Introducción La desaparición de las fronteras interiores en la Unión Europea ha provocado la aparición de fraudes organizados, cuyo punto de partida se encuentra en la exención, aplicable a las entregas intracomunitarias de bienes, que permite la introducción de bienes en el país de destino sin haber satisfecho el IVA y sin control administrativo. El Anteproyecto de Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda español, para atajar este tipo de fraudes que se producen en el ámbito de la Unión Europea, configura como responsable subsidiario de las cuotas del IVA correspondiente a operaciones gravadas al destinatario de las mismas que “razonablemente” pudiera presumir que no iban a ser ingresadas en el Tesoro Público. Las autoridades británicas, en la misma idea de frenar este tipo de fraudes en cadena, han limitado a los operadores inmersos en los mismos la deducción del IVA soportado. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de enero de 2006, recaída en los asuntos acumulados C 354/03, C 355/03 y C 484/03, declara el carácter de operaciones sujetas al impuesto de las entregas de bienes realizadas por empresas que involuntariamente formaron parte de la cadena de fraude, para negar la compatibilidad con el Derecho Comunitario de la pretensión de las autoridades fiscales británicas.

El Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (L.I.S.) se ocupa en el Capítulo IV del Título VII (artículo 55) del RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL de las sociedades y fondos de capital-riesgo, cuyo régimen jurídico se contiene en la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras (entrada en vigor de 26 de diciembre de 2005 conforme a la Disposición Final séptima). El ámbito de aplicación de la Ley 25/2005, respetando el esquema básico, recogido en la Ley 1/1999 a la que deroga, con excepción de la Disposición Adicional 3ª, régimen de determinadas cesiones de créditos, y Disposición Adicional 4ª, en relación a la Reserva por Inversiones en Canarias, serán las entidades de capital-riesgo, en su forma de sociedades y fondos de capital-riesgo, y de las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo, constituidas de acuerdo con lo previsto en la Ley, y de instituciones de inversión colectiva que gestionen entidades de capital riesgo.

Las tasas portuarias. La STC 121/2005, de 10 de mayo ha resuelto una cuestión de inconstitucionalidad en relación con la Ley 27/1992, de Puertos de la Marina Mercante. Concretamente, en relación con las tarifas portuarias sobre limpieza en las instalaciones portuarias. A la luz de la jurisprudencia constitucional, señala el Tribunal que “puede afirmarse que la tarifa exigida por el Puerto de Santander, al amparo del art. 70 de la Ley 27/1992, por el servicio de “limpieza de muelles y depósito” constituye una verdadera prestación patrimonial de carácter público sujeta al art. 31.3 CE ... puesto que ... no sólo es de recepción obligatoria por los particulares, sino también, se presta de forma directa por la Administración portuaria en régimen de monopolio”. Una vez que se ha afirmado que la tarifa portuaria impugnada constituye una prestación patrimonial de carácter público, debe concluirse, necesariamente, que la regulación que se establece en los apartados 1 y 2 del art. 70 de la Ley 27/1992, redactados por la Ley 62/1997, no respeta la reserva de ley que, para las prestaciones de carácter público en general y los tributos en particular, establecen, respectivamente, los arts. 31.3 y 133.1 de la Constitución española. Pues bien, ni el art. 70, apartados 1 y 2, ni ningún otro precepto de la Ley 27/1992, en la redacción dada por la Ley 62/1997, contiene, tal y como exigen los arts. 31.3 y 133.1 CE, los criterios idóneos para cuantificar las prestaciones tributarias que establecen de forma que garanticen una decisión suficientemente predeterminada

INSTRUCCIÓN 10/2005 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DE 30 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEDUCCIÓN EN EL IVA DE LA PERCEPCIÓN DE SUBVENCIONES NO VINCULADAS AL PRECIO DE LAS OPERACIONES, COMO CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS DE 6 DE OCTUBRE DE 2005.

Recurso de inconstitucionalidad 3372/1996. Promovido por sesenta y cuatro Diputados socialistas en relación con distintos preceptos del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica. Límites a los Decretos-leyes: reducción en la base imponible del impuesto sobre sucesiones; actualización de balances y régimen tributario de las ganancias y pérdidas patrimoniales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas; afectación parcial al deber de contribuir a los gastos públicos (STC 182/1997). Nulidad parcial de precepto estatal. El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Guillermo Jiménez Sánchez, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Roberto García-Calvo y Montiel, don Eugeni Gay Montalvo, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Pascual Sala Sánchez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente S E N T E N C I A En el recurso de inconstitucionalidad núm. 3372/96 promovido por el Letrado don Alejandro Trigo Morterero, comisionado por sesenta y cuatro Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados contra los artículos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, disposición adicional segunda y disposición final primera, párrafo tercero, del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica. Ha intervenido el Abogado del Estado, en la representación que ostenta. Ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer del Tribunal.

Documento interactivo en el que a través de cuatro grandes bloques: la deuda tributaria, garantías de la deuda, procedimiento de apremio y procedimiento frente a responsables y sucesores, se analiza el nuevo procedimiento de recaudación con referencias y citas legales y las notas de Javier Martín Fernández.

Fecha de Sentencia: 09/12/2004 RECURSO CASACION Recurso Núm.: 7893/1999 Fallo/Acuerdo : Sentencia Estimatoria Parcial Votación: 01/12/2004 Procedencia: T.S.J.PAIS VASCO CON/AD SEC.1 Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo Secretaría de Sala: Sra. Pera Bajo Escrito por: DVS Norma foral. Impuesto sociedades. Legitimación activa.

1. INTRODUCCIÓN Con la entrada en vigor de la Ley 22/2003, Ley Concursal1 (en adelante LC), el 1 de septiembre de 2004, se ha producido un reforma profunda y global en nuestro derecho concursal2, sustituyéndose los múltiples y tradicionales procedimientos concursales existentes hasta ese momento por el denominado concurso de acreedores, que se instaura como procedimiento concursal único y que es de aplicación a todos los deudores insolventes, sea cual sea su condición y el fin pretendido con el mismo3.