La evolución del concepto de abuso del derecho comunitario en la reciente jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo: incidencia en el régimen de transparencia fiscal internacional José Manuel Almudí Cid Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de la AEDAF. 1. INTRODUCCIÓN La fiscalidad directa de los Estados miembros de la Unión Europea ha sufrido una notable evolución en los últimos años como consecuencia de la intensa labor realizada por el Tribunal de Justicia en aplicación de las libertades comunitarias previstas en el Título III del Tratado de Roma. No obstante, debe destacarse que el número de asuntos que han llegado al Tribunal de Justicia procedentes de España en materia de fiscalidad directa es ciertamente reducido si lo ponemos en relación con otros Estados miembros como los Países Bajos, el Reino Unido o Alemania. Es más, a nuestro juicio, constituye un dato preocupante para la salud de nuestro sistema jurídico que la práctica totalidad de los asuntos que han llegado al Tribunal procedentes de nuestro país, tanto en el ámbito de la fiscalidad directa como indirecta, hayan tenido principal como impulsora a la Comisión Europea, a través del correspondiente procedimiento de infracción, manteniéndose prácticamente inédita, cuando han transcurrido más de veinte años de nuestra incorporación a la Unión Europea, la vía de la cuestión prejudicial. JUNIO 2007 materias - Vía jurisdiccional. - La jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. - Aplicación e interpretación. - Fraude de ley y conflicto en la aplicación de la norma - IS. Regímenes especiales. - Transparencia fiscal internacional. - Unión Europea.

1. PRESENTACIÓN Como es sabido, el régimen especial de las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas fue obra de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica. Su objetivo era el de ampliar el parque de viviendas en alquiler de nuestro país, muy reducido en aquellos momentos y todavía en la actualidad. Esta norma no es más que la tramitación como Ley del Real Decreto Ley 2/2003, de 25 abril, pero a la que se incorporaron algunas modificaciones. En especial, se perseguía fomentar, según indica la propia Exposición de Motivos de la Ley, que los arrendamientos tengan un precio asequible, al objeto de poder facilitar la movilidad geográfica de los trabajadores y satisfacer las demandas de jóvenes e inmigrantes. El instrumento que eligió el legislador para hacer frente a la necesidad social indicada es, como viene sucediendo en otros muchos sectores, la política fiscal. Así, se creó un nuevo régimen especial en el Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS) para las entidades cuyo objeto sea el alquiler de viviendas y siempre que cumplan determinados requisitos. Dicho régimen especial, contenido en el nuevo Capítulo III del Título VIII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, TRLIS) –arts. 53 y 54-, se concreta en la concesión de importantes bonificaciones en la cuota del impuesto.

Como es sabido, el artículo 142.2 de la Ley General Tributaria atribuye a los órganos de la Inspección de los tributos la facultad de acceso o entrada no sólo a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en los que se desarrollan actividades económicas sometidas a gravamen, sino también al domicilio constitucionalmente protegido de los obligados tributarios. De este modo, y en lo que respecta a las entradas domiciliarias, el citado precepto no viene sino a especificar la previsión ya recogida en el artículo 113 de la referida Ley -al cual aquél se remite1- y en cuya virtud: “Cuando en los procedimientos de aplicación de los tributos sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración tributaria deberá obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial”2.

INDICE 1. Fiscalidad anterior a la reforma. Rentas del trabajo 2. Fiscalidad anterior a la reforma. Rentas del ahorro 3. Principales modificaciones 4. Planes individuales de ahorro sistemático 5. Planes de previsión social empresarial. Seguro dependencia 6. Fiscalidad posterior a la reforma. Rentas del trabajo 7. Fiscalidad posterior a la reforma. Rentas del ahorro 8. Régimen transitorio. Seguros individuales 9. Deducción por inversión en vivienda habitual

INDICE 1. Fiscalidad anterior a la reforma. Rentas del trabajo 2. Fiscalidad anterior a la reforma. Rentas del ahorro 3. Principales modificaciones 4. Planes individuales de ahorro sistemático 5. Planes de previsión social empresarial. Seguro dependencia 6. Fiscalidad posterior a la reforma. Rentas del trabajo 7. Fiscalidad posterior a la reforma. Rentas del ahorro 8. Régimen transitorio. Seguros individuales 9. Régimen transitorio. Sistemas alternativos previsión social 10. Deducción por inversión en vivienda habitual

Una de las novedades introducidas por la Ley 58/2003, General Tributaria, cuya regulación se completa con la reciente publicación del Reglamento General de Recaudación, ha sido la institución de un supuesto de responsabilidad subsidiaria que alcanza a quienes contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal. Esta misma figura ha sido introducida en los regímenes forales de Álava y Guipúzcoa mientras que tanto la Norma Foral 2/2005 General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, como la Ley Foral General Tributaria de Navarra, no contemplan este supuesto de responsabilidad1. El interés que ha suscitado este supuesto de responsabilidad subsidiaria, se manifiesta no solo en el desarrollo interpretativo que ha requerido (Consultas2; Resolución 2/2004 , de 16 de julio, de la DGT; RGR) sino en la rapidez con que la doctrina se ha ocupado del tema proporcionándonos algunos trabajos de gran riqueza argumental. Aunque ya hemos de advertir que, del examen de toda esta información, se deduce que esta figura, que ha tomado su causa de la existente en el derecho del trabajo, va a vivir estrechamente vinculada a ella, a pesar de que la regulación positiva de ambas no sea equiparable, pero, insistimos, a nuestro juicio van a pesar más los elementos comunes que las necesarias diferencias derivadas de sus diversos regímenes jurídicos.

SUMARIO

1. Introducción. El Concepto de Fraude en el Anteproyecto de Ley de Prevención
2. Disposiciones relativas a paraísos fiscales y Areas de Nula Tributación.
3. Criterios de residencia.
4. Tratamiento de las operaciones vinculadas en el Anteproyecto de Ley de Prevención del Fraude. Referencia a las sociedades de profesionales.
5. Principales novedades relativas a las operaciones vinculadas en el Anteproyecto de Ley de Prevención del Fraude.
6. Medidas relativas a los establecimientos permanentes.
7. Medidas relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido. El nuevo supuesto de responsabilidad en los "fraudes en cadena".
8. Medidas en relación con los impuestos especiales.
9. Modificaciones relativas a la Ley General Tributaria. La responabilidad subsidiaria por levantamiento del velo.
10. Modificación de las condiciones de aplicación de la audiencia previa en los procedimientos por delito fiscal.
11.Aspectos relacionados con el uso del Número de Identificación Fiscal (NIF), referencia catastral y los medios de pago empleados. Reforzamiento del cierre registral.
12. Modificación del art. 108 de la Ley de Mercado de Valores.
13. Medidas para los empresarios en régimen de estimación objetiva.

En el Boletín Oficial del Estado de 30 de noviembre de 2006 se ha publicado la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal1, en cuyo artículo tercero se introducen determinadas modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en vigor a partir del 1 de diciembre de 2006 (salvo en lo que respecta al régimen especial de Grupo de Entidades), que por su importancia pasamos a comentar.