En la jornada de estudio celebrada en este mes de diciembre por la zona de Cataluña y Baleares de la Asociación, nuestro compañero Jordi Sopena, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, presentó una documentada ponencia sobre las más destacadas decisiones jurisprudenciales en materia tributaria que se habían producido en el último año. Dentro de ella, prestó especial atención a la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1993 (ponente Sr. Rouanet Moscardó), que resolviendo recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación Española de la Banca Privada, anula diversos artículos del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por Real Decreto 828/1995, de 19 de mayo. Los preceptos impugnados fueron doce en total: artículos 25-1, 39, 54-3, 62-b-2, 64-b-2, 70-4, 74, 75-3, 75-5, 75-6, 76-3-c-2 y 88. De los doce, todos los subrayados, diez en total, son anulados total o parcialmente. Sólo dos resultan incólumes. Diez a dos. Abrumadora goleada.

A continuación, para cambiar de tema, os haré cinco céntimos de la propuesta de reforma del IRPF elaborada por una comisión de expertos encerrados a pan y agua en los sótanos del Ministerio de Economía, según la filtración publicada en 'El País' los días 24 y 25 de noviembre. Las tarifas tendrán una importante reducción en los tipos y en el número de tramos, que se llevará a término en tres etapas. Primera etapa: declaración del año 1999, a presentar el 2000. La tarifa individual tendrá cinco tramos que van desde el 23% para la porción de base liquidable comprendida entre 0 y 1.500.000 pts, hasta el 50% para el exceso sobre 10.000.000. A nivel de los 10.000.¬000 el tipo medio resultante es el 38'35%. No hay mínimo exento pero, en cambio, hay una reducción por cabeza en base imponible de 600.000 pts.

1. Ejercicios iniciados durante el año 1997 Las deducciones por doble imposición fueron objeto de una importante modificación, por la ley 10/1996, de 18 de diciembre, de medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la internacionaliza¬ción de las empresas. Deducción por doble imposición interna (art. 28 LIS) La citada ley 10/1996 recoge con ligeras variantes las normas del real decreto-ley 8/1996, de 20 de julio. En relación con la redacción originaria de la LIS: 1) Se mantienen como supuestos que dan derecho a la deducción (apartado 3 del artículo 28), los de a) liquidación de sociedades; b) separación de socios; c) adquisición de acciones o participaciones propias para su amortización y d) disolución sin liquida¬ción en las operaciones de fusión, escisión total o cesión global del activo y del pasivo.

En nuestro informe 43/95, bajo el título «Tratamiento fiscal de las adjudicaciones, indemnizaciones o pensiones pactadas o fijadas con ocasión de la nulidad, separación o divorcio matrimonial», hacíamos una especial referencia a la figura de la compensación con ocasión de la extinción del régimen de separación de bienes por separación o divorcio, regulada en el artículo 23 de la Compilación de Cataluña, según redacción establecida por la ley 8/1993, de 30 de septiembre. Dice así el precepto: «El cónyuge que sin retribución o con una retribución insuficiente se haya dedicado a la casa o haya trabajado para el otro cónyuge tendrá el derecho a recibir de éste cuando se extinga el régimen por separación judicial, divorcio o nulidad del matrimonio, una compensación económica, si por razón de dicho defecto retributivo se ha generado una situación de desigualdad entre su patrimonio y el del otro cónyuge.

Nuestro compañero Francisco Espinosa nos ha hecho llegar la resolución citada en el encabezamiento, resolutoria de consulta, que juzgamos tiene interés más allá de su ámbito geográfico y del caso concreto que motivó la consulta. Más allá del ámbito geográfico, porque, aunque la consulta se resuelve de acuerdo con las reglas de la norma foral 3/96, éstas concuerdan, salvo muy ligeras variantes, con la ley estatal 43/1995, por lo que los criterios que se sientan pueden considerarse aplicables en todo el territorio español. Más allá del caso concreto, porque, aunque la consulta es muy particularizada, la solución que se le da es susceptible de amplia generalización. El tema concreto objeto de la consulta es el siguiente: «La normativa vigente sobre Ordenación del Seguro Privado dispone la obligación de calcular y contabilizar las provisiones técnicas, así como a invertirlas en activos, entre los cuales se encuentran los bienes inmuebles. Para que éstos sean aptos para la inversión deben estar tasados por los Servicios Técnicos de la Dirección General de Seguros o por entidad autorizada por este organismo. Esta tasación hasta 31-12-96 obligatoriamente se debía realizar cada 5 años y a partir del 1-1-97, al menos cada 3 años. Para dar cumplimiento a esta normativa se ha realizado la tasación de los inmuebles antes del 31-12-96, tasación que ha puesto de manifiesto la depreciación de alguno de ellos que será duradera aunque no definitiva. Contablemente se ha dotado la correspondiente provisión del inmovilizado material.»

1. Declaración del año 1997 La única diferencia, en esta materia, en relación con el año 1996 fue introducida en la ley de cesión de tributos. Las deducciones de cuantía fija se aumentan en porcentajes variables, por razón del redondeo, pero, en general, alrededor del 2'6%. Las cuantías en que quedan fijadas para estos años son: a) Por descendientes. Por cada uno de los dos primeros 22.100 Por el tercero 26.700 Por el cuarto y sucesivos 31.800 b) Por ascendientes En general 16.500 De más de 75 años 32.900 c) Sujeto pasivo de más de 65 años 16.000 d) Minusválidos 56.000 A pesar de que no es materia estrictamente de deducciones, se ha de hacer referencia aquí, por razón de la afinidad de la materia, a una modifica¬ción introducida por la ley carabina para el año 1997. A efectos de la reducción en base imponible por aportaciones a mutualidades y planes de pensiones, se computarán como rendimientos profesio¬nales, las imputaciones de sociedades transparentes de profesionales

Ley General Tributaria 1. Principios generales Igualdad. El principio de igualdad del artículo 14 no es reconducible sin más al de igualdad tributaria del artículo 31 de la CE. STC 159/2 oct. 1997. No es lo mismo la inconstitucionalidad de un precepto, que debe ser declarada por el TC, previo examen del órgano judicial correspondiente y la otra, la defensa de los derechos fundamentales de las partes ante el TC que debe hacerse a través del recurso de amparo. STC 159/2 oct. 1997. Principio de legalidad. Nulidad de Decreto Ley, modificando tarifas con efectos retroactivos. STC 28 oct. 1997. Imposibilidad de revisar un proceso fenecido mediante sentencia judicial con fuerza de cosa juzgada, aunque haya sido declarado un precepto inconstitucional posteriormente, salvo reducción de pena o sanción o una exclusión, exención o limitación de responsabilidad. STC 159/2 oct. 1997.

Tras la aprobación de la Ley 43/95 de Impuesto sobre Sociedades y su posterior Reglamento en 1997, aparecen una serie de diferencias, tanto permanentes, como temporales, a la hora de calcular el devengo del mismo hasta ahora no existentes. Aunque hasta ahora contábamos con una Resolución del ICAC, sobre contabilización del Impuesto sobre Sociedades, tanto en entidades en régimen normal, como en régimen de transparencia fiscal, la aparición de la nueva normativa y su complejidad, ha llevado a este organismo a elaborar una nueva que anula a la anterior, con la que se trata de dar una uniformidad de criterios al tratamiento del impuesto y aclarar en lo posible su contabilización, de forma que no dejemos de dar una imagen fiel de la empresa. Lo que tratamos de ver en este estudio, es la forma en que esta resolución se lleva a la práctica, para cada caso en concreto, por lo que iremos analizando uno a uno los diferentes ajustes que nos pueden aparecer.

Ya ha tomado carta de naturaleza entre las tradicionales costumbres navideñas españolas, tales como el consumo de mazapán, el cántico de villancicos o el tañer de las zampoñas, que nuestros diligentes legisladores, a golpe de enmienda entre villancico y villancico, nos obsequien con una nutrida colección de modificaciones tributarias envueltas en dos primorosos paquetitos atados con cintas de vivos colores: el de la ley de presupuestos y el de la ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, o sea lo que la doctrina menos solvente denomina la ley carabina. Si algún año (Dios no lo quiera) nos llegasen a faltar las modificaciones tributarias nos parecería que no era Navidad, por mucho besugo que nos diesen para cenar. Describimos a continuación el contenido de los paquetitos de este año, tal y como han sido amorosamente preparados por nuestro providente Gobierno, y a reserva de los retoques que el Parlamento tenga a bien introducir.

Dos sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, ambas de fecha 24 de octubre de 1996, dictadas respectivamente en los asuntos 288 y 317/94 se pronuncian sobre el tratamiento en el IVA de determinadas prácticas comerciales de descuento más o menos floreado. Ambas sentencias resuelven cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales británicos. No me consta que las prácticas comerciales aludidas sean habituales en España, porque yo nunca compro nada (vivo de los regalos de mis admiradoras). Pero supongo que sí son habituales en nuestro país, porque los comerciantes son iguales en todas las partes. Visto uno, vistos todos. El texto íntegro de una y otra sentencia, con sendos acertados comentarios de Gema García Balseiro y de Álvaro de la Cueva González-Cotera, pueden encontrarse en la revista «Impuestos», nº 18/1997. 1. Bonos de compra Esta jugada consiste en que una empresa de venta al por menor emite unos bonos numerados y con un determinado valor nominal que vende a otras empresas, en unos casos por el valor nominal y en otros con un descuento. Las empresas adquirentes de los bonos los revenden al público, o bien los utilizan para darlos como incentivo o gratificación a su personal. La empresa emisora se compromete a admitir los bonos por su valor nominal para el pago de las compras efectuadas en sus establecimientos.