I. Introducción. Modificación en el concepto de “capacidad económica gravable” II. Rentas del trabajo II.1. Nuevo tratamiento de las aportaciones a planes y fondos de pensiones y de las rentas derivadas de los mismos. III. La modificación en el tratamiento del ahorro. Influencia del Derecho Comunitario y del contexto internacional. La tendencia a la dualización de los sistemas fiscales IV. El Anteproyecto de Ley de reforma del IRPF desde la perspectiva de la neutralidad del ahorro IV. 1. Supresión del régimen de imputación estimativa y de la deducción por doble imposición interna de dividendos V. Rendimientos de capital inmobiliario VI. Supresión del régimen transitorio de coeficientes de abatimiento VII. Reformas relativas a las sociedades de profesionales VIII. Deducción por adquisición de vivienda habitual IX. Deducción por doble imposición internacional X. Obligación de Declarar XI. Modificaciones del Impuesto sobre Sociedades XII. Sociedades patrimoniales

I. Introducción. Modificación en el concepto de “capacidad económica gravable” II. Rentas del trabajo II.1. Nuevo tratamiento de las aportaciones a planes y fondos de pensiones y de las rentas derivadas de los mismos. III. La modificación en el trat

¿REFORMAS NECESARIAS O INOPORTUNA? La atención se concentra estos días en la llamada Reforma Fiscal que afecta a dos figuras clave de nuestro sistema tributario: el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades (IS). Sobre la primera, el IRPF, indiquemos que fue fruto de ataduras electoralistas y de promesas hechas en momento de delirio de masas; de necesitarla, nada de nada, al menos en los términos en que se está planteando. Y la segunda, la del IS, llega más bien como señorita de compañía pero, entre nosotros, de perfil y precio bajo. Estamos de acuerdo, no obstante, que en lo atinente al IRPF es procedente hablar de Reforma; otra cosa es que tal Reforma se haga con mejor o peor fortuna, sea buena o sea mala. Discrepamos, en cambio, en el ámbito del IS que por un puntual lifting primaveral, de esos que las folclóricas se hacen cuando, en llegando el verano, toca lucir el palmito, consistente en estirar y recortar tipos de gravamen y eliminar deducciones “ a lo cangrejo” -

INTRODUCCIÓN En los últimos tiempos está extendiéndose el fenómeno de la presentación de documentos por vía telemática ante la Agencia Tributaria, lo que en principio es positivo, en la medida en que se agiliza la gestión tributaria, para todos los implicados: contribuyente, asesor y Administración. A los profesionales del asesoramiento les preocupa, no obstante, si esta novedosa vía de comunicación con la Administración puede agravar una responsabilidad de antemano bastante agobiante dada la complejidad jurídico-económica de la técnica tributaria. La normativa que la regula y los procedimientos que le sirven de cauce son sobradamente conocidos por los asesores fiscales, por lo que no me detendré en exponerlos1.

I. INTRODUCCIÓN A ningún abogado tributarista ni asesor fiscal se le habrá pasado por alto la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de octubre de 2005, en el asunto C- 204/03, que resuelve un recurso de incumplimiento planteado por la Comisión contra la Ley española reguladora de la prorrata en el Impuesto sobre el Valor Añadido, por su tratamiento de las subvenciones1.

1. INTRODUCCIÓN La cuestión que se va a exponer es un viejo tema que hasta la fecha estaba planteando problemas: se trataba de la imputación en el IRPF de las rentas devengadas en concepto de arrendamiento y no cobradas, sin que concurriesen a tal efecto ninguno de los supuestos previstos por el hoy artículo 12 del Reglamento del IRPF necesarios para considerarse el ingreso como de dudoso cobro, y por tanto deducible (situación de concurso o transcurso de más de seis meses entre la primera gestión para el cobro y finalización del período impositivo).

“De forma al menos criticable, el legislador aprovechó la tramitación parlamentaria de una ley (la de Tasas y Preci-os Públicos) para, por medio de incorporar una disposición adicional, legislar ex novo sobre una materia ajena a la de su título o enunciado.” La cita es del año 1993 y corresponde a un estudio titulado “A vueltas con la disposición adicional cuarta de la ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos” publicado por la Asociación Española de Asesores Fiscales1. La técnica legislativa empleada por el legislador de la citada ley, en particular en su Disposición Adicional Cuarta, hizo correr en su día –y aún hoy fluye algo– ríos de tinta. La técnica legislativa empleada fue ampliamente criticada y, para poner coto a ese mal funcionamiento –o abuso del legislador, que de todo puede haber–, en materia tributaria.

I. PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO Mediante sentencia dictada por el Tribunal Supremo el día 4 de abril de 2006 en el recurso de casación en interés de la Ley, nº 7/2004, interpuesto por el abogado del Estado en representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala 3ª, de 10 de mayo de 2004, el Alto Tribunal resolvió la cuestión relativa a la interpretación del artículo 29.1 de la Ley 1/1.998 de 26 de febrero de Derechos y Garantías de los Contribuyentes en el sentido de que el plazo de 12 meses de duración de las actuaciones inspectoras no es aplicable a los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, aun cuando con posterioridad a ella las actuaciones se prolongaran más de los doce meses, contrariamente a la postura mantenida por el TSJ de la Comunidad Valenciana plasmada como hemos dicho en la sentencia, en otras, de 10 de mayo de 2.004.

Sumario: 1) Introducción. 2) Precios de transferencia en nuestro actual ordenamiento tributario. 3) Proyecto de Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal. 3.1) Aspectos más significativos, sobre operaciones vinculadas y precios de transferencia, contemplados en el Proyecto. 4) Efectividad de las modificaciones previstas el Proyecto de Ley. 1) Introducción La economía de nuestro país, al igual que ocurre con la de los países desarrollados, está cada día más consolidada y con mayor grado de implicación a nivel internacional, lo que ocasiona un incremento importante en las transacciones comerciales. Es por ello, por lo que al objeto de reducir la carga tributaria, las empresas, sobre todo las multinacionales, están utilizando el mecanismo de los precios de transferencia, al objeto de trasladar rentas y beneficios entre las distintas entidades o partes que integran un grupo, o lo que es igual, entre las distintas jurisdicciones tributarias. El incremento cualitativo y cuantitativo de la actividad económica a nivel mundial hace que se potencie la relevancia tributaria de los precios de transferencia, y pone de manifiesto cómo la globalización económica puede originar un proceso de transformación sustantiva en la propia configuración de los sistemas tributarios. Una correcta utilización de los precios de transferencia, les permite a las empresas multinacionales reducir la carga fiscal de los rendimientos que obtienen, siendo en la actualidad uno de los instrumentos más relevantes en la planificación fiscal internacional. Ante esta situación, los Estados, al objeto de asegurar sus exigencias internas de justicia tributaria, reaccionan contra la utilización de los precios de transferencia como mecanismo útil de deslocalización o reasignación de rentas entre jurisdicciones fiscales, para ello, exigen el gravamen de la porción de renta transnacional que, de forma legítima, les corresponde.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2006, que resuelve el recurso de casación 1907/2003, declara no haber lugar al recurso interpuesto por quebrantamiento de forma e infracción de Ley en un supuesto en el que la Audiencia Provincial de Barcelona había condenado, por delito contra la Hacienda Pública, a dos sujetos, uno de ellos el asesor legal. Dedicamos las líneas que siguen a los razonamientos utilizados en el fallo por su interés para los profesionales de la asesoría fiscal. La cuestión tributaria planteada se refiere a la modificación del régimen de las sociedades en transparencia fiscal con socios extranjeros, ya que, con efectos de 1 de enero de 1992, se modificó el mismo estableciendo la sujeción en el Impuesto sobre Sociedades por la parte de la base imponible atribuible a aquéllos. Con anterioridad a dicha fecha, estas entidades no soportaban tributación en España cuando estaban participadas por socios residentes en países con los que nuestro país tuviera suscrito un Convenio de Doble Imposición que no contemplara su gravamen. El primer aspecto sobre el que se pronuncia la Sentencia es el papel del dictamen pericial en el proceso penal. Señala el Tribunal Supremo que “la Audiencia estimó que el mencionado dictamen sólo se refería al derecho aplicable y que, consecuentemente, no constituía una medida de prueba. Este punto de vista es correcto. La aplicación del derecho no constituye un hecho y por lo tanto no puede ser objeto de prueba. Tales dictámenes configuran opiniones sobre la subsunción de los hechos y por esa razón no son aptos para probar la existencia de los presupuestos fácticos de la misma”.