Impuesto sobre sociedades. Deducción por reinversión. Empresas inmobiliarias. Calificación del inmueble transmitido como inmovilizado o como existencias. Procede la calificación como inmovilizado atendiendo al periodo de permanencia del bien en la empresa, a su actividad principal y a la información de una empresa de gestión de alquileres sobre la realización de visitas de alquiler durante el periodo 1995/2002.

Reformatio in peius. Alcance del principio de la prohibición de la reformatio in peius en relación con la extensión en la vía económico-administrativa. Análisis pretensión por pretensión o de forma global dependiendo si se parte de fundamentos autónomos o del mismo fundamento. La correcta aplicación del principio de reformatio in peius exige que esta prohibición sea apreciada respecto de todas las consecuencias (ajustes positivos y negativos) favorables y desfavorables, para el obligado tributario que son objeto de la regularización administrativa y que procedan del mismo fundamento, pretensión o calificación jurídica, aunque las consecuencias surtan efectos en períodos impositivos o de liquidación distintos. Esto es, la interdicción de la reformatio in peius hay que apreciarla de forma global respectos de los diferentes ejercicios cuando la regularización de todos ellos tiene el mismo fundamento.

En el caso concreto que da lugar a la presente unificación de criterio, el sujeto pasivo había contabilizado en el año 2005 un gasto extraordinario. La inspección consideró improcedente este ajuste y consideró que estos gastos debían tener la consideración de inmovilizado. En consecuencia se niega la deducción fiscal del gasto extraordinario de 2005 pero se admite la deducción de la amortización en los ejercicios comprobados 2005, 2006 y 2007. Posteriormente, la resolución del Tribunal anula la regularización practicada por este motivo y se confirma la contabilización del gasto extraordinario. La correcta aplicación de la interdicción de la reformatio in peius no impide que, en ejecución de la resolución, se eliminen en los años siguientes (2006 y 2007) los gastos por amortización que había admitido inicialmente la Inspección.

PROCEDIMIENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO. Procedimientos especiales de revisión. Revocación de actos firmes. Recurribilidad de la resolución que se dicta en el procedimiento de revocación que rechaza la concurrencia de los supuestos del art. 219 LGT, iniciado de oficio por la Administración. La propia Ley establece los motivos que afectan a la legalidad del acto, circunstancias que constituyen elementos reglados del acto sujetos al control de los Tribunales. VOTOS PARTICULARES.

IRPF. Deducción en la cuota por inversiones en Canarias en activos fijos nuevos. Límites. Criterio: Para los contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades económicas, el límite de la deducción por inversiones en Canarias en activos fijos nuevos, prevista en el artículo 94 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, debe aplicarse sobre la totalidad de la cuota íntegra y no únicamente sobre la parte de la misma que corresponda rendimientos de las actividades económicas desarrolladas en Canarias.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Reestructuración de Grupo empresarial consolidado. Ejercicios 2002 a 2004. Operación de adquisición y posterior reestructuración es la compra de las acciones de una de las empresas del grupo por la otra. Deducibilidad de los gastos financieros ejercicios 2002, 2003 y 2004. FRAUDE DE LEY. Para efectuar una liquidación respecto de un ejercicio no prescrito, la Administración puede legítimamente comprobar e investigar datos y elementos trascendentes a efectos fiscales y calificar operaciones que estén produciendo sus efectos en dichos ejercicios o periodos aunque procedan de periodos ya prescritos. Carga de la prueba. Corresponde a la Administración a la que acreditar en cada caso concreto que el mecanismo utilizado lo ha sido en fraude de ley, como operación artificiosa con el único o preponderante propósito de lograr la ventaja fiscal. En el caso concreto, el método de financiación de las sociedades que conforman dichas compañías resulta normal y racional dentro de procesos de reestructuración empresarial. VOTO PARTICULAR.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Bienes entregados y servicios prestados en supuestos de arrendamiento de inmuebles. Suministro de electricidad, calefacción y agua y eliminación de residuos. Determinación de si se trata de una única operación o varias prestaciones independientes. Interpretación de la Directiva 2006/112. Prestaciones del arrendador. Se considera que el suministro de electricidad, calefacción y agua y la eliminación de residuos que realizan terceros especializados han sido efectuados por el arrendador cuando éste es parte en los respectivos contratos de suministro y se limita a repercutir los costes al arrendatario. La Directiva IVA debe interpretarse en el sentido de que ambas prestaciones (el arrendamiento y el suministro de agua, electricidad, calefacción... etc. que lo acompañan) constituyen en principio prestaciones separadas e independientes a efectos del Impuesto, a menos que en la operación se den componentes que se encuentren tan estrechamente ligados que objetivamente conformen una sola prestación económica indisociable cuyo desglose resultaría artificial. Corresponde al órgano judicial nacional valorar si se trata de una única prestación o varias teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias concurrentes.

Procedimiento económico-administrativo. Resolución. Ejecución. Retroacción de actuaciones. Aplicación del art. 150.5 de la LGT al procedimiento de gestión. Anulación de las liquidaciones por el  TEAR ordenando la retroacción de actuaciones. El transcurso del plazo de 6 meses  establecido en el art. 150.5 de la LGT sin que finalice el procedimiento debe tener como consecuencia la no interrupción de la prescripción. Lo anterior resulta aplicable tanto en el procedimiento de inspección como los de gestión.

INGRESOS INDEBIDOS EN MATERIA TRIBUTARIA. Por gravamen complementario de la tasa fiscal sobre el juego declarado inconstitucional. Impuesto sobre Sociedades. Ejercicio 1997. Imputación en el ejercicio en que se percibió la devolución de la tasa y consecuente ingreso indebido en el Impuesto sobre sociedades de dicho ejercicio. Sentencia del Tribunal Supremo reconociendo el derecho a la devolución de ingresos indebidos por el impuesto sobre sociedades y ordenando la práctica del correspondiente ajuste fiscal. Recurso de casación en incidente de ejecución procedente. La imputación temporal del principal es correcta pero no lo es la de los intereses de demora a favor del contribuyente. El ajuste ha de alcanzar también a los intereses nacidos en ejercicios prescritos, 1990 y 1991, si, como es el caso, fueron considerados ingresos fiscales en el impuesto sobre sociedades de 1997, integrándose en consecuencia en la base imponible de dicho ejercicio.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Sujeción al impuesto. Operación financiera con derivados. La sujeción al impuesto se produce con independencia de los fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en cada operación en particular. El hecho de que las operaciones con derivados financieros tengan por objeto la cobertura de riesgos empresariales y no la obtención de ingresos continuados en el tiempo no implica que se trate de operaciones no sujetas al IVA. Reglas para el cálculo de la prorrata. Aplicación de la doctrina jurisprudencial. No procede minorar en el denominador de la prorrata el importe de los costes de las operaciones de cesión temporal de activos con rendimiento explicito, cuando el precio de adquisición es superior al de la venta. Confirmación de la regularización practicada.

IVMDH. Derecho a la devolución de las cantidades autoliquidadas tras ser declarado el impuesto contrario al Derecho de la UE. Los sujetos pasivos del impuesto ostentan legitimación para solicitar la devolución de ingresos indebidos, pero en ningún caso pueden ser beneficiarios de la misma, pues esta cantidad únicamente corresponde al consumidor final. En el presente caso, las personas o entidades a las que se les ha repercutido el impuesto pueden o no ser determinadas y el sujeto pasivo actúa como mero intermediario entre el pagador del impuesto y la Hacienda Pública, por lo que devolver el impuesto al sujeto pasivo supondría que este se quedaría con un dinero que no ha pagado.