En nuestro informe 36/91, fechado en junio de aquel año, cuando acababa de ver la luz la ley 18/91, cuya disposición adicional 14ª-dos modificaba el artículo 61-2 LGT, nos preguntábamos cuál era la naturaleza jurídica y el fundamento del flamante «recargo único» que aquella disposición creaba. Permítasenos reproducir lo que entonces escribimos: «El artículo 31-3 de la Constitución prescribe que "sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley". Las prestaciones patrimoniales son, fundamentalmente, los tributos, respecto de los cuales dice el párrafo 1 del mismo artículo que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá carácter confiscatorio". A tenor de esta norma, los tributos, que constituyen la forma más generalizada de prestación patrimonial al Estado, tienen un fundamento contributivo: representan la participación equitativa en los gastos públicos. Pero pueden existir otros tipos de prestaciones patrimoniales de carácter público. Así, las penas por delitos o faltas o las sanciones administrativas, a las que se refiere el artículo 25-1 de la CE, también para someterlas al principio de legalidad y al de irretroactividad: "Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento". A este tipo de prestación pública responden las sanciones por infracción simple o grave definidas en la LGT. Pero la disposición adicional 14ª de la Ley del IRPF nos dice que el "recargo único" no es una sanción. Aparte de que no podría serlo, tal y como está configurado, porque la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de abril de 1990 mantiene que las sanciones no pueden aplicarse de manera automática, ya que ha de atenderse al principio de culpabilidad.

Nuestro compañero Juan Carlos López-Hermoso nos plantea un tema de reflexión que, tal vez, puede interesar a otros asociados. El artículo 8 de la ley 18/91 extendió a las operaciones entre sociedades y personas físicas vinculadas el tratamiento que el artículo 16 LIS establecía para las operaciones entre sociedades vinculadas. «La valoración de las operaciones entre una sociedad y sus socios o consejeros o los de otra sociedad del mismo grupo, así como con los cónyuges, descendientes o ascendientes de cualquiera de ellas, se realizará por su valor normal en el mercado, en los términos previstos en el artículo 16 de la ley del Impuesto sobre Sociedades.» La interpretación del precepto, en términos literales y 'prima facie' nos indica que cuando se de el presupuesto de la norma —operación entre una sociedad y sus socios o consejeros— se seguirán las consecuencias previstas en el artículo 16 LIS. Y estas consecuencias, según la interpretación de la Administración, repetidamente corroborada por el TEAC —aunque todavía no, que sepamos, por los tribunales de justicia propiamente dicha— consisten en una especie de presunción 'iuris et de iure' o ficción legal, en virtud de la cual se entiende que la operación ha sido realizada por valor de mercado, sin que se admita prueba en contrario. Ahora bien, esta interpretación literal nos conduce a una discriminación entre socios sociedades y socios personas físicas. López-Hermoso nos lo plantea en estos términos: «Así, una sociedad que tenga participación del 24% en otra, si realizan operaciones entre ellas, no existe operación vinculada. Por otro lado, una persona física socio de una sociedad en un 0'5%, si realizan operaciones entre ellas, se aplicarían las normas de operaciones vinculadas.» Una de las herramientas que más dilectas le es al informante es la reducción al absurdo. Como dijo el admirable y admirado tratadista Rafael el Gallo, 'lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible'.

1.-AMORTIZACION ACELERADA El Real Decreto-Ley 3193 de 26 de febrero, de medidas urgentes sobre materias presupuestarias, tributarias, financieras y de empleo (art. 12), ha establecido la posibilidad de acelerar las amortizaciones establecidas por las tablas de amortización aprobadas por OM de 12 de mayo de 1993. REOUISITOS PARA LA APLICACIÓN DE AMORTIZACIÓN ACELERADA: Para elementos de activo fijo material nuevo. Afectos al desarrollo de la actividad empresarial. Puestos a disposición entre 31 marzo/93 y 3l/diciembre/94. El sistema de amortización del elemento debe basarse en las tablas oficiales, (no siendo por tanto de aplicación para los planes de amortización aprobados por la Administración). APLICACIÓN DE AMORTIZACION ACELERADA: Supone incrementar los coeficientes actuales en 50 puntos porcentuales con carácter potestativo para la empresa, permitiéndose la utilización indiscriminado, para los elementos que se desee. COEFICIENTE AMORTIZACIÓN Coeficient máxIMO RD Ley 3/93 según tablas X 1.5 Dicho beneficio fiscal de la amortización acelerada es compatible con cualquier otro beneficio que pudiera proceder por razón de los elementos sujetos a la misma Hay que destacar que dicha medida es de carácter urgente y por tanto circunstancial para los elementos puestos a disposición durante 10 meses del ejercicio 1994, pero no implica que la intención futura sea establecer criterios de amortización más rápidos con carácter general.

1. Planteamiento Siguiendo el repaso del alud de proyectos legislativos en materia tributaria que ha caído sobre nosotros en los últimos meses, le llega el turno ahora al proyecto de ley de reforma parcial de la ley general tributaria. El texto del que damos cuenta es un anteproyecto o borrador, no fechado, que llega a nuestras manos en papel con membrete del Ministerio y cuya autenticidad parece verosímil porque sus líneas generales coinciden con los avances o filtraciones que nos han llegado a través de la prensa. Las aludidas líneas generales, parecen bastante bienintencionadas, en especial, en lo que se refiere a la regulación de las infracciones y sanciones, que responde el loable propósito pacificador y de reducción de la conflictividad anunciado meses atrás desde ciertos círculos del Ministerio. En nuestra modesta opinión no todo el texto es tan plausible. En cada caso indicaremos las críticas que nos sugiere. Es de esperar que éste sea el penúltimo capítulo de la inacabable sucesión de parches y contraparches a que se ha visto sometido el infeliz cuerpo legal, que a estas horas se asemeja más a un colador o a capa de mendigo que a una ley seria, de aquellas que se usan en los países donde legislan los legisladores. 2. Análisis de las modificaciones del articulado

Nota.- Texto de la ponencia presentada el 22 de octubre de 1994 en el seminario de Derecho Tributario de la Escuela de Altos Estudi¬os Empresariales de la Universidad de Barcelona. eviterno. Que, habiendo comenza¬do en el tiem¬po, no ten¬drá fin; como los ángeles, las almas raciona¬les, el cielo empíreo. (Dicciona¬rio de la Academi¬a) 1. Planteamiento Una de las cuestiones que justificadamente preocupan a los profesionales del asesoramiento fiscal es la exagerada duraci¬ón de los procedimientos de comprobación e investigación tributaria. No es infrecuente, al menos en Cataluña, que una inspección se prolongue durante dos, tres e incluso cuatro años, con las consiguientes inseguridad, incertidumbre y presión psicológica para el ciudadano contribuyente. La prolongación de las actuaciones inspectoras por un año o más podría justificarse - y aun sería discutible - tratándose de comprobaciones de carácter general en grandes empresas. Digo que sería discutible, porque las técnicas de trabajo en equipo y el uso de medios informáticos permiten hoy concluir la más compleja de las actuaciones de comprobación en un tiempo razonable, que nunca debiera superar el lapso de un año. Pero lo que carece de toda justificación es la prolonga¬ción indefinida de actuaciones realizadas cerca de contribu¬yentes personas físicas, y, en especial, cuando éstas no ejercen actividades empresariales o profesionales. Sin embar¬go, los dos últimos informes de la institución del Defensor del Pueblo recogen diversas denuncias de actuaciones inspecto¬ras de duración maratoniana, en un caso, por lo menos, de cuatro años. En este último caso, la Administración pretendía justificar la eviterni¬dad de la actuación por la «complejidad fuera de lo común» que presentaba. Ya veremos después a qué cosa llaman complejidad los poderosos sujetos activos o dere¬chohabientes tributarios.

1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 1.1. Reducción del rendimiento neto en estimación objetiva por módulos El rendimiento neto de las actividades en las que resulte aplicable y por las que no se haya renunciado a la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del IRPF se reducirá —«podrá reducirse» dice el precavido proyectista de legislador— en un 8% durante 1995. El proyectista de legislador precisa que «el rendimiento neto a que se refiere el párrafo anterior será el resultante exclusivamente de la aplicación de las normas que regulen la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetivas». Suponemos que quiere decir que la reducción no se aplicará a los posibles incrementos patrimoniales. Podría haberlo dicho más claro. La reducción se tendrá en cuenta —no faltaría más— a efectos de los pagos fraccionados correspondientes al ejercicio de 1995. Esta reducción es compatible con la del 20% prevista en el artículo 13-1 del real decreto-ley 3/1993 para las nuevas actividades. Entendemos que los dos porcentajes de reducción no se aplicarán acumulativamente, sino que se adicionarán. Es decir, que los sujetos pasivos en quienes concurriesen las circunstancias del artículo 13-1 del real decreto-ley 3/1993 tendrán derecho a una reducción del 28%.

El fin de la Campaña de Renta y Sociedades, quizás ha hecho pasar desapercibida a algunos Compañeros una interesante Sentencia del Tribunal Supremo (1º de Febrero de 1994) publicada muy recientemente por los medios de comunicación especializados. (Crónica Tributaria). Nos estamos refiriendo al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Art. 101 de la Ley 39/1988, 28 de Diciembre, Ley de Haciendas Locales, que grava la «realización dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija Licencia de obras o urbanística». Este Impuesto, que en Madrid es del 3%, está creando en su interpretación y aplicación conflictos entre el Municipio y los contribuyentes, dado que la base imponible según la Ley LHL Art. 103.1 «está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra». Pero nos podemos preguntar ¿Qué se interpreta por «coste real y efectivo»? Existen dos teorías, la interpretación amplia (costes directos, indirectos, generales y beneficio industrial) que dado su interés recaudatorio aplican los municipios... luego todo... ¿pero que es «todo coste»?... Algunos estiman... todo lo que como costo está previsto en el Plan General de Contabilidad en versión industria de la Construcción... según esto podríamos incluir estudios de mercado, suelos, influencia ambiental, vallas publicitarias, el bolígrafo del listero, etc.

1. Deducción por salarios del cónyuge e hijos menores Como es sabido, el artículo 43-dos de la ley 18/91 exige, para que sean deducibles las retribuciones estipuladas con el cónyuge e hijos menores de los empresarios individuales, que éstas tengan por límite las retribuciones de mercado correspondientes a la categoría laboral y trabajo desempeñado, y, además, que se cumplan los requisitos de: - Existencia de contrato laboral; - Afiliación al régimen correspondiente de la Seguridad Social. En una de las últimas reuniones de los lunes barceloneses se suscitó la cuestión de cuál era el régimen «correspondiente» de la Seguridad Social; si necesariamente el régimen general o si éste podía ser el régimen de autónomos. La cuestión había sido ya tocada en nuestro informe 16/94, comentando una resolución de la DGT, cuya fecha no nos es conocida, ya que extrajimos la referencia de un diario económico: «Cinco Días». La solución de la DGT era que el régimen «correspondiente» había de ser general, criterio que fundamentaba en los siguientes argumentos:

La Ley 23/1994, de 6 de julio introduce algunas modificaciones en la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido que responden, fundamentalmente, a la necesidad de adaptar nuestra normativa a las Directivas Comunitarias en la materia y adecuarla a los criterios del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Precisamente, de las modificaciones contenidas en dicha ley, la de mayor interés para todas las empresas tiene por causa la Sentencia del Tribunal de la CEE de 27 de octubre de 1993. En la misma se aclaran los criterios de determinación de la base imponible, estableciéndose que no deben integrarse en ella los intereses por los aplazamientos de pago concedidos después de la realización de las operaciones sujetas al impuesto. Por otra parte, el RD 1811/1994, de 2 de septiembre introduce modificaciones en el RIVA, en la normativa reguladora del NIF (RD 338/90) y en la relativa a las obligaciones de facturación que incumben a empresarios y profesionales (RD 2402/85). En esta norma destacan las disposiciones relativas a la recuperación del IVA en los supuestos de insolvencia reconocida judicialmente y la incorporación de nuevos sectores al sistema de devoluciones mensuales. Las restantes modificaciones tienen un interés más limitado pues se refieren a aspectos muy específicos como son las exenciones en las tiendas libres de impuestos e importaciones de bienes en régimen de viajeros, determinadas exenciones en servicios relacionados con el tráfico intracomunitario, localización de servicios telefónicos, telegráficos y de promoción publicitaria, determinación de la base imponible en el régimen especial de las agencias de viajes, así como determinadas modificaciones relacionadas con las obligaciones de identificación de los sujetos pasivos y la facturación de las operaciones sujetas al impuesto.

SUPUESTOS DE DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS EN FAVOR DE DETERMINADOS SOCIOS Es de agradecer a los redactores del Informe para la Reforma del Impuesto sobre Sociedades, denominado «Libro Blanco», la utilización de términos generalmente inteligibles para el común de los mortales. El uso de un lenguaje críptico, es una ostentación de tecnología profesional, con la que se dirigen al ciudadano, no solo las leyes, que han de ser interpretadas, sino lo que es peor, los Órganos encargados de interpretarlas, es decir de explicárselas al que no las entiende, siendo así las sentencias interpretativas de las normas, las que utilizan un léxico especialmente obsoleto y complicado.