IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Deducciones y devoluciones. Devoluciones a no establecidos. Requisitos. Cumplimiento. En el supuesto planteado, no resulta ajustado a derecho el acuerdo de denegación de la solicitud de devolución dictado por la Oficina Nacional de Gestión. La solicitud de devolución presentada por el contribuyente se ajusta a lo dispuesto en los preceptos de aplicación. Y esto es así, toda vez que si bien dicha solicitud no se refiere al trimestre natural, sí se refiere a las cuotas soportadas en el curso del año natural. En concreto la solicitud abarca las cuotas del IVA soportadas por la entidad entre los meses de julio y diciembre de 2009, que son cuotas soportadas en el curso del año natural 2009. La especificación del período, dentro del año natural, en el que se han soportado las cuotas cuya devolución se solicita, en modo alguno puede entenderse como un incumplimiento determinante de la invalidez de la solicitud, por lo que no es motivo suficiente para denegar a la entidad la devolución solicitada. En consecuencia, procede la estimación de la reclamación interpuesta.

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES. Transmisión de acciones y participaciones en empresas familiares. Valor de las participaciones. Reducción de la base liquidable que contempla el artículo 20.2.c) de la Ley de impuesto. Alcance de la reducción del 95% en la base liquidable. Examen de las circunstancias que concurrían en el momento del devengo del impuesto y habiéndose acreditado que, en ese momento, uno de los herederos había percibido retribuciones por actividad de dirección en la empresa familiar que superaban el 50% del total de las rentas percibidas. Forma de acomodar un impuesto instantáneo, como es el de sucesiones, con otros dos impuestos periódicos como son renta y patrimonio. Procedencia de la reducción de la base liquidable pretendida. El concepto de «último» ejercicio de renta.

INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. Actuaciones de comprobación. Impuesto sobre Sociedades. Procedencia de la aplicación de deducciones en la cuota por inversiones en I+D, previstas en el art. 33 de la LIS por ejercicios prescritos. La Inspección carece de atribuciones para modificar las bases imponibles respecto de las cuantías de los proyectos de I+D acreditados en los ejercicios prescritos. Está vedado a la inspección el analizar y declarar que dichos proyectos no responden al concepto de investigación o desarrollo por haber adquirido firmeza en base al instituto de la prescripción, sin perjuicio de las facultades que pudiera tener para solventar errores de cálculo o contables.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. Actuaciones sancionables. Principio de culpabilidad. Motivación insuficiente. No entiende la Sala que la conducta del obligado tributario sea culpable, ni siquiera a título de negligencia, en lo que hace al indebido cálculo de la suma deducible para evitar la doble imposición internacional. En cuanto a la otra infracción sancionada, relativa a la aplicación de retenciones superiores a las efectivamente aplicadas, nada se aduce en la demanda en relación con aquella infracción, lo que no permite a la Sala cuestionar en modo alguno la legalidad de la sanción impuesta por este concepto. En consecuencia, procede la estimación parcial del recurso interpuesto.

PROCEDIMIENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO. Ejecución de resoluciones. Plazo. No resulta aplicable el plazo de prescripción de 4 años previsto para el procedimiento administrativo de devolución ingresos indebidos, pues la devolución de las cantidades solicitadas es consecuencia de un pronunciamiento judicial firme que no ha sido cumplido por la Administración. Resulta improcedente considerar que es aplicable el plazo de 4 años que rige para la prescripción del ejercicio de las potestades de la Administración, toda vez que en el presente caso no se dirime el contenido y extinción de una potestad tributaria, sino la potestad administrativa de revisión obligatoria, previo al agotamiento de la vía antecedente de la judicial, que no puede decaer ante la pasividad de una Administración obligada por la Constitución y las leyes a cumplir lo mandado en el fallo. En orden a la determinación del plazo de prescripción del derecho a obtener las cantidades reconocidas en sentencia, la jurisprudencia administrativa se decanta por el general de las acciones personales, de 15 años, previsto en el artículo 1964 del CC. Por tanto, procede la estimación del recurso y el reconocimiento del derecho a la devolución de lo solicitado.

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y AJD. Constitución de hipoteca unilateral en favor de la Administración en garantía de un aplazamiento o fraccionamiento o de suspensión. Consecuencias fiscales y determinación del sujeto pasivo. FIJACIÓN DE CRITERIO. Debe diferenciarse en función de si la hipoteca la constituye un particular (no sujeto pasivo del IVA) o la constituye un empresario o profesional. Si se trata de un empresario o profesional, es una operación sujeta al IVA y el sujeto pasivo será la Administración, como adquirente del derecho, resultando de aplicación las exenciones subjetivas del citado artículo 45.I.A de la ley del impuesto. Si la constituye un particular será una operación sujeta al ITP y AJD en la modalidad de TPO. Al tratarse de la constitución de un derecho real, en caso de aceptación, el sujeto pasivo será el acreedor hipotecario (el organismo público en este caso) con la aplicación de las exenciones subjetivas previstas en la norma; si no se acepta la hipoteca la operación tributa por la modalidad de AJD, documentos notariales, cuota gradual, resultando sujeto pasivo la Administración que quedaría exenta conforme a la normativa aplicable. El sujeto pasivo es el adquirente del bien o derecho, teniendo el criterio relativo al otorgante de la escritura un carácter subsidiario. Posibilidad de que el TEAC fije criterio, de carácter vinculante para toda la Administración tributaria aunque el recurso extraordinario de alzada no sea estimatorio.

GESTIÓN TRIBUTARIA. Actuaciones y procedimientos. Clases. Comprobación limitada. La existencia de una liquidación provisional anterior no impide, posteriormente, modificar la liquidación provisional mediante la comprobación de la situación realizada por los órganos de Inspección, sin que ello implique ni reformatio in peius, ni conculcación de los actos propios. La Inspección practica la correspondiente liquidación de la que se deriva una cuota tributaria final una vez deducida lo ya ingresado por el interesado. En el procedimiento de comprobación en ningún momento se realizaron actuaciones tendentes a verificar la calificación del traspaso de bienes por el contribuyente a su patrimonio personal como consecuencia del cese en su actividad económica, ni la valoración de los mismos, por lo que no había ningún obstáculo para que, respecto a dicho objeto, se iniciaran posteriormente las actuaciones de inspección que han dado lugar a la liquidación definitiva impugnada. Comprobación de valores. Motivación suficiente de la liquidación practicada. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. Actuaciones sancionables. Principio de culpabilidad. Análisis. Ausencia de interpretación razonable de la norma.

Procedimiento contencioso-administrativo. Legitimación. Interés de los antiguos administradores de la sociedad para recurrir una resolución del TEAR favorable al sujeto pasivo, puesto que anula las liquidaciones practicadas. Estamos, pues en un supuesto en el que eventualmente teniendo la consideración de interesados los antiguos administradores en el procedimiento económico administrativo, dicho interés no coincide con el que sirve de base para la legitimación procesal. Efectivamente, tienen legitimación para una finalidad concreta, evitar que se le pueda declarar responsable en el impuesto sobre sociedades en los ejercicios de 2000 y 2001 de la referida entidad, en cuanto eran sus administradores. Declaradas la nulidad de las citadas liquidaciones, y con ella imposibilitándose una declaración de responsabilidad tributaria de los antiguos administradores por este concepto, aún reconociéndosele legitimación para una finalidad concreta, en cuanto la posición que ocupa en la relación jurídica tributaria, como posibles responsables de las obligaciones tributarias, viniendo su posición procesal condicionada a dicha legitimación, es evidente que esta no abarca la específica legitimación de solicitar la nulidad de las resoluciones de los Tribunales Económico Administrativas para procurar la validez de las citadas liquidaciones, al carecer de acción para una impugnación que queda fuera del ámbito para el que la legitimación se le reconoce.

AGUAS. Infracciones y sanciones. Captación abusiva de aguas. Procedente minoración tanto de la multa que procede imponer a la recurrente, como de la indemnización que debe abonar por los daños que con su conducta infractora causó al dominio público hidráulico. Existen en el expediente informes y datos que sitúan el daño al dominio público hidráulico en cuantía notablemente inferior a la indicada en la resolución sancionadora. Las normas jurídicas entonces vigentes no imponían como únicas valoraciones admisibles las que estuvieran basadas en criterios técnicos de carácter general previamente establecidos. NOTIFICACIONES. Administrativas. La acreditación que requiere el art. 58.4 LRJAP-PAC -será suficiente la notificación que contenga el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado-, no forma parte del plazo que ha de computarse al efecto de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración del procedimiento, sino que es sólo una exigencia de constatación. Rectificación de doctrina legal declarada en STS de 17 Nov. 2003, sólo en el sentido de sustituir la frase "el intento de notificación queda culminado, a los efectos del art. 58.4 LRJAP-PAC, en el momento en que la Administración reciba la devolución del envío, por no haberse logrado practicar la notificación", por la de "el intento de notificación queda culminado, a los efectos del art. 58.4 LRJAP-PAC, en la fecha en que se llevó a cabo". VOTO PARTICULAR.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. IGUALDAD DE TRATO. Beneficios y ventajas fiscales. Normativa interna que computa, para calcular la tributación en conjunta en un Estado miembro, los rendimientos percibidos en otro que están exentos en el primero. Interpretación del artículo 49 TFUE. Se opone a la aplicación de una normativa fiscal de un Estado miembro que priva a una pareja residente en ese Estado y que percibe rendimientos de ése y de otro Estado miembro a la vez, del beneficio fiscal a causa de sus modalidades de imputación, pues dicha pareja se habría beneficiado de ella si el cónyuge que obtiene mayores rendimientos no percibiera la totalidad de éstos en otro Estado miembro.