REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. CAJAS DE SEGURIDAD. Realizado por el órgano de recaudación a una entidad financiera reclamando la relación de titulares (y autorizados para su apertura) de cajas de seguridad, con expresión del nº y localización física de las cajas. Interpretación del artículo 93 LGT. Concepto de «trascendencia tributaria» de la información requerida y requisito de motivación del requerimiento. Deber de colaboración de los obligados tributarios. Doctrina jurisprudencial. COMPETENCIAS DEL ÓRGANO DE RECAUDACIÓN. El tipo y alcance del requerimiento excede del ámbito competencial del órgano actuante, pues no consta que se refiera al cobro de una deuda concreta de carácter tributario. Aunque el art. 10.2 del Reglamento de Recaudación 2005 prevé que dichos órganos practiquen requerimientos de información, no pueden hacerlo en cualquier contexto; la potestad debe estar vinculada directamente a la competencia y actividad del órgano administrativo. En este caso no existían deudas o sanciones que recaudar.

Correcta interpretación por el registrador mercantil de la Ley de Sociedades Profesionales. JUICIO VERBAL EN MATERIA DE CALIFICACIÓN REGISTRAL. Calificación negativa de escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada que incluía en su objeto social «los servicios de asesoramiento técnico financiero, contable, comercial, fiscal, jurídico e industrial», por ser actividades que requieren título oficial y están sujetas a colegiación conforme a la Ley 2/2007, de sociedades profesionales. Adecuación de la calificación negativa a dicha Ley e interpretación inadmisible de ésta por la DGRN. La calificación negativa del registrador comportaba evitar que una sociedad plenamente encuadrable, por su objeto social, en el ámbito de dicha ley, quedara al margen de los requisitos exigidos por la misma. Resulta, así, que la calificación negativa del registrador se ajustó a los principios de la L 2/2007 de mayor relevancia aunque inexplicablemente se prescinda de ellos en la resolución de la DGRN que revocó aquella calificación. Legitimación del registrador para promover juicio verbal en impugnación de la resolución de la DGRN al contener esta una advertencia de expediente disciplinario. Resumen de antecedentes y Sentido del fallo El Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda de anulación de la resolución de la DGRN que revocó la calificación negativa del registrador demandante. La AP Valencia revocó la sentencia del Juzgado y declaró la nulidad de la resolución. El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación por interés casacional interpuesto por la Administración del Estado.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRINUTARIAS. Clases de infracciones. Falta de atención a requerimiento solicitando información tributaria. INCONGRUENCIA OMISIVA. Existencia. Motivación de la culpabilidad. Motivación y graduación de la sanción impuesta. Criterio de proporcionalidad. Deficiente motivación de los criterios de graduación, ya que, para acudir al criterio proporcional de volumen de negocio, resultaba necesario conocer la magnitud económica de la operación a la que el requerimiento se refería.

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Concepto de actividad económica. Entregas de madera para paliar los daños causados por una tormenta. Las entregas de madera para paliar los efectos de un caso de fuerza mayor se inscriben dentro del marco de la explotación de un bien corporal que debe calificarse como «actividad económica» en el sentido de dicha disposición, siempre que tales entregas se realicen con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar el conjunto de elementos a fin de determinar si la explotación de un bien corporal, como un bosque, se realiza con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. MULTA. Principio de proporcionalidad. No cabe excluir que sea contraria al principio de proporcionalidad una norma del Derecho nacional que permite imponer una multa, calculada aplicando el tipo normal del IVA al valor de los bienes objeto de las entregas efectuadas, a un particular que ha incumplido su obligación de inscribirse en el registro de sujetos pasivos del IVA y que no estaba obligado al pago de dicho impuesto.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. Adquisición intracomunitaria de mercancías vinculada al régimen de depósito distinto del aduanero, no presentándose el modelo 380 de autoliquidación del IVA a la importación, aunque sí el modelo 300 y el 349 de resumen anual. Se considera por el Tribunal Regional que es improcedente la imposición de sanción a pesar de ser conducta antijurídica y típica al haber puesto el interesado la diligencia necesaria lo que excluye la culpabilidad en la conducta. RECURSO EXTRAORDINARIO DE ALZADA PARA LA UNIFICACIÓN DE CRITERIO. Inadmisión. La finalidad de este recurso no es revisar de forma ordinaria la resolución dictada por un TEAR, sino unificar criterio en los términos previstos en el artículo 242 LGT. En tales circunstancias no es posible encajar juicios de culpabilidad de conductas concretas dentro de su ámbito, pues de hacerlo se estaría entrando de nuevo a revisar la resolución dictada, lo que excede de la naturaleza y función del recurso.

Infracciones y sanciones. Presentación fuera de plazo de varias declaraciones sin perjuicio económico, correspondientes a distintas obligaciones tributarias. Imposición de las sanciones que procedan por todas y cada una de ellas. Cuando en la misma fecha concurre la presentación fuera de plazo de varias declaraciones sin perjuicio económico correspondientes a distintas obligaciones tributarias, cabe la posibilidad de, en su caso, apreciar varias infracciones, siendo posible la imposición de las sanciones que procedan por todas y cada una de ellas, de conformidad con lo previsto en el artículo 180.4 de la Ley General Tributaria. No cabe acudir a la figura de la infracción continuada ya que la propia LGT ha arbitrado reglas específicas para evitar que ante una situación de incumplimiento múltiple, la sanción de todos esos incumplimientos llegue a ser desproporcionada, como lo son las normas sobre compatibilidad e incompatibilidad entre infracciones; la imposibilidad de sancionar una conducta cuando sea utilizada como circunstancia determinante de la calificación de una infracción como grave o muy grave o como criterio de graduación; o la fijación de límites máximos en la imposición de determinadas sanciones.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. Base imponible. La base imponible del IBI viene constituida por el valor catastral del inmueble, sin que dicho valor pueda ser superior al de mercado del referido bien. La ponencia de valores ha de contener los criterios y módulos de valoración de los bienes de especiales características y se ha de basar en los criterios y contenido mínimo de los estudios del mercado inmobiliario establecidos por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.

MEDIDAS CAUTELARES. SUSPENSIÓN DE LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS. Actos de contenido negativo. Cabe acordar la suspensión de liquidaciones tributarias, puesto que la denegación del aplazamiento no sólo tiene un contenido negativo sino que a él se anuda, indisolublemente, un mandato de dar. El objeto del incidente de suspensión es analizar si concurren los requisitos para su concesión y resolver sobre la admisión a trámite de la solicitud de suspensión, no entrando a resolver sobre el fondo del asunto.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Aproximación de las legislaciones. Régimen fiscal común aplicable a fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros. Interpretación del artículo 11.1 a) de la Directiva 90/434/CEE. Ventajas fiscales. La Directiva no se opone a una normativa nacional que supedite la concesión de las ventajas aplicables a una operación de escisión al requisito de que la solicitud correspondiente a esa operación se presente dentro de un plazo determinado. Corresponde al órgano remitente comprobar si las modalidades de aplicación del plazo son precisas, claras y previsibles para permitir a los sujetos pasivos que conozcan sus derechos y garantizar que puedan beneficiarse de las ventajas fiscales previstas en la Directiva.

TRIBUTOS CEDIDOS. C.A. ANDALUCÍA. Declaración de inconstitucionalidad de los artículos 6, 7 e inciso final «o el valor consignado en las declaraciones presentadas por el sujeto pasivo a efectos de liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el préstamo hipotecario cuando proceda de la valoración realizada por una sociedad de tasación conforme a la legislación vigente» del artículo 23.4, todos ellos de la L 10/2002 del Parlamento de Andalucía, de tributos cedidos y otras medidas tributarias. COMPETENCIA DE LAS CC.AA. En relación a los tributos cedidos, que son de titularidad estatal, si bien las Comunidades Autónomas pueden asumir por delegación determinadas potestades de aplicación de los mismos. Extralimitación competencial de la Comunidad Autónoma en cuanto a los preceptos que establecen deducciones sobre la cuota íntegra autonómica del IRPF (anudadas a la obtención de una categoría específica de renta, en concreto la que procede del ejercicio de actividades económicas) y regulan el dictamen de peritos en los procedimientos de comprobación de valores en el ITP y AJD. PÉRDIDA DE OBJETO. No se produce aun cuando los artículos impugnados han sido objeto de derogación expresa por normas posteriores. Lo relevante no es la expulsión del ordenamiento de la concreta norma sino si con la expulsión cesa o no la controversia competencial, que en este caso continúa pues las normas han sido sustituidas por otras que vienen a plantear los mismos problemas competenciales. EFECTOS. Alcance de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos cuestionados, que en aplicación del principio de seguridad jurídica no puede afectar las situaciones jurídicas consolidadas, no solo las decididas con fuerza de cosa juzgada sino también las situaciones administrativas firmes.