el valor real del bien de que se trate. Es por ello, que el artículo 66.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, dispone que para la determinación de la base imponible se tomará como valor de los bienes inmuebles el valor catastral de los mismos, “que se fijará tomando como referencia el valor de mercado de aquéllos.”

La comprobación de valores no es más que una técnica que permite a la Administración tributaria contrastar las bases que han sido declaradas por el sujeto pasivo, teniendo una función mas relevante en todos los tributos de marcado carácter patrimonial. La importancia de la comprobación de valores radica en su directa incidencia no sólo en la determinación de la deuda tributaria, sino también en otras figuras tributarias con las que puede tener una relación directa. Asimismo también puede revestir cierta importancia en el desarrollo del procedimiento de liquidación y también en la actividad inspectora (actividad de inspección y comprobación), donde en ocasiones se llevan a la práctica la actividad de comprobación de valores, como consecuencia de la función general de comprobar la situación tributaria de los sujetos pasivos que corresponde a la Inspección tributaria. La comprobación de valores debe observar unos determinados requisitos, por cuanto supone siempre la cuantificación al alza de un determinado bien que el sujeto pasivo ha valorado en un importe económico inferior, pero por lo que ahora nos interesa, en función del supuesto resuelto en la sentencia, la comprobación de valores debe estar preceptivamente motivada. La valoración debe motivarse suficientemente pues la ausencia de una auténtica y verdadera motivación, convierte el acuerdo de comprobación del valor en un acto arbitrario, que produce la indefensión del contribuyente, pues nada podrá alegar ni argumentar en contra de la misma, ya que se halla ante una ausencia de razones y criterios que puedan ser discutidos de contrario, y al mismo tiempo se sustrae a la Jurisdicción Contencioso-administrativo la posibilidad de revisar el fundamento de dicha valoración.

Sumario Primera sesión: Introducción. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Por Juan Zornoza Pérez (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y miembro de la AEDAF) Segunda sesión: Rendimientos del trabajo. Por Francisco García Herrera (Inspector de Finanzas del Estado -excedente- y profesor del CEF) Tercera sesión: Rendimientos del capital. Por Ramón Falcón y Tella (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y miembro de la AEDAF) Cuarta sesión: Rendimientos de actividades empresariales. Transparencia fiscal. Por Fco. Javier Seijo Pérez (Inspector de Finanzas del Estado. Subdirector General del IRPF) Quinta sesión: Ganancias y pérdidas patrimoniales. Por José Ramón Domínguez Rodicio (Inspector de Finanzas del Estado -excedente- y Ex-Subdirector General del IRPF) Sexta sesión: Deducciones de la cuota. Base liquidable. Procedimiento de liquidación. Por José Luis Martínez Serrano (Inspector de Finanzas del Estado -excedente- y profesor del CEF) Séptima sesión: Tributación de los no residentes. Por José Luis de Juan Peñalosa (Abogado y miembro de la AEDAF)

Dentro del procedimiento de recaudación, por su especial naturaleza y finalidad, es donde siempre deben reforzarse los derechos y garantías del contribuyente. Las fases que inciden en dicho procedimiento permiten el ejercicio de ciertas potestades administrativas que encontraran su justo límite en el respeto de los derechos y garantías del contribuyente, especialmente el que hace referencia a la indefensión. Es bien sabido como cualquier acto que se dicte dentro del procedimiento de recaudación, es un acto reglado, un acto que debe ser motivado y fundamentado en el principio de legalidad. Ello supone que a lo largo del mismo, no puede la Administración tributaria sorprender la buena fe del contribuyente, pues el artículo 33 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero claramente dispone que la actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe, o lo que significa dicho con otras palabras que la relación jurídica tributaria debe también fundamentarse en ese principio. Pero aparte de lo dicho anteriormente, cuando las posibilidades de intervención administrativa en el patrimonio del contribuyente se acentúan, es cuando el respeto a los derechos y garantías del contribuyente se pone más de manifiesto. Aparte de la ya superada discusión sobre si la concesión del aplazamiento de pago de la deuda tributaria es acto discrecional o reglado, el caso cierto es que en ningún caso puede producirse una situación de indefensión o sorpresa en el contribuyente debido al comportamiento de la Administración tributaria. Vamos a partir del principio de que toda solicitud de aplazamiento supone una excepción en el proceso recaudatorio de la deuda tributaria, pues lo normal es que el contribuyente pague debidamente la deuda tributaria, solamente cuando se vea imposibilitado de poder hacerlo, es cuando solicitará el aplazamiento de pago. Con ello, ya está claramente indicando a la Administración tributaria su imposibilidad de cumplir con la obligación tributaria dentro del plazo legalmente señalado

Este mismo Tribunal ya ha dictado numerosas sentencias pronunciándose en supuestos similares al presente, acerca de la verdadera naturaleza jurídica que a efectos tributarios merece el recargo por apremio del 50 por 100, y las consideraciones y razonamientos jurídicos que se expresan aparecen reforzados con las sentencias del Tribunal Constitucional de 16 de septiembre y 13 de noviembre de 1.996, entre otras, donde también se destaca el carácter sancionador del recargo en importe del 50 por 100, con unas matizaciones o consideraciones jurídicas que han suscitado una cierta polémica acerca de lo que pudo claramente decir el Tribunal Constitucional y, sin embargo, no dijo. Es bien sabido como el artículo 58.2 de la Ley General Tributaria regula los conceptos que integran la deuda tributaria y entre ellos se hace referencia a los recargos que tanto pueden resultar exigibles sobre las bases o las cuotas y los que resultan de aplicación en función de lo que se dispone en el artículo 61.3 de la misma Ley. En ambos casos el Legislador ha utilizado la expresión “recargo” con el fin de determinar un concepto, en este caso de naturaleza jurídica tributaria, que cuantifica al alza la cuota tributaria. La trayectoria seguida por el Legislador en la regulación legal del recargo tributario ha sido irregular y negativa por el escaso respeto que se ha observado de determinados principios configuradores del Ordenamiento Jurídico, lo que ha provocado no sólo una inseguridad jurídica, sino también situaciones de indefensión, conjuntamente con la vulneración de otros principios procedentes de otras ramas del Derecho, que también pueden ser de aplicación en el Derecho Tributario, por formar un conjunto armónico del que nuestra especialidad jurídica no puede quedar o permanecer permanentemente aislada de las conquistas sociales que se reconocen con carácter general frente al poder de la Administración Pública.

De nuevo volvemos sobre el procedimiento recaudatorio, una de las fases de la relación jurídico-tributaria no solo mas conflictiva, tanto por su contenido y finalidad, sino también por la necesidad de que en la misma se respeten siempre los derechos y garantías del contribuyente. Cierto es, que las potestades administrativas son necesarias en toda actividad administrativa, pero también esos derechos y garantías deben ser el justo límite que la Ley establezca al ejercicio de aquéllas, al ser el principio de legalidad uno de los pilares básicos de todo Estado de Derecho. ¿Qué ocurre cuando un despacho profesional, una asesoría jurídico tributaria, por ejemplo, envía a la dependencias de la Administración tributaria, a uno de sus empleados, o a un mensajero, con un documento de un cliente y en el momento de su presentación, a ese empleado o mensajero que no tiene representación alguna acreditada se le notifica un requerimiento que afecta gravemente a los derechos e intereses del sujeto pasivo? Esta exposición de los hechos justifica plenamente lo dicho en el primer apartado a efectos de la necesaria defensa y respeto a esos derechos y garantías del contribuyente, en todo caso, sin que puedan admitirse excepciones. Uno de esos derechos es, indudablemente, la notificación que en materia tributaria debe siempre, y en todo caso, practicarse en la persona del sujeto pasivo, a menos que éste hubiese otorgado poderes bastantes en favor de su asesor fiscal, en cuyo caso, éste será siempre el destinatario de las correspondientes notificaciones y ya no el sujeto pasivo, porque para esa finalidad se han otorgado poderes, para que le represente en las gestiones necesarias ante la Administración tributaria y pueda recibir válidamente las notificaciones de cualquier acto que se dicte en alguno de los procedimientos tributarios.

1. Planteamiento. En la actualidad, sobre todo tras la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, se ha generalizado el uso de los pagarés en las operaciones comerciales. El supuesto normal será el que emite un comerciante -según modelo normalizado de una entidad bancaria- con cargo a una cuenta corriente y que contiene la promesa, frente al receptor, de satisfacer su importe en una fecha determinada. Tales pagarés han venido a sustituir a los llamados cheques postdatados, que con la Ley 19/1985 pueden hacerse efectivos sin tener que esperar a la fecha de su vencimiento. La aplicación de las normas del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en su modalidad de documentos mercantiles (en adelante, IAJD) a estos documentos, ha dado lugar a una interpretación administrativa en virtud de la cual todo pagaré nominativo, salvo que en él figure expresamente la cláusula «no a la orden», queda sujeto al tributo. Pensamos que esta interpretación debe ser rechazada, pues esto último sólo cabe predicarse de los emitidos a la orden o respecto de los que la Administración acredite que realizan función de giro. El art. 23.1 de la Ley 31/1980, de 21 de junio, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante LITP), somete al IAJD: «las letras de cambio y los documentos que realicen función de giro o suplan a aquéllas, así como los resguardos o certificados de depósito transmisibles». Por su parte, su núm. 2 define lo que debe entenderse como función de giro a efectos del tributo: «Se entenderá que un documento realiza función de giro cuando acredite remisión de fondos o signo equivalente de un lugar a otro o implique una orden de pago, aun en el mismo en que ésta se haya dado, o en el figure la cláusula «a la orden».

Uno de los aspectos mas conflictivos en la relación jurídico tributaria es la que hace referencia a la suspensión de la ejecución inmediata del importe de la deuda tributaria, por parte de la Administración Tributaria. Ello es así, por cuanto la posible exigencia de caución o garantía puede afectar al patrimonio del deudor, que en este caso representa el interés privado y, al mismo tiempo, al interés general, tal como tendremos la oportunidad de analizar a continuación. El artículo 130 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, hace depender la concesión de la suspensión, de que la ejecución del acto pueda hacer perder su finalidad legítima al recurso, en los términos anteriormente expresados y en su apartado segundo se añade que la medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudieran seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o el Tribunal ponderarán en forma circunstanciada. Ello significa que la denegación de la medida cautelar exige la prueba o por lo menos la exposición razonada y convincente, de que la suspensión puede producir una “perturbación grave” y no de otra índole, de los intereses generales. Esto es muy significativo y debe tenerse en cuenta a efectos de poder determinar la verdadera intención del Legislador, pues de la simple lectura de dicha disposición legal, se deduce que a quien corresponde acreditar, o por lo menos, razonar que, efectivamente, se ha producido esa “perturbación grave de los intereses generales”, es a la Administración Pública demandada, autora del acto objeto de impugnación.

La obligación tributaria tiene la naturaleza jurídica de ser una obligación “ex lege”, impuesta por la Ley, en el sentido de que todos sus elementos configurativos son fiel reflejo de la voluntad del Legislador. El artículo 31.1 de la Constitución cuando dispone que “todos están obligados al sostenimiento de los gastos públicos…” está configurando una obligación legal, y reserva al Legislador ordinario la definición y configuración de los elementos que son propios de la relación jurídico tributaria. Efectivamente, en el Derecho Tributario se estudia como el nacimiento, la vida o desarrollo y la extinción de la obligación tributaria deben regirse necesariamente por la Ley. Pero la consideración de la obligación tributaria como obligación legal es también una directa consecuencia del principio de legalidad, que tiene un especial fundamento, incluso, en la Ley General Tributaria en sus artículos 10 y 28, entre otros. La obligación tributaria, pues, surge de la Ley, a diferencia de las obligaciones de naturaleza privada1 que surgen, especialmente, de la voluntad de los particulares2 . La diferencia radica en que los particulares pueden, efectivamente, crear una obligación pero teniendo siempre también como fundamento a la Ley, mientras que en la obligación tributaria los sujetos o personas, tanto físicas como jurídicas, no pueden crear una obligación tributaria por su propia voluntad, aunque es cierto que la voluntad de los particulares, de los sujetos pasivos, en definitiva, permite una posterior matización de ciertos elementos de la relación jurídico tributaria.