SUMARIO: I. Planteamiento II. Régimen jurídico 1. Naturaleza 2. Cuantificación 3. Destino de las sumas recaudadas III. Problemas de Derecho comunitario 1. Compatibilidad con la libertad de circulación de personas 2. Compatibilidad con el Impuesto sobre el Valor Añadido IV. Problemas constitucionales 1. Principio de capacidad económica 2. Prohibición de barreras fiscales 3. Superposición con otros impuestos estatales y locales A. Impuestos estatales B. Impuestos locales V. Conclusiones I. Planteamiento El Impuesto sobre Estancias en Empresas Turísticas de Alojamiento se ha presentado a la opinión pública como un impuesto ecológico relacionado con el impacto ambiental del sector turístico en las Islas Baleares. Como veremos, este planteamiento dista de ser exacto, surgiendo así diversos problemas constitucionales y de derecho comunitario.

INTRODUCCIÓN. El Informe de la Comisión para el estudio y propuestas de medidas para la reforma de la Ley General Tributaria1 trata del fraude de ley, junto con la analogía, en el apartado dedicado a la interpretación y aplicación de las normas tributarias, dentro de la Parte II, sobre Principios y normas tributarias. Se inician las páginas destinadas a esta materia2 afirmando que en cuanto al fraude de Ley, se han planteado por la Comisión dos grandes posiciones a valorar por el legislador y alguna minoritaria. Esas dos grandes posiciones, tienen dos cuestiones importantes en común, que son, además, el punto de partida de ambas: que no cabe identificar el fraude a la ley tributaria con el fraude de ley en derecho privado; y que la regulación que aquél ha recibido desde 1.963 está pensando en la posibilidad de aplicar la ley tributaria a supuestos en los que no se ha producido el hecho imponible previsto en la misma. Partiendo de estas dos ideas básicas nos encontramos con una tendencia que defiende la supresión de la regulación de esta materia, y una segunda partidaria de su mantenimiento, con algunas precisiones. Antes de entrar en el análisis de distintos postulados de una y otra, creo que es imprescindible un breve comentario de sus puntos comunes.

1. Planteamiento. El art. 8.Dos.3º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA (en adelante, LIVA), considera entregas las "transmisiones de bienes en virtud de una norma o de una resolución administrativa o jurisdiccional, incluida la expropiación forzosa", siempre que se realice en favor de persona distinta del propietario. Por tanto, el precepto considera como entregas las adjudicaciones de bienes inmuebles en virtud de una subasta administrativa o judicial. El Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante, TRITPyAJD) omite toda referencia a tales operaciones, no así su Reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, que dedica su art. 20 a las subastas "a condición de ceder". En nuestra opinión, para que una determinada transmisión de bienes en subasta judicial quede sujeta al IVA es necesario que concurran varios elementos (art. 4.Uno de la LIVA). De un lado, el ejecutado o transmitente debe ser sujeto pasivo del tributo. De otro, la operación ha de realizarse en el seno de su actividad empresarial o profesional. En este sentido, el art. 4.Dos.b) de la LIVA considera, en todo caso, realizadas en su seno, las “transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas que determinan la sujeción al impuesto”. No obstante, es preciso tener en cuenta que este último requisito no se exige si nos encontramos ante una sociedad mercantil. O, mejor dicho, tratándose de sociedades mercantiles, todas las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las mismas, se entienden realizadas en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional y sus bienes siempre están afectos a la misma. Esta conclusión deriva de lo dispuesto en el art. 4.Dos.a) de la LIVA que considera “en todo caso, realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional: a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades mercantiles”.

De vez en cuando la vida nos da sorpresas. Con sentido del humor pueden sobrellevarse. Incluso hubo quien me dijo alguna vez que la incertidumbre, propia del asesor fiscal, del que espera ser soprendido por la autoridad, es un elemento que hace divertida nuestra profesión. Yo no tengo tanto sentido del humor. Me queda mucho por aprender. La justicia, la coherencia, la lealtad, y no digamos la misericordia por la víctimas de las sorpresas propinadas por la autoridad, son valores exigentes que causan graves molestias a sus seguidores. Que se traducen en continuadas derrotas. Que son muy aburridas, francamente. Viene todo esto al caso, porque el T.E.A.C. se ha superado a sí mismo. Con la misma fecha, y sobre el mismo asunto, la imputación de los incrementos de patrimonio generados en las permutas de solares o terrenos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ha puesto dos resoluciones contradictorias entre sí. Y además confirma la sanción al contribuyente que se había atenido a la interpretación de una de las resoluciones, afirmando, sin sonrojo visible, que no existe asomo de interpretación razonable en el contribuyente sancionado. Por delante y por detrás. ¿No es divertido? Tengo un mi amigo asturiano (uno de los contribuyentes afectados por esta sabrosa contradicción es también asturiano) que viene sosteniendo, como el Bautista en el desierto, cada vez que se habla de posibles reformas de los procedimientos de revisión tributaria, la necesidad de suprimir de raiz la jurisdicción económica. Generalmente se le tiene por radical perdido, y los oyentes acompañan la escucha con misericordiosos y leves movimientos de cabeza. Ya se sabe… Asturias… sus Tribunales…

1. INTRODUCCIÓN 2. EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN INTERNET 3. EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN INTERNET: MARCO LEGAL 3.1. Ámbito internacional 3.2. Ámbito comunitario 3.2.1. Directiva sobre ventas a distancia 3.2.2. Propuesta modificada de Directiva de Directiva del Parlamento Europeo del Consejo, relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE 3.3. Ámbito nacional 4. FISCALIDAD DEL COMERCIO ELECTRÓNICO: ASPECTOS GENERALES 4.1. Principios básicos de imposición del comercio electrónico 4.2. La imposición del comercio electrónico 5. COMERCIO ELECTRÓNICO E IMPOSICIÓN DIRECTA 5.1. Calificación de las rentas obtenidas 5.2. La localización de las actividades 5.3. La problemática del establecimiento permanente 5.3.1. El establecimiento permanente en la normativa vigente 5.3.2. Establecimiento permanente y comercio electrónico 5.4. Precios de transferencia y comercio electrónico 5.5. Paraísos fiscales y comercio electrónico 5.6. Dinero electrónico y evasión fiscal. Transferencias electrónicas de fondos a bancos de paraísos fiscales

1.- Las liquidaciones paralelas: su envío masivo En los últimos tiempos, la Administración tiene por costumbre enviar requerimientos a diversos concesionarios de vehículos, requiriendo el porque de la diferencia entre la base imponible declarada en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, (en adelante IESDMT) y la declarada posteriormente en el modelo 347 de resumen anual de operaciones, que refleja como regla general, las operaciones efectuadas con terceras personas superiores a 500.000 pesetas. La referida diferencia surge, en ocasiones, como consecuencia de una praxis empresarial consistente en la elaboración de un primer contrato de venta de un vehículo, reflejada en una factura que incorpora como base imponible, a efectos del IVA y del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, el valor del vehículo. Con independencia de este contrato, se celebra otro, reflejado solamente en una factura, por el que se adquieren diversos complementos del vehículo. El resultado de este proceder mercantil es que el adquirente del vehículo liquida el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte a tenor del importe de la factura expresiva de su adquisición. La Administración, a la vista del modelo 347 y de la base imponible declarada en el mencionado impuesto, prescinde de la realidad jurídica, cual es la existencia de dos contratos y de dos facturas distintas, y practica liquidación paralela por la diferencia de base imponible no declarada en el IESDMDT. Pues bien, sin entrar en el análisis de la corrección o no de dicha praxis empresarial, pretendemos analizar si el proceder de la Administración es correcto o no, para lo cual, procede en primer lugar, centrar la atención en el hecho imponible del IESDMDT, definido en el artículo 65 de Ley 38/1992, de 28 de diciembre de Impuestos Especiales, en lo que aquí interesa, de la forma que sigue: a) La primera matriculación definitiva en España de vehículos automóviles nuevos o usados, accionados a motor para circular por vías y terrenos públicos, (...)

Asociación Española de Asesores Fiscales no comparte, necesariamente, las opiniones expuestas en sus informes por los autores.

El inicio de un procedimiento siempre se realiza con el objetivo de obtener la pretensión que del mismo se deduzca. Sin embargo, resulta tan significativo que ello se consiga como que se consiga en un plazo que satisfaga el interés de los interesados. Las normas que inicialmente regulaban el procedimiento de la Inspección de los Tributos no fijaban un término de duración fijo. Así, el Reglamento General de la Inspección de los Tributos establecía que, como regla general, las actuaciones se iniciarían por iniciativa de la Inspección a través de la correspondiente notificación o por la personación de la Inspección de los Tributos en las dependencias del propio sujeto pasivo; se desarrollarían durante los días que fuera preciso, debiendo proseguir hasta su terminación conforme a su naturaleza y carácter; y finalizarían cuando, a juicio de la Inspección se hubieran obtenido los datos y pruebas necesarios para fundamentar los actos de gestión que procediese dictar, bien considerando la correcta situación tributaria del interesado o bien regularizando la misma con arreglo a Derecho. Además, en aras a la seguridad jurídica, el Reglamento General de la Inspección de los Tributos contenía un precepto que establecía la posibilidad de que las actuaciones se interrumpiesen justificadamente, atendiendo a las circunstancias que concurrían, y los efectos de una interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras, no imputable al obligado tributario, que no eran otros que la no interrupción del plazo de prescripción provocado por el inicio del procedimiento, con todas las consecuencias que de ello se derivan. La coexistencia del deber de la Inspección de documentar el resultado de sus actuaciones con el derecho del contribuyente a la finalización del procedimiento, tanto en los supuestos en que procede la regularización de la situación del obligado tributario, como en los supuestos en que, simplemente, se constate la corrección de su conducta, era una cuestión que la doctrina ya había puesto de manifiesto. Sin embargo, ciertos malos usos de la Inspección de los Tributos consistían en abandonar las actuaciones, sin extender actas de comprobado y conforme, cuando se creía que no iba a haber descubrimiento de deuda, o en alargar indefinidamente, durante años, las actuaciones inspectoras.

Estando vigente la redacción del art. 64 de la Ley General Tributaria (en adelante, LGT) anterior a la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derecho y Garantías de los Contribuyentes (en adelante, LDGC), en muchas actuaciones inspectoras se incoaron liquidaciones por los cinco ejercicios no prescritos. Si la citación se hubiera producido tras la LDGC el "quinto año" hubiera estado prescrito en el momento en que se llevó a cabo la misma. Como es sabido, la disposición final séptima de la LDGC fija su entrada en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE (19 de marzo de 1998), mientras que se establece una vacatio legis hasta el 1 de enero de 1999 para la nueva redacción dada al art. 64 de la LGT. Ante esta redacción surgieron infinidad de interpretaciones que planteaban la duda de si el nuevo plazo de prescripción de cuatro años sólo afectaba a los hechos imponibles, infracciones cometidas, deudas liquidadas o ingresos realizados “a partir” de 1 de enero de 1999; o si, por el contrario, a las prescripciones en curso; o, por último, como sostenemos, si el nuevo plazo prescriptivo podía aplicarse con una retroactividad máxima, extendiéndolo a todas las situaciones que no hubiesen adquirido firmeza el 1 de enero de 1999. Con la intención de dotar a la materia de la máxima seguridad jurídica y, dada la trascendencia de la modificación introducida, el Real Decreto 136/2000, de 4 de febrero por el que se desarrolla parcialmente la LDGC se vió en la obligación de aclarar la cuestión. Así, incluyó una disposición final cuarta, cuyo apartado tercero señala que lo dispuesto en la nueva redacción del art. 64 de la LGT, "se aplicará a partir de 1 de enero de 1999, con independencia de la fecha en que se hubieran realizado los correspondientes hechos imponibles, cometido las infracciones o efectuado los ingresos indebidos, sin perjuicio de que la interrupción producida, en su caso, con anterioridad a aquella fecha produzca los efectos previstos en la normativa vigente".

INTRODUCCION. Fechado en marzo de 2001, se ha hecho público recientemente el Informe de la Comisión para el estudio y propuestas de medidas para la reforma de la Ley General Tributaria, constituida por Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda, de 15 de junio de 2000, y a la que se encomendó analizar la situación actual de la Ley General Tributaria1, de 28 de diciembre de 1963 (en adelante LGT), teniendo en cuenta el desarrollo constitucional en materia tributaria, nuestra pertenencia a la Unión Europea, las nuevas figuras surgidas del proceso de reforma del sistema tributario, la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías del los Contribuyentes (en adelante LDGC) y el desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas a los servicios tributarios2. El informe en cuestión, que consta de doscientas noventa y ocho páginas, contiene, por exigencia de la citada Resolución, una propuesta de bases para la reforma de la LGT. Una de las primeras cuestiones que la Comisión se planteó fue la estructura de la futura Ley. De los cinco títulos que se proponen, uno de ellos, el IV, lleva por rúbrica De la potestad sancionadora, y estaría integrado, a su vez, por cinco capítulos: I.- Principios de la potestad sancionadora. II.- De los sujetos infractores. III.- De las infracciones tributarias. IV.- De las sanciones. V.- Del procedimiento sancionador. Como vemos, este Título IV contendría tanto los aspectos materiales como formales, al modo de lo que hace el IX de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento administrativo común , denominado De la potestad sancionadora, el cual enumera los principios de la potestad sancionadora en su capítulo I y los principios del procedimiento sancionador en el capítulo II. El mismo hecho de que se proponga la creación de un título independiente en la Ley es visto por la propia Comisión como uno de los elementos más novedosos de su propuesta: Todo cambio de aspectos formales lleva implícito un cambio sustantivo. De esta forma se destaca la importancia que tiene el régimen sancionador tributario, así como su separación de la regulación de las obligaciones. Es decir, este cambio sistemático no hace más que ahondar la exclusión de las sanciones del concepto de deuda tributaria3.