IVA. Deducciones. Operaciones intracomunitarias. Sanción por incumplimiento de deberes formales. Registro de facturas. Facturas emitidas e inscritas únicamente en el registro de compras con la indicación «IVA excluido». La falta de registro es calificada por la legislación del Estado miembro como incumplimiento material constitutivo de infracción justificativo de una rectificación y/o un requerimiento de pago. La normativa comunitaria contiene requisitos formales del derecho a deducción cuyo incumplimiento, en circunstancias como la del caso, no puede dar lugar a la pérdida de ese derecho.

IVA. Deducciones y devoluciones. Sectores diferenciados. Disociación de gestión y propiedad de centro hospitalario. Confirmación del criterio de la Instancia. Simulación mediante concertación de contrato de arrendamiento para lograr ventajas fiscales mediante la posibilidad de deducción de cuotas de IVA por sociedad médica exenta. El IVA soportado como consecuencia de la construcción no puede ser deducido en el seno de servicios o prestaciones sanitarias. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. Improcedencia de la sanción ante la inexistencia de normas claras. VOTO PARTICULAR.

Procedimiento inspector. Regularización: Delito contra la Hacienda Pública junto con irregularidades administrativas por hechos distintos. Posibilidad de desagregación dictando la correspondiente liquidación provisional en la parte en la que no concurren los elementos característicos del tipo penal. Cuando para un mismo período y concepto impositivo objeto de un procedimiento inspector, existen motivos de regularización en la que se aprecian indicios de delito contra la Hacienda Pública junto con irregularidades meramente administrativas por hechos distintos y sin conexión con los hechos presuntamente delictivos, es posible su desagregación, dictando la correspondiente liquidación provisional en la parte en la que no concurren los elementos característicos del tipo penal, de conformidad con los artículos 180 LGT y 190.4.b) Real Decreto 1065/2007.

Procedimiento tributario. Prueba. Aportación de pruebas en un momento posterior a la actividad de gestión. Gastos deducibles. Acreditación por medios distintos a los requeridos. No puede admitirse que la falta de prueba de un gasto en el modo exigido por la Administración, se convierta en un motivo de denegación del gasto cuando este resulte acreditado por otros medios. En este caso, determina el Tribunal que concurren las circunstancias que justifican la aportación de la documentación en un momento posterior a la actividad de gestión, dado que la acreditación por otros medios exige aceptar la documentación requerida, aportada en un momento posterior.

Procedimiento económico-administrativo. Recurso “per saltum”. Presentación ante el órgano que dictó el acto solicitando su remisión al TEAC. Resolución por el TEAR prescindiendo de la opción legalmente ejercitada por el reclamante. Tipo de incompetencia del TEAR. La opción del interesado por la única instancia ante el TEAC sólo es posible en el momento de la interposición de la reclamación y que esta resulta indisponible para él y para la propia Administración, se considera que no obstante, en caso de resolver el TEAR, se trataría de una vulneración de la distribución funcional de la competencia por voluntad del interesado que no afecta a la competencia objetiva o a la territorial atribuida legalmente, por lo que, dada la interpretación restrictiva que debe hacerse de los supuestos de nulidad radical, no alcanzaría la nulidad de pleno derecho, sino la mera anulabilidad. CAMBIO DE CRITERIO respecto del establecido en resolución del año 2012 que apreció incompetencia manifiesta del TEAR ante la opción indubitada del reclamante y la cuantía indiscutible.

Procedimientos tributarios. Requerimientos de información a terceros. Requerimiento de datos de cuentas a una entidad financiera. La Sala Tercera del Tribunal Supremo desestimando el recurso del Banco de Santander contra el requerimiento de información sobre determinadas cuentas bancarias por parte de la Agencia Tributaria. En definitiva, los datos solicitados en el requerimiento, es decir la relación de cuentas bancarias que en el ejercicio 2006 y/o 2007, hayan tenido un importe anual por suma de apuntes en el haber, superior a 3.000.000 € permite a la Inspección, una vez satisfecho el requerimiento, comprobar el cumplimiento de sus obligaciones por los contribuyentes afectados, por lo que tratándose de datos de los que la entidad requerida se hallaba en posesión y que resultaban de las operaciones desarrolladas con las personas con las que se había relacionado económica, profesional y financieramente, resultaba obligada su facilitación.

Procedimiento tributario. Prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria. Interrupción. Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria. Efecto interruptivo de la declaración resumen anual del IVA (Modelo 390). Acoge el Tribunal la tesis manifestada por el TS en sentencia de 25 de noviembre de 2009, entendiendo que aunque la declaración resumen anual no tiene en sí misma un contenido liquidatario, implica y comporta una ratificación de las distintas liquidaciones efectuadas durante el año, lo que permite imputar a tales declaraciones un contenido interruptivo de la prescripción.

ISD. Gestión del tributo. Rectificación por la Inspección de liquidación practicada en el marco de un procedimiento de gestión tributaria como consecuencia de la estimación de un recurso de reposición interpuesto por los herederos al no haberse practicado en la liquidación provisional inicialmente girada la reducción por negocio familiar a las participaciones sociales del causante. Comprobación limitada. Imposibilidad de la Administración de efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado, salvo que en un procedimiento de comprobación o inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas a las realizadas. No cabe aceptar la tesis de la Administración autonómica, basada en que la oficina gestora, antes de resolver el recurso de reposición en el que se solicitaba la aplicación de las reducciones por la concurrencia de los requisitos establecidos para considerarlas exentas, estuviere imposibilitada para efectuar actuación alguna de comprobación o de investigación, tal y como se deduce del procedimiento para el reconocimiento por la Administración tributaria de beneficios fiscales de carácter rogado, regulado en los arts. 136 y 137 RD 1065/2007. Todo lo contrario, la Inspección incluso llegó a reconocer que concedió el beneficio comprobando tan sólo la relación de parentesco entre el causante y los herederos.

A pesar de la denuncia realizada por parte de astilleros holandeses, contra el examen realizado por la Comisión con respecto al nuevo régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero, el TJUE ha confirmado que el examen realizado por la Comisión ha sido correcto y, por ende, que la nueva redacción del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades no constituye ayuda de Estado.