El pasado mes de enero se celebró en Valencia una reunión de trabajo de los asociados de aquella zona, sobre el tema «Derivación de responsabilidad en el procedimiento de recaudación», en la que quien suscribe actuó como ponente. Una de las cuestiones que pensábamos haber abordado era la del cómputo del plazo de prescripción para derivar la acción administrativa hacia los responsables. El problema principal que se suscita es si los actos interruptivos de la prescripción en relación con el deudor principal la interrumpen también en relación con los responsables. Teníamos —y tenemos— nuestra propia opinión sobre el tema, opinión que pensábamos haber planteado como controvertible, ya que no había llegado a nuestra noticia ninguna decisión jurisprudencial o administrativa que se pronuncie expresamente. Sin embargo, poco antes de iniciarse la sesión, un compañero de Valencia nos entregó la copia de una resolución del TEAR de Valencia de 30 de septiembre de 1993 que resolvía, a nuestro juicio con acierto, una controversia concreta suscitada sobre la cuestión. Se trataba de deudas tributarias derivadas de un acta de Inspección suscrita de conformidad en el año 1987 y que se refería a hechos imponibles de los años 1984 y 1985. En el año 1991 la sociedad deudora fue declarada fallida. En junio de 1992, la Administración notificó la derivación de responsabilidad como responsable subsidiario a la persona que ocupó el cargo de administra¬dor de la empresa en los años 1984 y 1985, quien invocó la prescripción. El Tribunal estima la reclamación, anulando el acto administrativo de derivación de responsabilidad.

En el diario «Expansión» de 14 de febrero aparece el siguiente llamativo titular en portada: «Adelantarán al Tesoro casi el 40 por ciento de sus ingresos. Los nuevos pagos fraccionados del IRPF tienen mayor coste para el empresario. Con el nuevo sistema, no se pueden descontar las retenciones acumuladas.» En páginas interiores aparece una noticia de redacción que amplia la de portada; y un artículo en el mismo sentido firmado por el Sr. Javier Rodríguez Santos. El Sr. Rodríguez Santos ilustra su interpretación con el siguiente ejemplo, en el que se supone que se trata de un empresario que tiene cada trimestre ingresos de 100, sujetos todos ellos a retención y sin gastos:

Nota.- El presente trabajo es una ponencia presentada al Seminario de la Fundación Antonio Lancuentra de la Escuela de Altos Estudios Empresariales de Barcelona, que dirige el profesor D. Magín Pont Mestres, miembro de la Asociación. Por la actualidad del tema, hemos creído que sería de interés para los asociados. 1. Los Administradores de sociedades y sus retribuciones en la normativa mercantil El artículo 124 LSA dispone que el nombramiento de los administradores y la determina¬ción de su número, cuando los estatutos establezcan solamente el máximo y el mínimo, correspon¬de a la Junta General. Según el artículo 128, la representación de la sociedad, en juicio o fuera de él, corresponde a los administradores, en la forma determinada por los Estatutos. El artículo 124 del Reglamento del Registro Mercantil prevé las siguientes modalidades de estructura de los órganos de administración de la sociedad: a) Administrador único. b) Varios administradores que actúen individualmente. c) Dos administradores que actúen conjuntamente. d) Un Consejo de Administración, integrado por un mínimo de tres miembros. e) Un Consejo de Administración y una Comisión Ejecutiva o uno o más Consejeros Delegados con indicación de sus respectivas competencias. Según el artículo 136 LSA:

La Ley 18/1991 de 6 de Junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, justificaba la implantación del nuevo sistema de Estimación Objetiva por Índices, Signos o Módulos, en el insuficiente nivel de tributación de los pequeños empresarios y profesionales acogidos al sistema de estimación Objetiva Singular, basando dicho resultado en acudir a la cifra de ventas como variable fundamental del sistema, siendo como es la de más difícil control y la que exige unas mayores obligaciones registrales para su contraste. Ello conduce a unos niveles de tributación efectiva muy bajos y provoca, a su vez, un fraude inducido en el IVA.

En los últimos años, como consecuencia de la adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva normativa mercantil, se han puesto de manifiesto criterios dispares en las Notarías y Registros Mercantiles, en relación con el contenido de los artículos de los Estatutos en los que se recoge la variada retribución que pueden tener, en su caso, los Administradores de las Sociedades Mercantiles y este hecho ha dado origen, en muchos casos, a una demora importante en la inscripción registral de las escrituras públicas de adaptación.

En el informe citado en el encabezamiento, estudiábamos, con carácter general, el tema de las deducciones por IVA soportado con anterioridad al inicio de las operaciones. Refiriéndonos al caso particular del IVA soportado por la adquisición de terrenos, escribíamos: «Así pues, el IVA soportado por la adquisición de terrenos no podría deducirse —ni, por ende, solicitarse su devolución— con anterioridad al inicio de las operaciones. Pero, en contrapartida, una vez iniciadas las operaciones, podría deducirse sin otro requisito formal que el de que la deducción se practicase en la primera declaración-liquidación que —dentro o fuera de plazo— se presentase con posterioridad a la fecha de inicio.» Inmediatamente después, y refiriéndonos ya a la situación legal vigente a partir de la entrada en vigor de la ley 37/92, escribíamos: «El artículo 111-dos de la ley vigente, ni siquiera supedita el derecho a la devolución a requisito formal alguno, sino sólo a la limitación temporal.»

En la reunión de Valencia a la que aludimos en el informe precedente, el compañero de Murcia Patricio Leal suscitó el tema esquemáticamente enunciado en el encabezamiento. Ante las encontradas opiniones que se manifestaron, la cuestión quedó congelada, como la pendencia de don Quijote y el valeroso vizcaíno. Sin pretensión de dogmatizar ni de decir la última palabra, nos permitimos dar nuestra opinión. Recordamos, ante todo, que el artículo 169 LSA es del siguiente tenor: «1º El acuerdo de reducción de capital social a cero o por debajo de la cifra mínima legal sólo podrá adoptarse cuando, simultáneamente, se acuerde la transformación de la sociedad o el aumento de su capital hasta una cantidad igual o superior a la mencionada cifra mínima.

1. Noticia y planteamiento La revista «Impuestos», en su número 2/94, publica la sentencia del Tribunal de Luxemburgo citada en el encabezamiento, precedida por un artículo del profesor Falcón y Tella. La sentencia tiene una gran importancia desde el punto de vista práctico, ya que afecta a un supuesto de hecho tan frecuente como las compraventas mercantiles en que se pactan intereses por aplazamiento del precio. La autoridad del profesor Falcón, con cuyos comentarios estamos plenamente de acuerdo, reduce al informante, en esta ocasión, al papel de humilde redactor de un pequeño digesto y, a lo sumo, anotador al margen. A quienes deseen profundizar en el tema, les recomendamos acudir a la fuente original. Sirva este papel tan sólo para quienes se conformen con una noticia en extracto. 2. Las normas en cuestión Sexta directiva IVA, artículo 11-A)-1: «La base imponible estará constituida: a) En las entregas de bienes y prestaciones de servicios no comprendidos en los apartados b), c) y d) que se enuncia a continuación, por la totalidad de la contraprestación obtenida o que se vaya a obtener por el transmitente o el prestador de los servicios, ya sea del comprador, del receptor o de un tercero, comprendidas las subvenciones directamente ligadas al precio de las operaciones.»

La ley 42/1994, de 30 de diciembre, Carabina para 1995, contiene una serie de disposiciones adicionales, varias de ellas de carácter tributario, colocadas al modo de los regalos en un árbol de Navidad y que —como los regalos de Navidad— han producido cierta sorpresa, porque no figuraban en el proyecto inicial. Entre ellos, merece ser destacada la adicional 28º cuyo espíritu juzgamos plausible, ya que permitirá deshacer sin coste apreciable montajes de ingeniería fiscal que el transcurso del tiempo y la evolución legislativa habían convertido en inútiles, cuando no contraproducentes. Tal vez la letra no esté a la altura del espíritu, porque deja algún cabo suelto. Veamos: «Disposición adicional vigésima octava.- 1. En los supuestos de doble transparencia fiscal a que se refiere el apartado cinco del artículo 52 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las distintas sociedades implicadas podrán fusionarse entre sí o acordar su disolución y liquidación con exención de impuestos y gravámenes siempre y cuando inicien el procedimiento de fusión o de disolución con liquidación con anterioridad al 31 de diciembre de 1995.

SUMARIO 1 Familia y tributación. II La familia como unidad contribuyente. 11.1 Características de la tributación conjunta. 11.2 Modos de paliar los efectos de la acumulación. II.2.1 Splitting. II.2.2 Quotient. III La tributación separada de los cónyuges. III.1 Características de la tributación separada. III.2 Ventajas e inconvenientes que se derivan de dicha tributación. IV El tratamiento de la familia en otros países europeos. IV.1 Francia. IV.1. 1 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. IV.1.2 Impuesto sobre la Fortuna. IV.1.3 Impuesto sobre Sucesiones. IV.2 Alemania. IV.2.1 Impuesto sobre la Renta de las- Personas Físicas. IV.2.2 Impuesto sobre el Patrimonio. IV.2.3 Impuesto sobre Sucesiones. IV.3 Reino Unido. IV.3.1 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. IV.3.2 Impuesto sobre el Patrimonio. IV.4 Suiza. IV.4.1 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. IV.4.2 Impuesto sobre el Patrimonio. IV.4.3 Impuesto sobre Sucesiones. IV.5 Luxemburgo. IV.5.1 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. IV.5.2 Impuesto sobre el Patrimonio. IV.5.3 Impuesto sobre Sucesiones. IV.6 Países Bajos. IV.6.1 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. IV.6.2 Impuesto sobre el Patrimonio. IV.7 Bélgica. IV.7.1 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. IV.7.2 Impuesto sobre el patrimonio. IV.7.3 Impuesto sobre Sucesiones. IV.8 Italia. IV.8.1 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. IV.8.2 Impuesto sobre el Patrimonio. V La tributación en España de las personas con familia a su cargo. V.I La protección a la familia en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. V.2 Los motivos de la inconstitucionalidad de la Ley /44/78. V.3 La raquítica solución de las Leyes 20/89 y 18/91. V.4 La imputación de los rendimientos en quien genera su percepción. V.5 Las deducciones de la base y de la cuota. VI La familia en el Impuesto sobre el Patrimonio. VII La familia en el Impuesto sobre Sucesiones. VII. 1 Territorio común. VII.2 Territorio foral. VIII Resumen y Conclusiones. VIII. 1 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. VIII.2 Impuesto sobre el Patrimonio. VIII.3 Impuesto sobre Sucesiones.