IRPF. Inexistencia de simulación. Sociedades de profesionales. Economía de opción. No existe un principio que establezca que las actividades económicas deban organizarse en la forma más rentable y óptima para la Hacienda, sino que por el contrario en nuestro ordenamiento existe la libre configuración negocial que estructura la economía de opción, la que faculta al contribuyente para optar, de entre las varias posibilidades que ofrece la ley, por aquella que le resulte más rentable o de menor carga impositiva. Hoy es una realidad social la existencia de despachos colectivos de abogados, asesorías y consultorías, que no operan como el clásico abogado individual, y por otro lado la prestación de servicios jurídicos no puede limitarse a la intervención de un pleito, de manera que el campo de los servicios profesionales se ve notoriamente ampliado, no siendo anómalo que tales servicios se presten por sociedades, sin que quepa confundir las prestaciones personales de un socio, con las prestadas por una sociedad de servicios profesionales. La Ley permite la prestación de servicios mediante personas jurídicas, siendo legal y lícita la utilización de sociedades para facturar los servicios profesionales de personas físicas. 

Responsabilidad patrimonial del Estado legislador en base a la STJUE de 27 de febrero de 2014 que declara el IVMDH contrario a Derecho Comunitario.  Desestimación de las solicitudes de indemnización. Inexistencia de violación suficientemente caracterizada dado que no existe una inobservancia manifiesta y grave por parte del legislador español de los límites impuestos a su facultad de apreciación. A esta conclusión se llega teniendo en cuenta: (i) No estamos ante un caso de transposición del Derecho de la Unión, (ii) el concepto “finalidad específica” dista de ser claro y de estar sujeto a una interpretación unívoca, (iii) diversas sentencias de TSJ habían fallado a favor de la compatibilidad del tributo con el Derecho de la Unión, (iv) el procedimiento de infracción iniciado por la comisión fue suspendido. El hecho de que la STJUE no acogiese los argumentos anteriores para presumir la buena de fe de las autoridades españolas y no se apreciase la limitación de los efectos en el tiempo, no es equiparable a la existencia de una infracción suficientemente caracterizada, cuya determinación es exclusiva de los tribunales nacionales. Antijuridicidad del daño. No concurre el requisito de la antijuridicidad del daño, en la medida que los reclamantes venían obligados, jurídicamente, a soportar el daño invocado, puesto que los ingresos realizados en concepto de IVMDH ya tienen el carácter de firmes, no resultando susceptibles de generar el derecho a la devolución de los mismos.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Base imponible. Conformidad a derecho de la regularización de operaciones que se estiman falsas por parte de la inspección. Aplicación correcta de la estimación directa, sin perjuicio de la regularización realizada por el Impuesto sobre Sociedades. Posibilidad de aplicar el régimen de estimación indirecta a un tributo y de estimación directa a otro. Subsidiariedad del régimen de estimación indirecta de bases imponibles. DEDUCCIONES. Requisitos que deben exigírsele a un sujeto pasivo para el ejercicio del derecho a deducir el Impuesto IVA soportado. Si no se acredita la realidad de las operaciones ni siquiera puede entenderse que ha nacido el derecho a deducir, aunque se cumplan los requisitos formales necesarios para el mismo. En el caso se aprecian indicios de la inexistencia de la prestación de servicios documentada en la factura. SANCIÓN TRIBUTARIA. Prueba suficiente de la culpabilidad y responsabilidad del sujeto, y cumplimiento de las exigencias motivación respecto a la imposición de sanciones.

IMPUESTO SOBRE DONACIONES. Reducciones. Presentación en plazo de la liquidación. Teniendo presente que la Administración quedó vinculada por la advertencia del notario sobre plazo para realizar la autoliquidación del impuesto a la obligada tributaria y que ésta la presentó dentro de dicho plazo, no procedía la liquidación practicada existiendo el derecho de la recurrente a la reducción pretendida.

ITP y AJD. Actos Jurídicos Documentados. Cláusula contenida en una escritura de transmisión empresarial en la que se establece la condición resolutoria explicita del contrato de compraventa en favor del adquirente en garantía de que no pudiese adquirir la plena propiedad y pacífica de la finca resultante de un proyecto de compensación con las características pactadas. No sujeción por la falta de concurrencia de los requisitos del art. 31.2 del TRLITP y AJD. Sólo pueden quedar sujetas a tributación las condiciones resolutorias explicitas a las que hace referencia el art. 11 de la Ley Hipotecaria, no cualquier otro tipo de condición resolutoria, pues este tipo de condiciones resolutorias explicitas en garantía del precio se realizan en favor del vendedor, asimilándose a estos efectos a un derecho real de hipoteca, por lo que resultan inscribibles, teniendo un objeto valuable, el precio aplazado cuyo cumplimiento permite al vendedor ejercitar la acción para recuperar la cosa frente a cualquier titular registral, a diferencia de las condiciones que puedan acordarse en favor del comprador, que los contratantes puedan pactar en sus contratos, que por su propia naturaleza no constituyen convención independiente, ni resulta inscribible por su falta de oponibilidad a tercero.

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA. TARJETAS DE EL CORTE INGLÉS. Requerimiento emitido por la Inspección tributaria en solicitud de información económica relativa a personas o entidades titulares de tarjeta de compra de la entidad mercantil que hayan realizado pagos en los ejercicios 2006 y 2007 por importe total anual igual o superior a 30.000 euros. DEBER DE COLABORACIÓN. Doctrina jurisprudencial. El deber general de información y colaboración con la Administración tributaria tiene sustento constitucional. No es contrario a derecho la petición de datos a quienes eventualmente puedan disponer de datos con trascendencia tributaria, aunque su conocimiento proceda de relaciones tenidas con personas distintas de los obligados tributarios, siempre que las relaciones fuentes de conocimiento sean de naturaleza económica, profesional o financiera. VOTO PARTICULAR.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Ejercicio 2001. Partidas no deducibles. Retribuciones de los administradores. Carácter no deducible de la retribución en cuanto exceda del límite fijado en los estatutos. Deducción por actividad exportadora. Inadmisibilidad de la deducción. Las operaciones cuya finalidad es puramente la financiera no pueden originar derecho a deducción por actividades exportadoras. En el caso, la inversión se materializó en la suscripción por parte de la entidad de las acciones emitidas por su filial portuguesa, la operación supone una expansión internacional, pero no la intención de llevar a cabo exportaciones. Reducción de la base imponible. Dotación a la Reserva por Inversiones en Canarias. Imposibilidad de su aplicación a una operación individualizada. El beneficio debe proceder de establecimientos sitos en Canarias, pero en todo caso debe computarse el beneficio en su conjunto y no el que pudiera derivar de una operación aislada como es la venta de un solar. VOTO PARTICULAR.

INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. Procedimiento de alcance general. En el alcance del procedimiento está incluida no solo la comprobación e investigación de las obligaciones materiales sino también de las obligaciones formales que imponga concepto tributario inspeccionado y en consecuencia las previas actuaciones de regularización de la situación tributaria del obligado interrumpirán el plazo de prescripción para sancionar, tanto los incumplimientos de obligaciones materiales como los eventuales incumplimiento de obligaciones formales, UNIFICA CRITERIO.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. FRAUDE DE LEY. Deducibilidad de gastos financieros. Operaciones de endeudamiento intragrupo amparadas en la reorganización empresarial que carecen de fundamento económico. Confirmación de la sentencia impugnada, que denegó la deducción pretendida y apreció que la compraventa de participaciones y financiación de la adquisición de los títulos solo tenía una finalidad fiscal o tributaria, declarando la existencia de fraude de ley. Nada tuvo que ver ni el tipo de operación o forma de financiación, ni el que la matriz fuera residente en Holanda y la prestataria española. Creación artificiosa de una estructura mediante la que se lleva a cabo una recolocación de cartera intragrupo carente de contenido patrimonial real, y destinada a propiciar una aparente necesidad de endeudamiento. Inexistencia de vulneración del Derecho Comunitario en su vertiente de libertad de establecimiento y de los Convenios para evitar la doble Imposición. La aplicación de un convenio no puede amparar operaciones que conduzcan a la «desimposición» salvo que los Estados así lo hayan acordado expresamente; la aplicación e interpretación de los Tratados internacionales no puede desplazar la eficacia de los principios básicos de la tributación. No se aprecia que la sentencia impugnada haya valorado la prueba obrante en autos de forma ilógica, poco razonable o arbitraria.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Inversión del sujeto pasivo. Entregas en dación en pago. Análisis doctrinal sobre los requisitos exigidos.. Supuesto en el que no concurren las condiciones para que resulte de aplicación la regla de inversión del sujeto pasivo. El adquirente en el negocio jurídico es un tercero ajeno al préstamo hipotecario constituido por el transmitente, sin que se haya producido la entrega del inmueble en ejecución de la hipoteca, ni la entrega a cambio de la extinción total o parcial de la deuda, ya que era el propio transmitente el que asumía la cancelación de la deuda con parte del precio obtenido; no asumiendo el adquirente ninguna obligación de cancelación de deuda, ni total ni parcial. Anulación de la liquidación girada. Falta el elemento esencial -la ejecución de la garantía- que debe presidir los supuestos de inversión del sujeto pasivo del art. 84.Uno.2º, letra e), tercer guión, de la LIVA.