STJUE de 9 de febrero de 2017, as. C-21/2016. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Exenciones. Entregas intracomunitarias. Denegación del beneficio fiscal reclamado por no estar el adquiriente dado de alta en el Registro de operadores intracomunitarios en España ni registrado en el sistema VIES en el momento en que se efectuaron las ventas. Interpretación de los arts. 131 y 138 de la Directiva 2006/112/CE. Ni la obtención por parte del adquirente de un número de identificación a efectos del IVA válido para la realización de operaciones intracomunitarias ni su registro en el sistema VIES constituyen requisitos materiales para la exención del IVA de una entrega intracomunitaria. Los requisitos formales, no pueden poner en tela de juicio el derecho del vendedor a la exención del IVA si éste cumplen con los requisitos materiales de una entrega intracomunitaria.

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y nulos los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la Norma Foral de 16/1989, de 5 de julio del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aunque únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. Resulta interesante que el  Tribunal no haya delimitado los efectos temporales de este pronunciamiento.

STSJ de Madrid de 21 de diciembre de 2016, rec. 462/2015. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Deducción por adquisición de vivienda habitual. Aplicabilidad de la deducción correspondiente a la vivienda adquirida privativamente por la esposa, en la que reside junto al hijo del matrimonio, pese a que su marido, del que se encuentra separado legalmente y con el que presenta de manera conjunta su autoliquidación, resida en otra vivienda sita en otra Comunidad Autónoma. En los supuestos de tributación conjunta no puede limitarse la deducción a la vivienda que constituya el domicilio conyugal, pues aunque la convivencia de los cónyuges sea lo más frecuente, existen determinadas circunstancias que rompen tal presunción. Los cónyuges no tienen obligación de justificar ante la AEAT la separación legal.

STJUE de 27 de enero de 2017, as. C-421/2014. CONSUMIDORES Y USUARIOS. Ejecución hipotecaria. Cláusulas abusivas. CUESTIONES PREJUDICIALES. Los arts. 6 y 7 de la Directiva 93/13 se oponen a la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013, que establece el plazo preclusivo de un mes, desde su entrada en vigor, para que los consumidores se opongan a la ejecución por el carácter supuestamente abusivo de cláusulas contractuales. Cosa jugada. El juez no puede examinar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas de un contrato cuando ya existe un pronunciamiento con fuerza de cosa juzgada sobre la legalidad del conjunto de las cláusulas de ese contrato. Pero está obligado a apreciar el eventual carácter abusivo de las cláusulas no examinadas en un anterior control judicial del contrato controvertido. Criterios para determinar el carácter abusivo de las cláusulas de intereses ordinarios y vencimiento anticipado. El juez que ha constatado el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado debe declarar su nulidad y dejarla sin aplicar, aunque el banco no haya hecho uso de ella, sino que ha observado los requisitos establecidos legalmente.

STS de 22 de diciembre de 2016, rec. 348/2016. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. Se anula la sanción impuesta al actor por no declarar un depósito constituido a favor de la Audiencia Provincial de Madrid para poder atender diversas responsabilidades derivadas de un litigio. Reconocida por la actuaria la duda razonable en la interpretación de la norma, no puede deducirse, como hace el acuerdo sancionador, la culpa del sujeto pasivo por el hecho de que éste reconociera los hechos y suscribiera el acta de conformidad. Tampoco puede deducirse una conducta dolosa del sujeto pasivo que cuente con cierta experiencia o disponga de suficientes medios y asistencia profesional. RECURSO DE CASACIÓN PARA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. Es indiferente, a estos efectos, que los sancionados en la sentencia recurrida y la de contraste no coincidan, siendo en un caso, una persona física y en otro, persona jurídica.

Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 15 de Madrid, de 11 de noviembre de 2016. IIVTNU. Fórmula de cálculo del incremento. La fórmula matemática utilizada en la liquidación no calcula el incremento de valor de los terrenos desde su adquisición, sino la plusvalía futura. La fórmula matemática ha de ser de descuento, y no de capitalización, pues con ella se refleja el incremento de valor experimentado por el inmueble desde su adquisición hasta su transmisión, bien que tomando como referencia un valor final teórico o legal, al que aplicándole esa fórmula de descuento en función de los porcentajes de incremento o coeficientes de revalorización previstos en la Ley (art. 107), se llega a conocer el valor teórico inicial, y después, por diferencia entre uno y otro, el experimentado durante ese periodo de tenencia, al que se le ha de aplicar el tipo de gravamen previsto en la Ley.

STSJ de la Comunidad Valenciana, de 6 de junio de 2016, rec. 2002/2012. IRPF. Ganancias patrimoniales. Valor de adquisición de bienes adquiridos por herencia. Los valores declarados por los herederos actores a efectos del Impuesto sobre Sucesiones no vinculan a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por tratarse del IRPF y no haber podido ser objeto de comprobación administrativa dichos valores por la Administración autonómica, habida cuenta que la declaración tributaria se produjo cuando ya había prescrito la acción liquidatoria y, por tanto, los valores declarados no podían ser ni comprobados ni corregidos, en su caso, razón por la que la Agencia Tributaria no tenía obstáculo alguno para comprobar los valores declarados

SAN de 13 de octubre de 2016, rec. 266/2012. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES. Sujeción al impuesto. La base imponible correspondiente a los rendimientos que los contribuyentes obtengan sin mediación de establecimiento permanente está constituida por su importe íntegro, sin que sea de aplicación reducción alguna. La obligación tributaria por el concepto de retenciones del IRNR se devenga al tiempo de satisfacerse las correspondientes rentas al no residente, y será entonces cuando los elementos determinantes de ésta deban cuantificarse, sin que posteriores comprobaciones que pudiera realizar la Administración en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades por operaciones vinculadas puedan alterar los elementos determinantes de aquella obligación tributaria de retener cuando el propio sujeto pasivo no residente no podía en aquellos ejercicios aplicar en sus autoliquidaciones del IRNR las previsiones establecidas para valorar los ingresos y gastos por importe diferente del real. No se vulneran los principios comunitarios de libre prestación de servicios por establecer un sistema de retención diferente para los no residentes.

Juzgado de lo Mercantil N°. 10 de Barcelona, Sentencia de 7 Dic. 2016, Proc. 732/2015. PRÉSTAMO HIPOTECARIO. Nulidad por abusivas de las cláusulas que establecen la garantía personal e ilimitada del prestatario y la renuncia de los fiadores a los beneficios legales de orden, excusión y división. Calificación de las cláusulas como condiciones generales de la contratación impuestas por el banco prestamista. Dichas cláusulas cumplen las exigencias legales para su incorporación al contrato pero no superan el control de transparencia pues la entidad financiera no explicó de manera comprensible las implicaciones económicas de las mismas, faltando información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato.

STS de 16 de noviembre de 2016, rec. 1590/2015. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS. Plazo de prescripción para solicitar la devolución del IVA indebidamente ingresado por la aplicación de la normativa del Impuesto declarada por Sentencia del TJUE contraria al Derecho europeo. Cómputo del plazo de 4 años para efectuar dicha solicitud contado desde el día siguiente a aquél en el que se realizó el ingreso o desde la finalización del plazo para presentar la autoliquidación. En el supuesto, la interesada presentó su solicitud con posterioridad al transcurso de 4 años desde el ingreso y con anterioridad al dictado de la mencionada sentencia. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN. El plazo para solicitar la restitución del perjuicio sufrido es de un año contado desde el 5 de octubre de 2005. RECURSO DE CASACIÓN PARA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. Estimación. Se declara incorrecta la tesis sostenida en la sentencia impugnada. VOTO PARTICULAR.