IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Rendimientos de actividades económicas. Gastos deducibles. Gastos de promoción. Razonabilidad de la calificación de “conveniente para la gestión de la empresa” la entrega de entradas por parte del torero a periodistas y medios de comunicación, representantes de otros toreros, empresarios y, en general, a personas clave en la contratación dentro del mundo taurino, conformando un elemento promocional de su actividad con un impacto evidente en la posibilidad de ser contratado, bien para más plazas bien para plazas de mayor categoría. Ganancias no justificadas. Inexistencia. Regularización de rentas no declaradas por el sujeto pasivo, consistentes en entradas de divisas que la Administración determina que corresponden a rendimientos derivados de su actividad, dadas las fechas de declaración de estos ingresos en las cuentas bancarias y la fecha en que tuvieron lugar las corridas en los países hispanoamericanos. INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. Actuaciones inspectoras. Inicio de las actuaciones. Motivación del acuerdo de iniciación, el cual menciona la orden de carga en plan de inspección.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. Pagos fraccionados. Opción. Aun siendo cierto que en la fecha de presentación de la declaración censal la opción en ella ejercitada había de reputarse incompleta, no puede olvidarse que el recurrente completó esa declaración mediante escrito posteriormente, y en él aportaba la elevación a público del acuerdo de modificación estatutaria junto con un resguardo del Registro Mercantil indicando que, en la misma fecha, se había presentado un documento en las oficinas de dicho Registro para su inscripción. Siendo cierto que este último documento no hacía referencia expresa a lo efectivamente presentado, la actuación exigible a la Administración era de la de conceder a la parte un plazo de subsanación para que pudiera acreditarse que la escritura pública aportada fue efectivamente presentada para su inscripción en el Registro Mercantil. Es por ello que debe entenderse contraria a derecho esta actuación debiendo anularse las liquidaciones practicadas.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Retenciones y pagos a cuenta. Unificación de criterio. Determinación del período impositivo en el que pueden deducirse retenciones practicadas por rendimientos de actividades económicas percibidos en un ejercicio posterior al de su devengo. Deben imputarse al mismo período impositivo en el que deben imputarse las rentas de los que procedan (criterio de imputación temporal). No obstante, en cuanto al derecho a deducir dichas retenciones y pagos a cuenta y no existiendo en la normativa reguladora del IRPF ningún precepto que habilite para ello con anterioridad al momento de nacimiento de la obligación de retener, dicho derecho nacerá en el momento en que las rentas se abonen o satisfagan. Si abonadas las rentas las retenciones o ingresos a cuenta no se practican o se realizan por importe inferior a lo debido por causa imputable al pagador, el perceptor de las rentas podrá deducirse de la cuota de su impuesto el importe procedente, debiendo ser imputado en todo caso al mismo período al que se imputan dichas rentas.

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. CAJAS DE SEGURIDAD. Realizado por el órgano de recaudación a una entidad financiera reclamando la relación de titulares (y autorizados para su apertura) de cajas de seguridad, con expresión del nº y localización física de las cajas. Interpretación del artículo 93 LGT. Concepto de «trascendencia tributaria» de la información requerida y requisito de motivación del requerimiento. Deber de colaboración de los obligados tributarios. Doctrina jurisprudencial. COMPETENCIAS DEL ÓRGANO DE RECAUDACIÓN. El tipo y alcance del requerimiento excede del ámbito competencial del órgano actuante, pues no consta que se refiera al cobro de una deuda concreta de carácter tributario. Aunque el art. 10.2 del Reglamento de Recaudación 2005 prevé que dichos órganos practiquen requerimientos de información, no pueden hacerlo en cualquier contexto; la potestad debe estar vinculada directamente a la competencia y actividad del órgano administrativo. En este caso no existían deudas o sanciones que recaudar.

Correcta interpretación por el registrador mercantil de la Ley de Sociedades Profesionales. JUICIO VERBAL EN MATERIA DE CALIFICACIÓN REGISTRAL. Calificación negativa de escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada que incluía en su objeto social «los servicios de asesoramiento técnico financiero, contable, comercial, fiscal, jurídico e industrial», por ser actividades que requieren título oficial y están sujetas a colegiación conforme a la Ley 2/2007, de sociedades profesionales. Adecuación de la calificación negativa a dicha Ley e interpretación inadmisible de ésta por la DGRN. La calificación negativa del registrador comportaba evitar que una sociedad plenamente encuadrable, por su objeto social, en el ámbito de dicha ley, quedara al margen de los requisitos exigidos por la misma. Resulta, así, que la calificación negativa del registrador se ajustó a los principios de la L 2/2007 de mayor relevancia aunque inexplicablemente se prescinda de ellos en la resolución de la DGRN que revocó aquella calificación. Legitimación del registrador para promover juicio verbal en impugnación de la resolución de la DGRN al contener esta una advertencia de expediente disciplinario. Resumen de antecedentes y Sentido del fallo El Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda de anulación de la resolución de la DGRN que revocó la calificación negativa del registrador demandante. La AP Valencia revocó la sentencia del Juzgado y declaró la nulidad de la resolución. El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación por interés casacional interpuesto por la Administración del Estado.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRINUTARIAS. Clases de infracciones. Falta de atención a requerimiento solicitando información tributaria. INCONGRUENCIA OMISIVA. Existencia. Motivación de la culpabilidad. Motivación y graduación de la sanción impuesta. Criterio de proporcionalidad. Deficiente motivación de los criterios de graduación, ya que, para acudir al criterio proporcional de volumen de negocio, resultaba necesario conocer la magnitud económica de la operación a la que el requerimiento se refería.

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Concepto de actividad económica. Entregas de madera para paliar los daños causados por una tormenta. Las entregas de madera para paliar los efectos de un caso de fuerza mayor se inscriben dentro del marco de la explotación de un bien corporal que debe calificarse como «actividad económica» en el sentido de dicha disposición, siempre que tales entregas se realicen con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar el conjunto de elementos a fin de determinar si la explotación de un bien corporal, como un bosque, se realiza con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. MULTA. Principio de proporcionalidad. No cabe excluir que sea contraria al principio de proporcionalidad una norma del Derecho nacional que permite imponer una multa, calculada aplicando el tipo normal del IVA al valor de los bienes objeto de las entregas efectuadas, a un particular que ha incumplido su obligación de inscribirse en el registro de sujetos pasivos del IVA y que no estaba obligado al pago de dicho impuesto.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. Adquisición intracomunitaria de mercancías vinculada al régimen de depósito distinto del aduanero, no presentándose el modelo 380 de autoliquidación del IVA a la importación, aunque sí el modelo 300 y el 349 de resumen anual. Se considera por el Tribunal Regional que es improcedente la imposición de sanción a pesar de ser conducta antijurídica y típica al haber puesto el interesado la diligencia necesaria lo que excluye la culpabilidad en la conducta. RECURSO EXTRAORDINARIO DE ALZADA PARA LA UNIFICACIÓN DE CRITERIO. Inadmisión. La finalidad de este recurso no es revisar de forma ordinaria la resolución dictada por un TEAR, sino unificar criterio en los términos previstos en el artículo 242 LGT. En tales circunstancias no es posible encajar juicios de culpabilidad de conductas concretas dentro de su ámbito, pues de hacerlo se estaría entrando de nuevo a revisar la resolución dictada, lo que excede de la naturaleza y función del recurso.

Infracciones y sanciones. Presentación fuera de plazo de varias declaraciones sin perjuicio económico, correspondientes a distintas obligaciones tributarias. Imposición de las sanciones que procedan por todas y cada una de ellas. Cuando en la misma fecha concurre la presentación fuera de plazo de varias declaraciones sin perjuicio económico correspondientes a distintas obligaciones tributarias, cabe la posibilidad de, en su caso, apreciar varias infracciones, siendo posible la imposición de las sanciones que procedan por todas y cada una de ellas, de conformidad con lo previsto en el artículo 180.4 de la Ley General Tributaria. No cabe acudir a la figura de la infracción continuada ya que la propia LGT ha arbitrado reglas específicas para evitar que ante una situación de incumplimiento múltiple, la sanción de todos esos incumplimientos llegue a ser desproporcionada, como lo son las normas sobre compatibilidad e incompatibilidad entre infracciones; la imposibilidad de sancionar una conducta cuando sea utilizada como circunstancia determinante de la calificación de una infracción como grave o muy grave o como criterio de graduación; o la fijación de límites máximos en la imposición de determinadas sanciones.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. Base imponible. La base imponible del IBI viene constituida por el valor catastral del inmueble, sin que dicho valor pueda ser superior al de mercado del referido bien. La ponencia de valores ha de contener los criterios y módulos de valoración de los bienes de especiales características y se ha de basar en los criterios y contenido mínimo de los estudios del mercado inmobiliario establecidos por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.